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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aparece en estos primeros tres meses de gobierno como el principal escenario de batalla entre la nueva administración y la gestión del Frente Amplio.
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La semana pasada las actuales y las anteriores autoridades del Mides se vieron cara a cara en una comisión del Parlamento que estudia el proyecto de ley de urgente consideración y en la que se analizaron algunos cambios en el funcionamiento de la secretaría de Estado. Entre ellos, los pases en comisión de funcionarios, los mecanismos para contratar a organizaciones sociales y una reestructura organizativa.
El ministro Pablo Bartol, el subsecretario Armando Castaingdebat y el director general Nicolás Martinelli se encontraron en la instancia con las diputadas Ana Olivera, exsubsecretaria del Mides, y Micaela Melgar, exdirectora de Calle.
“No escapa a nadie la génesis de este ministerio. Es el único, de todos los que conforman el Poder Ejecutivo, que ha existido 100% bajo la presidencia de un partido, el Frente Amplio. O sea que todo el proceso de construcción, de elección, de regularización de llamado a concurso, de contratación de personas ha estado en manos de un solo partido”, afirmó Castaingdebat.
No obstante, dijo que las nuevas autoridades no tienen un “planteamiento refundacional” del ministerio.
El subsecretario informó que el Mides tiene 2.000 funcionarios a los que se suman más de 3.000 técnicos con distintas relaciones contractuales. Por tanto, “no existe” la carrera funcional, “producto de que las diferentes divisiones y reparticiones obedecen a distintas resoluciones de las autoridades de turno”, dijo.
Explicó que de los 2.000 funcionarios había unos 500 con una modalidad especial de contrato —denominada “dos más dos”— que permite a la administración prescindir de sus servicios si les comunica el cese con al menos 30 días de anticipación. Castaingdebat dijo que resistieron “el clamor de las barras” que les pedían “hacer determinadas cosas” y que, para evitar que los trabajadores sean rehenes de “discusiones o luchas políticas”, se les renovaron los contratos a la mayoría.
Agregó que varios trabajadores no pudieron demostrar el ingreso al ministerio mediante “algún sistema de concurso”.
Olivera pidió la palabra para responder a ese punto. Afirmó que “hubo concurso para todo el mundo” y que los contratos del sistema “dos más dos” se incluyeron a través de una ley para “regularizar a los trabajadores”. Lo mismo, dijo la exsubsecretaria, sucedió con el número de pases en comisión, que en el Mides llegan a 115: se pidió autorización al Parlamento.
“El señor subsecretario construye todo un relato que será para otras discusiones, en momentos que pueda hacerse, porque el presidente (de la comisión) nos dijo que aquí no venimos a discutir”, agregó.
Los legisladores del Frente Amplio preguntaron a las autoridades sobre los pases en comisión que pretenden tener en el ministerio. Castaingdebat señaló que los pases en comisión en el Mides iban hasta el 29 de febrero (previo al cambio de gobierno), pero que cuando surgió el Covid-19 se resolvió prorrogarlos por 90 días.
El subsecretario dijo que la inmensa mayoría de esos pases en comisión de todas formas ya no están dentro del ministerio, ya que varios resolvieron volver a su lugar de origen.
En tanto, la diputada Melgar preguntó sobre el alcance de un artículo del proyecto que habilita al Mides a realizar compras por excepción a organizaciones de la sociedad civil. “Me gustaría saber por qué se necesitan estas modificaciones dado que la correcta ejecución de las licitaciones del ministerio ha sido desvelo de muchos”, dijo.
Castaingdebat dijo que le resultaba difícil responder a alguien que “sigue siendo funcionaria del ministerio”, ya que Melgar está en el Parlamento haciendo uso de un pase en comisión. Luego de que se le aclaró que era diputada, explicó que quería ser cuidadoso en la respuesta, y afirmó que con la medida se busca “eliminar una cantidad” de observaciones del Tribunal de Cuentas que el ministerio ha recibido por el funcionamiento de los pases en comisión.
