Café, agua, masitas y scons. El preámbulo de la reunión que agrupó a académicos, gobernantes y representantes de la sociedad civil en la antesala de una de las salas de conferencias de la Intendencia de Montevideo el martes 23 auguraba una larga sesión.
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Hacía unos dos años que el gobierno no convocaba a un encuentro del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo, y la Comisión de Cuenca de Santa Lucía no se reunía desde marzo. Estas son instancias de participación en las que la sociedad civil puede opinar frente a las autoridades del Poder Ejecutivo sobre temas vinculados con la “planificación, gestión y control de los recursos hídricos”, establecidas por el artículo 47 de la Constitución.
Además, a la sesión se la llamó “Jornada de Diálogo del Plan Nacional de Aguas”. La primera versión de este plan fue lanzada hace un mes por el gobierno, que se aboca ahora a recoger en instancias como estas en todo el país las opiniones de la sociedad civil. Tras la presentación de las autoridades, los reclamos no se hicieron esperar.
Las versiones taquigráficas y las actas de las últimas dos reuniones de la Comisión de Santa Lucía no les han llegado a representantes de organizaciones de la sociedad civil. “En comisiones de cuenca, la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) está en grandes faltas porque no envían los insumos necesarios para trabajar o se envían con un tiempo que viola los estatutos de funcionamiento”, señaló Guillermo Dárdano, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Reclamó “enfocar el trabajo” y priorizar las comisiones otorgándoles un carácter “vinculante” para que trasciendan las decisiones que allí se tomen. Entiende que la Constitución así lo permite.
Para Dárdano es “importantísimo” que las comisiones de cuenca tengan “un carácter vinculante porque, al final, lo que se hace son permanentes debates” con aportes de la academia y organizaciones sociales que “no se han tenido en cuenta en absoluto”.
Enrique Leivas, del Instituto Uruguayo de Investigación y Desarrollo Turístico que participa en la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce, también presentó sus reparos. “Hablan de garantías dadas por la interinstitucionalidad pero esta no funciona”, opinó. “No tiene carácter vinculante, no hay garantías ambientales”.
Para Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, es necesario que se respete la Constitución que específicamente aclara la participación de la sociedad civil en la “gestión”.
Luego de tres horas y tras cerrar la reunión el descontento continuaba. Daniel Greif, director nacional de Aguas aclaró frente a un grupo de asistentes que uno de los cometidos de los consejos y las comisiones es el de “ser asesores y proponer medidas”. “Es ganarse el derecho de generar documentos”, dijo Greif, pero aclaró que no son vinculantes según su interpretación de la Constitución.
“Hemos hecho propuestas con argumentos técnicos pero jamás se tomaron en cuenta, es una desmotivación a la participación”, opinó Dárdano. Organizaciones enviaron en 2013 una propuesta para el Santa Lucía. “No hemos tenido noticia de que se hayan tomado o que no se hayan tomado”, dijo Sosa.
“Escribimos 10 medidas, mandamos los aportes y desde 2013 hasta ahora no se han tomado las sugerencias ni los aportes que hemos hecho. Se han abierto instancias, pero tampoco se terminan de concretar los aportes y los planteos que hacemos nosotros. Queremos dejar esta preocupación sobre la mesa”, reclamó María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra y de la Comisión Nacional en Defensa de la Tierra.
La “comisión está paralizada” destacó Ortiz, y pidió que su denuncia “quede en actas”. Ortiz se refería a la falta de avances dentro de la Comisión de Cuenca de Santa Lucía. Dentro se formaron dos grupos de trabajo. Uno de diagnóstico avanzó pero el de zonas buffer, “está pendiente retomarlo”, informaron autoridades de gobierno. La demora ha sido producto de falta de recursos humanos y algunos retrasos en la concreción de las reuniones.
“Entiendo que capaz es complicado, pero todos los que venimos acá a participar de organizaciones sociales no cobramos por estar y lo hacemos de corazón”, respondió Dárdano y recogió aplausos.
