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Como reflejo de una economía que registra un desempeño magro, el cobro de tributos por parte de la Dirección General Impositiva (DGI) bajó en setiembre frente a un año atrás. Eso ocurre en el contexto de un déficit en las finanzas públicas persistentemente alto que es visto con preocupación por analistas locales y del exterior.
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La DGI recaudó $ 30.615 millones el mes pasado, lo que, descontada la inflación, significó un descenso —real— de 1,9%, según datos oficiales. La recaudación neta (restados los impuestos devueltos), que es el dinero que efectivamente entra a las arcas del Estado, bajó algo menos: –1,3%.
Este año el cobro de impuestos había crecido en la mayoría de los meses y solo hubo descensos reales en marzo (–5,9%) y mayo (–1,3%). Por ello el dato acumulado a setiembre registra un signo positivo (1,5%).
La DGI recaudó $ 30.615 millones el mes pasado, lo que, descontada la inflación, significó un descenso —real— de 1,9%, según datos oficiales.
El mes pasado se redujo lo recaudado en casi todos los tributos más relevantes, como el IVA (–2,3%), Imesi (–3,3%) e IRPF (–5,1%). El IRAE, que grava las rentas empresariales, aumentó 2,4%, siempre en términos reales y al comparar con el mismo período de 2017.
A través de la DGI llega la mayor parte de los ingresos a la caja gubernamental. El compromiso de gestión para este año firmado por esa oficina con el Ministerio de Economía estableció como una de sus metas el mejorar el cumplimiento de pago de IVA (2,5%) y del IRAE (4%) respecto a 2017. Otro objetivo es bajar el costo administrativo de los impuestos a 0,82% de la recaudación total.
“Jugar con fuego”.
El gobierno apuesta a que un crecimiento de la economía de 2,5% en 2018 redunde en una mayor recaudación tributaria. A partir de esa expectativa, y de ganancias esperadas en el Banco República, es que promovió a través de la Rendición de Cuentas recién votada un incremento del gasto público para 2019 con “déficit (adicional) cero”.
Pero las proyecciones del equipo liderado por el ministro Danilo Astori contrastan, por optimistas, con los números de la mayoría de los economistas del sector privado. También algunos analistas del exterior hacen advertencias sobre la situación fiscal.
El mes pasado se redujo lo recaudado en casi todos los tributos más relevantes, como el IVA (–2,3%), Imesi (–3,3%) e IRPF (–5,1%).
“Lo más importante es dar señales claras de que el gobierno no está dispuesto a jugar con fuego. Se necesitan gestos que hagan que, principalmente el mercado, entienda que Uruguay le da el valor que verdaderamente tiene al grado inversor. De lo contrario, el mercado va a elevar la posibilidad de perderlo”, dijo a Búsqueda desde Nueva York el economista jefe para la región del banco de inversión estadounidense J.P. Morgan, Diego Pereira.
Entre las calificadoras de riesgo es Fitch Ratings la que tiene la visión más crítica y mantiene la nota de la deuda pública uruguaya apenas en el primer escalón dentro de la categoría de grado inversor (investment grade). Y la semana pasada cambió su perspectiva de “estable” a “negativa”.
En un “reporte completo” difundido el martes 16, esa agencia señaló que, desde 2013, Uruguay tuvo uno de los mayores aumentos en la deuda del gobierno en relación con el Producto Bruto Interno entre los países con su misma categoría de riesgo crediticio (“BBB”), junto con Omán y Aruba. Y esa tendencia, según Fitch, persistirá en los próximos años; a mediados de la siguiente administración (2023) habrá trepado a 71%.
Por su parte, el economista jefe del Banco Mundial para la región, el uruguayo Carlos Vegh, dijo en El País del lunes 15 que se deben “recortar gastos. Ese será el desafío del próximo gobierno, sea el que sea”. (Más información en páginas 22, 25 y 28)
