La mano del Estado, y no solo el crecimiento económico, redujo la proporción de los “malos empleos” según una investigación

El IME recoge información sobre la cantidad de puestos laborales que presentan al menos una dimensión con carencia (y por tanto es considerado de mala calidad) y también sobre cuán malos son los empleos. Ese enfoque permite contemplar el hecho de que, según otros estudios académicos, hay variables del mercado que reaccionan más rápido a los cambios económicos y otras que no. Las primeras, más correlacionadas con los vaivenes de la actividad económica, son las relativas a la “cantidad de empleo”, como las tasas de actividad, de empleo, de desocupación y del poder adquisitivo salarial. Las segundas, “variables no tradicionales”, refieren a aspectos cualitativos del empleo y responden con mayor velocidad a los cambios regulatorios.

En efecto, el IME mostró cierta estabilidad en la década de los 90, al mismo tiempo que la economía crecía a una tasa acumulativa anual cercana a 4,5%. Durante los años de recesión y crisis (1999-2002) el índice creció, indicando una desmejora de la calidad de las ocupaciones, y continuó haciéndolo hasta avanzado el 2005, si bien la economía ya había retomado el crecimiento desde principios de 2003. Es recién a partir del último trimestre del 2005 que, conforme con el IME, hubo una clara mejora en la calidad del empleo dependiente, que coincide con años de expansión ininterrumpida del PBI (5% acumulativa anual), pero también con una mayor intervención del Estado en las reglas de juego del mercado de trabajo, observa Porras.

La investigadora constató que la evolución del PBI importa en términos de mejora de la calidad de los empleos. Efectivamente, el IME se reduce en 0,00206 por cada punto porcentual de crecimiento del Producto.

Por otro lado, una variable incluida en el modelo para reflejar los cambios ocurridos en la política económica respecto al mercado de trabajo a partir de 2005 resultó significativa y con el signo esperado (negativo). En ese sentido, Porras afirma en el documento —publicado a fin del año pasado— que la ley que promueve incentivos al registro ante el Banco de Previsión Social y otras que regulan los derechos de los trabajadores subcontratados se tradujeron en una reducción del “no registro” ante ese organismo. Agrega que la reinstauración de los Consejos de Salarios y el énfasis en el crecimiento del salario mínimo nacional y los sueldos más sumergidos habrían contribuido a reducir el porcentaje de trabajadores con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Al tiempo, la ley de servicios domésticos, junto con acuerdos sectoriales en el sector de la construcción y en el ámbito rural, contribuyeron a disminuir la jornada laboral en sectores caracterizados por jornadas laborales excesivas, indica.

El porcentaje de empleos asalariados de mala calidad sobre el total pasó de aproximadamente 55% a comienzos de los noventa a 50% a fines de 1993. A partir de la crisis de 2002 comienza a acercarse a 60%, en tanto que desde 2005 dicho porcentaje comienza a caer en forma continua, hasta situarse al final del período analizado en aproximadamente 34%.