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El gobierno plantea cerrar la entrada a Uruguay de mercaderías surgidas del trabajo forzoso o infantil
Un artículo del proyecto de competitividad presentado por el Poder Ejecutivo contempla un cuestionamiento hecho por el gobierno de Estados Unidos, que podría derivar en el cobro de aranceles a Uruguay, y un planteo sindical
Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, el 4 de junio de 2026.
El proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que empezó a estudiar el Parlamento incluye una propuesta que atiende un cuestionamiento a Uruguay hecho por el gobierno estadounidense, del presidente Donald Trump. Según las autoridades, también contempla una preocupación sindical.
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El articulado establece que “se prohibirá” la importación de mercaderías producidas total o parcialmente por empresas “donde haya sido comprobado objetivamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil”.
Hace pocos meses Estados Unidos anunció la intención de cobrar impuestos de importación (aranceles) a productos de un grupo de 60 países, entre ellos Uruguay, alegando que carecen de normativa suficiente para desalentar ese tipo de trabajo.
El director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía (MEF), Juan Labraga, dijo a Búsqueda que se insertó considerando “dos cuestiones. En primer lugar, por supuesto, no vamos a desconocer, hay que ser claro en cuanto a que la preocupación de Estados Unidos por la aplicación de trabajo forzoso, trabajo infantil no nace con esta administración; la anterior, demócrata, también le estaba pidiendo a Uruguay negociar algo al respecto. Y estuvimos muy cerca de acordar en la administración (uruguaya) anterior. Después cambió el gobierno de Estados Unidos y no se ha llegado a acuerdo ni se han retomado las negociaciones (…). Es una preocupación que parece que en Estados Unidos llegó para quedarse y es una preocupación válida, que compartimos, porque (el trabajo forzoso e infantil) es competencia desleal”, explicó.
Labraga detalló que los 60 países bajo investigación fueron clasificados en tres categorías y que el gobierno anunció aranceles de distinta magnitud; en Uruguay, que está entre los que no tienen normativa para prohibir la importación de productos con trabajo forzoso e infantil, se prevé un gravamen de 12,5%. “Ahora, lo que estamos haciendo es creando la normativa y veremos si está aprobado para cuando Estados Unidos tome la determinación, como un paso en la dirección correcta”, agregó.
Planteo sindical
Un segundo argumento para incorporar esa disposición en el proyecto de competitividad atiende un planteo sindical.
Según relató el jerarca ministerial, en la última reunión que tuvieron delegados de la confederación de sindicatos industriales con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, le plantearon “un tema muy importante vinculado con su preocupación por el CPTPP (sigla en inglés del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), que es el dumping social. El dumping social, en definitiva, es esto: la aplicación de estándares laborales prohibidos para competir con la producción nacional. Entonces, nos pareció muy legítimo tomar ese punto y poner un artículo que contempla también una reivindicación del sindicato de los industriales”.
Los países investigados tienen plazo hasta mañana, viernes 6, para presentar los descargos a este hallazgo preliminar. Cuándo se expedirá el gobierno de Estados Unidos, aún no se sabe.
¿El artículo incluido en el proyecto de ley le permitirá a Uruguay zafar de la imposición de un arancel de 12,5%? “No sabemos”, respondió el director de la Asesoría en Política Comercial del MEF.
Agregó: “Acá hay dos cuestiones. Primero, estamos de acuerdo con que en el comercio exterior empiece a haber consideraciones respecto a esto que el movimiento sindical llama el dumping social. Nos parece que es el camino adecuado. Y a Estados Unidos lo que le vamos a mostrar, que ya se los dijimos, es que estamos de acuerdo en que la competencia sea leal y estamos trabajando en esa línea. ¿Le alcanzará? Lo veremos. Confiemos en la objetividad de la evaluación”.
