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    El cliente que “no responde”

    El empresario Francisco Casal dejó morir las sociedades anónimas panameñas que usó para transferir jugadores y que fueron objeto de una investigación de la Dirección General Impositiva (DGI) por presunta evasión fiscal.

    El 23 de junio del 2016 Búsqueda informó que el apoderado de Casal, Julio Szafrán, había mentido a la DGI y que para ocultarlo había pedido al bufete Mossack & Fonseca (MF) que modificara documentos. El día que se publicó esa información, las alarmas saltaron en las oficinas del estudio panameño en Montevideo, según nuevos documentos de los Panama Papers.

    Los representantes en Uruguay enviaron el artículo de Búsqueda a su Departamento de Cumplimiento el mismo día de su publicación. Recién en setiembre llegó la respuesta: había que exigirle al estudio uruguayo que tenía a Casal como cliente —Rozemblum & Asociados— que hiciera una “debida diligencia mejorada” (EDD, por su sigla en inglés). Debía completar en dos semanas ese procedimiento, que supone hacer una revisión detallada de los antecedentes de la compañía, sus negocios y beneficiarios finales; de lo contrario, los panameños dejarían de administrar las tres sociedades mencionadas en la nota.

    Szafrán había declarado a la DGI en abril del 2005 que las sociedades Darrel Equities S.A., Domex Associates Inc. y Mikron Consulting S.A. tenían directores extranjeros, cuando en realidad sus directorios estaban integrados por él y sus familiares. Al día siguiente de mentir a la autoridad tributaria, que investigaba a Casal por presunta evasión, el estudio Rozemblum tramitó ante MF cambios de los directorios de las tres empresas, pero con fechas antedatadas.

    El estudio uruguayo no daba respuestas a las nuevas exigencias de los panameños. Recién el 23 de setiembre de 2016, tres meses después de la publicación de Búsqueda, llegó la respuesta desde Montevideo. No eran buenas noticias para MF: “Hemos hecho muchos intentos por recopilar los datos solicitados y el cliente no responde favorablemente a ninguna solicitud realizada”, decía el correo enviado desde Uruguay. 

    Los panameños decidieron el 12 de octubre renunciar como agentes registrados de las tres compañías debido a que no recibieron “los documentos solicitados para completar los expedientes de la debida diligencia” de la compañía, un “requisito obligatorio de acuerdo con la ley”, informaron.

    “Gracias por tu mensaje, hemos hecho lo imposible pero el cliente no responde. Tomamos nota entonces de la renuncia”, contestaron los uruguayos.

    Información Nacional
    2018-07-05T00:00:00