Quitar la cobertura de celular a las cárceles afectará a las poblaciones cercanas, advierten compañías telefónicas

El decreto establece que los predios de las prisiones “u otras a consideración del Ministerio del Interior” quedarán excluidas de las áreas de cobertura de los sistemas destinados a la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles.

El gobierno dispuso un plazo de 60 días para que las empresas de telecomunicaciones acondicionen las instalaciones y ajusten el funcionamiento de las radiobases, lo que deberá ser controlado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

La medida implica que las compañías deberán “bajarle intensidad” a las antenas más próximas a los recintos carcelarios. Sin embargo, estas estructuras están diseñadas para brindar cobertura a zonas “mucho más amplias” que esa y por tanto al bajarles la intensidad “se afectan los servicios regulares de los demás usuarios”.

Según dijeron a Búsqueda fuentes de las empresas, hay “mucha preocupación” por la decisión porque “afecta el corazón” del servicio que brindan. Asimismo, entienden que, de llevarse adelante como está planteado, el gobierno debería difundir mensajes informativos “para que los usuarios sepan que su servicio se verá afectado”, pero que las compañías “no tienen la culpa”.

El ejemplo más paradigmático se da en la ciudad de Libertad, en San José. Allí las antenas de Antel y Movistar están del otro lado de la ciudad y para lograr lo establecido en el decreto habrá “sectores enteros” de la localidad afectados, dijeron fuentes de las compañías.

En una primera etapa las prisiones donde se aplicará la medida son el Penal de Libertad, la nueva cárcel de Punta de Rieles, el Comcar, el centro de mujeres de Colón y el de Canelones. Según las telefónicas, habrá situaciones de afectación similares “en varios de esos recintos”.

El problema podría extenderse a varias zonas del país, ya que muchas cárceles del interior están en medio de la ciudad. También son “muy complejos” los casos de la cárcel de mujeres y Cárcel Central, ubicada en el centro de Montevideo.

El Ministerio del Interior está enterado de esta situación. Las operadoras se lo hicieron saber en reuniones que mantuvieron luego de que se aprobara el decreto.

Desde la Ursec también están al tanto del problema y aspiran a que la situación se solucione “con el mayor nivel de consenso posible”. “Es una situación compleja porque como regulador tenemos dos derechos que están en conflicto: el decreto que ordena esta reducción y el derecho de los usuarios a recibir un servicio de calidad. Estamos trabajando con nuestros ingenieros para encontrar una solución de consenso”, dijo a Búsqueda el vicepresidente de Ursec, Nicolás Cendoya.

Inhibidores rotos. 

La solución “más lógica” y efectiva, según especialistas de las tres compañías, consiste en instalar inhibidores de frecuencia en los recintos carcelarios. Esos inhibidores emiten “ruido”, información inútil que satura la banda y no permite que la frecuencia opere normalmente.

Las cárceles ya tienen estos artefactos, pero no funcionan. Representantes de las telefónicas consultaron en reiteradas ocasiones los motivos, pero desde el ministerio no hubo respuesta.

Fuentes de la secretaría de Estado consultadas por Búsqueda afirmaron que los inhibidores no han sido una solución porque, en unidades como el Comcar y Libertad, están colocados en zonas donde acceden los presos y es frecuente que los rompan para poder usar los teléfonos.

Al menos una de la compañías le ofreció al ministerio llevar sus ingenieros para recolocar los aparatos en zonas que no puedan acceder los reclusos y calibrarlos de manera tal que funcionen “lo más ajustadamente posible”, aunque según las fuentes no obtuvo respuesta.

Actualmente el uso de celulares está prohibido para los internos. Sin embargo, en el ministerio no hay unanimidad respecto a la necesidad de prohibir el uso de teléfonos móviles. Si bien las autoridades consideran necesario hacerlo para evitar que los grupos criminales puedan operar desde la cárcel, algunos jerarcas creen que es injusto prohibir el uso de celulares a todos los internos, ya que la mayoría los utilizan para estar en contacto con su familia.

El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, considera que los contactos con el exterior “es de lo poco que tienen” los prisioneros, por lo que cree que debe analizarse un uso “controlado” de los celulares.

Además, la medida, que se aprobó sin consultar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), generó “mucha inquietud” entre los funcionarios de las cárceles porque ellos también quedarán impedidos de usar sus celulares (Búsqueda Nº 1.983).