“Estamos preocupados por la información y participación. No se está respetando ni siquiera el estatuto de funcionamiento de esta Comisión (de Santa Lucía). No se han mandado las últimas dos actas y tampoco la desgrabación de las últimas dos sesiones que es un insumo fundamental para iniciar la siguiente sesión. Hay un debe importante por parte de la Dinagua de que la información nos llegue a todos”, insistió Dárdano.
Constitución.
“Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas”. Esto indica el artículo 47 de la Constitución. Es por eso que integrantes de organizaciones de la sociedad civil entienden legítimo reclamar que instancias de participación como las comisiones de cuenca tengan un carácter vinculante y les permita tomar decisiones.
Consultado por Búsqueda el abogado constitucionalista Martín Risso, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, opinó que “exclusivamente” desde el punto de vista constitucional “surge que los usuarios e interesados participarán en la planificación —esto es, serán debidamente informados y escuchados, pero no deciden ni tienen derecho de veto—, en la planificación y en la gestión y control. Esto se puede hacer mediante la presencia de un delegado en el o los órganos de contralor, o bien mediante el envío fluido de información y respuestas a las preguntas”.
“La decisión final recae sobre los órganos estatales en los que, quizás, podrá la sociedad tener un representante con voz, y con o sin voto. De todas formas, y por mayoría, las decisiones pueden no gustarle a la sociedad civil. Participar no significa que sus decisiones sean obligatorias”, opinó Risso.
Ricardo Gorosito, abogado y profesor titular de Derecho Ambiental de la Universidad Católica, interpreta que estas instancias de participación no son vinculantes si se analiza la Constitución. “Sí son necesarias y tienen que ser genuinas y no se puede prescindir de ellas. Además, es una condición de validez del acto, tanto de planificación como de gestión o de control, que efectivamente haya participación”, dijo a Búsqueda.
Si bien no son vinculantes, obligan al Estado a tomar en cuenta y a responder a las inquietudes que surgen allí. Si no ocurre, integrantes de la sociedad civil puede presentarse ante un juez que obligue al Estado “a tomar en cuenta y dar respuesta en las instancias de participación públicas que se hayan establecido. Eso sí se puede exigir, que el Estado responda”, consideró Gorosito. Estas instancias tienen que documentarse de manera fehaciente. No son para que el Estado cumpla “con un rito formal y por la teatralidad de poner unos funcionarios que ya se sabe tienen prefijado su punto de vista”, aclaró.
El gobierno tiene la última palabra, la adopción de la decisión es del Estado. La participación “es para escuchar a la sociedad civil y que en la decisión que se tome, el parecer esté analizado, criticado”, y si es excluido, que se haga “fundadamente”, explicó Gorosito. La no presentación de versiones taquigráficas y actas luego de las reuniones es un tema “grave”, agregó.
El abogado Marcelo Cousillas, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de la República, coincide con sus colegas. Tal como figura en la Constitución y por cómo están estructurados los organismos y las instancias, la participación no es vinculante. De todos modos, “no creo en la participación meramente testimonial o informativa. Hay que recoger opinión y la administración tiene que tomar la decisión de acuerdo con sus competencias. Tendrá que ser una decisión fundada, no una decisión caprichosa”, dijo a Búsqueda.
Claridad.
El martes 23 Ortiz y Sosa plantearon sus dudas con el Plan Nacional de Aguas. Entienden que allí no queda claro cómo se llevará a cabo la participación tanto en instancias de definición del plan final, como en su instrumentación luego.
Según Ortiz se “puede llegar a hacer un Plan Nacional de Aguas que no respete lo que dice la Constitución en cuanto a la participación de los usuarios y la sociedad civil”. “Queremos un poco más de claridad”, demandó.
Greif respondió y detalló el cronograma y la intención del gobierno de recoger las voces de la sociedad civil en estas instancias de diálogo con la ayuda de la Universidad de la República para poder procesar los aportes.
