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En momentos en que investigaciones judiciales amenazan con llevar a más políticos a prisión en varios países de América Latina, tres de las principales autoridades uruguayas encargadas del combate a la corrupción advirtieron que el sistema de prevención y detección de ese delito no funciona bien y necesita cambios profundos.
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“Los mecanismos de prevención deben mejorarse mucho más”, dijo a Búsqueda el fiscal general, Jorge Díaz. Y agregó que Uruguay no está “vacunado contra la corrupción”.
Los titulares de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Daniel Espinosa, y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, comparten el análisis crítico de Díaz.
Espinosa declaró a Búsqueda que Uruguay podría estar “mucho mejor” en el combate a los delitos contra la administración pública.
Tanto Díaz como Espinosa opinaron que es necesario mejorar los controles del financiamiento de los partidos políticos.
El secretario de Antilavado subrayó la importancia de incrementar las potestades de la Junta de Transparencia.
Declaraciones y “Lava Jato”.
El jueves 6, las autoridades de la Jutep enviaron un documento a la Comisión especial de Lavado de Activos de Diputados en el que se sugieren cambios legales al sistema de declaraciones juradas de los funcionarios públicos. El texto es un análisis del proyecto de ley sobre el tema que presentó el Movimiento de Participación Popular (MPP) en 2016.
El documento acordado por la Jutep plantea que el sistema actual de declaraciones juradas “no genera en la actualidad una amenaza creíble de detección que desaliente las conductas reprobables”.
La Jutep sugiere mejoras para profundizar sus posibilidades de revisar las declaraciones juradas que recibe y que, según el régimen vigente, solo se pueden abrir por orden judicial o a pedido de una comisión investigadora parlamentaria.Apoya la idea de que la Junta pueda abrir 5% de las declaraciones juradas —elegidas de forma aleatoria— para que puedan ser analizadas. Las autoridades quieren ir más allá y que se les permita “verificar la veracidad de lo declarado”, “detectar eventuales inconsistencias y/o evoluciones de la situación patrimonial no justificadas por los ingresos legítimos del declarante” e “identificar eventuales conflictos de interés”.
La Jutep sugiere además que la legislación incorpore “a la mayor brevedad” el delito de “enriquecimiento ilícito”. Consultados al respecto, Espinosa expresó su acuerdo con incluir el nuevo delito en el Código Penal, mientras que Díaz dijo que no respalda esa idea.
El diputado del Frente Amplio Alfredo Asti, que integra la comisión parlamentaria que estudia el proyecto del MPP, dijo a Búsqueda que el documento de la Jutep es “muy oportuno”.
La preocupación de las autoridades por las falencias del sistema contra la corrupción va acompañada por su disconformidad con los resultados judiciales en la materia.
“Hay que mejorar los mecanismos de investigación”, dijo Díaz.
La Justicia local tendrá la oportunidad en los próximos meses de mejorar sus registros en parte debido a la colaboración que le demandan otros países. Es que la investigación sobre el pago de coimas a figuras políticas de Brasil conocida como “Lava Jato” tiene ramificaciones en Uruguay.
“Quizás no surja un político uruguayo vinculado al ‘Lava Jato’ pero nosotros estamos en el medio” del esquema, señaló Espinosa.
Fuentes judiciales dijeron a Búsqueda que hay siete uruguayos citados como indagados por su participación en hechos investigados en el “Lava Jato”.
