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Su foto estaba por todos lados. La policía trabajaba bajo presión para atraparlo debido a la creciente indignación social y política provocada por el asesinato a sangre fría de Florencia Cabrera, una joven de 26 años que trabajaba como cajera en un supermercado. Y los resultados llegaron rápido, a Cristian Pastorino, alias Kiki, lo encontraron tres días después del crimen.
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Los pedidos de la justicia a la policía para que detenga a una persona sospechosa de un crimen no tienen siempre ese desenlace veloz. Desde el 2012 a la fecha, hay vigentes 198 requisitorias por homicidio, según los datos del Ministerio del Interior a los que accedió Búsqueda. Algunas de ellas tienen como autor del delito a una misma persona, como era el caso del Kiki.
La cantidad de capturas pendientes de resolución no guarda relación con la antigüedad de la solicitud judicial. De hecho, quedan sin cumplir 40 pedidos del 2015, 26 del 2016 y 37 en 2017. Una situación similar ocurre con las rapiñas (1.124 requisitorias acumuladas) y con las violaciones (51 casos) (Ver cuadro).
Resultados.
El caso de Cabrera provocó indignación en la opinión pública y repercutió en ámbitos políticos. El Partido Nacional emitió una declaración el lunes 19 en la que advirtió que Uruguay vivía una “emergencia en materia de seguridad pública” y que el Estado “no garantiza a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos”. Incluso, el senador Jorge Larrañaga reclamó que se recurra a las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia.
Los dardos no iban solo dirigidos a los actores políticos del Ministerio del Interior. También hubo dudas sobre la velocidad —o su ausencia— con que la policía persiguió al Kiki. El joven de 22 años había matado a su novia de 20 en diciembre y, pese a los allanamientos dispuestos por la justicia, no habían podido capturarlo.
La fiscal de ese caso, Diana Salvo, declaró el lunes 19 a Telemundo que “ni la Policía ni la Fiscalía fueron omisas” en esa causa, aun cuando no pudieron detenerlo antes de que cometiera el segundo asesinato. Añadió, sin embargo, que le llamó la atención que no lograran resolver el caso a tiempo pese a que el autor estaba identificado y la zona donde podía estar, también.
Cuando el lunes por la tarde la policía ubicó al Kiki, que se suicidó para no entregarse, la discusión giró en torno a si la policía se había tomado más en serio su pedido de captura después del segundo crimen y como consecuencia de la presión social.
Las autoridades salieron al cruce de esas versiones. El jefe de Montevideo, Ricardo Pérez, aseguró que la policía “siempre ha sufrido” la “presión social” sin que por ello cambiara su forma de trabajo. En este caso “lo que nosotros tuvimos de la sociedad fue colaboración en información, datos que nos permitieron avanzar más rápido”, añadió ayer miércoles en rueda de prensa.
El jerarca aseguró que no cambiaron el equipo de investigadores del caso —una versión que había circulado en la prensa—, sino que hubo un “acople” de policías de otra zona de operaciones. “Tengamos en cuenta que el primer hecho fue en Zona IV y el caso de la cajera fue en Zona II”, dijo Pérez.
El director de la Policía Nacional, Mario Layera, también descartó que el malestar social repercutiera en las tareas de investigación. Durante una entrevista con radio Sarandí, ayer miércoles, dijo que en este caso la “presión social” le jugó en contra al Kiki, porque lo llevó a cometer errores. Tanta exposición lo hizo quedar “en una situación de aislamiento al estar reconocido públicamente”, explicó.
Jueces penales consultados por Búsqueda aseguraron que para mejorar la resolución de los crímenes es fundamental que la policía asigne a un oficial de caso, una política que se desarrollaba en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas desde principios del 2000 y que luego las autoridades del ministerio desplegaron al resto de las dependencias.
El descenso en la cantidad de casos resueltos, y en particular de los homicidios, había puesto a la defensiva a las autoridades policiales a comienzos de año. De los 265 asesinatos ocurridos en 2016, la policía aclaró 160 asesinatos (60,4%). El año pasado el porcentaje cayó a 50,2%, ya que se resolvieron 142 de 283.
En declaraciones a VTV, Layera dijo que esa disminución se debe, al menos en parte, a que comenzó el nuevo Código del Proceso Penal, que tiene “otros tiempos” y mecanismos de investigación. Añadió que tienen varios casos que van poder dar por cerrados una vez que detengan a las personas que están requeridas.
