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La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, consideró que no corresponde que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le haya dado un plazo a OSE para presentar un plan con soluciones para el vertido de lodos en el río Santa Lucía.
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“OSE es una empresa pública solidaria. El agua en Uruguay es de las cosas más baratas que hay y OSE precisa del Estado para hacer inversiones. El tema de los lodos es una gran inversión y no es lógico que Derechos Humanos le de un plazo a una empresa que es deficitaria”, aseguró De León en declaraciones recogidas por radio Montecarlo.
La polémica se generó a raíz de la noticia publicada por Búsqueda en su última edición. La descarga sobre el río Santa Lucía de los lodos generados por el proceso de potabilización del agua estarían generando un impacto en el cauce del río y el monte nativo, e incluso afectarían la calidad del agua con la que se abastece a Montevideo y la zona metropolitana.
Ante la falta de respuesta de las autoridades de OSE, el alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, junto a concejales municipales y pobladores de la zona, decidieron denunciar el problema ante la INDDHH.
Esta semana, el organismo se pronunció sobre el tema. La resolución, firmada el 2 de octubre y a la que accedió Búsqueda, concluyó que “existe mérito suficiente para considerar que la descarga directa de los lodos residuales del proceso de potabilización en Aguas Corrientes produce impactos adversos sobre los derechos humanos, dada por la inadecuada gestión de residuos por parte de OSE”.