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El gobierno de Estados Unidos amplió la lista de delitos por los cuales pidió prisión para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y prendió las alarmas entre medios de comunicación y organizaciones que defienden la libertad de expresión. Es que la acusación apunta a conductas habituales del trabajo periodístico.
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El Departamento de Justicia estadounidense divulgó el miércoles 22 nuevos cargos contra Assange, quien tenía varias batallas legales mientras estaba exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres. Cuando el fundador de Wikileaks perdió la protección ecuatoriana y debió abandonar la sede diplomática, las causas se reactivaron.
Estados Unidos quiere que Assange cumpla una pena de decádas de prisión por el rol de Wikileaks en la divulgación, en 2010, de centenares de miles de documentos reservados del Departamento de Estado. Amparándose en la Ley de Espionaje, la administración de Donald Trump lo había acusado de “conspiración para cometer intrusión informática”, por impulsar a la exanalista de Inteligencia del Ejército Chelsea Manning a obtener información clasificada que luego publicaría en Internet. Pero los 17 nuevos cargos presentados la semana pasada van más allá.
El Departamento de Justicia acusó a Assange de conspiración para conseguir información de Defensa Nacional, también por obtener esa información y por divulgarla. Durante la conferencia de prensa en la que informó acerca de su decisión, el gobierno norteamericano dijo que Assange no es un periodista y que por eso los medios tradicionales no tenían que preocuparse.
Después de que Wikileaks recibió la documentación que obtuvo Manning, trabajó en colaboración con varios de los principales medios del mundo, quienes la procesaron y publicaron artículos a partir de sus hallazgos. Pero en un punto, Assange decidió publicar toda la información sin editar directo en Wikileaks. La acusación del Departamento de Justicia apunta a casos específicos en los que la documentación divulgada por Wikileaks incluye los nombres de personas que colaboraban con Estados Unidos en algunos países en guerra, lo que las expuso a un riesgo.
Las explicaciones del gobierno norteamericano no resultaron suficientes para muchos defensores de la libertad de expresión. “Los últimos cargos contra Assange podrían ser realmente desastrosos para el futuro de las informaciones sobre seguridad nacional en los Estados Unidos”, opinó Sabine Dolan, directora interina de la oficina de Rerporteros Sin Fronteras (RSF) en América del Norte, en un comunicado emitido por la organización. “Ya hemos visto la Ley de Espionaje utilizada demasiadas veces en contra de las fuentes periodísticas. A RSF le preocupa que esta medida extraordinaria del gobierno de Trump pueda sentar un peligroso precedente que podría usarse para procesar a periodistas y editores en el futuro por participar en actividades en las que se basan los reportajes de investigación”.
The New York Times dedicó su editorial del jueves 23 a advertir acerca de los riesgos de la medida adoptada por el gobierno norteamericano. La acusación, cuestionó el diario, “apunta al corazón de la Primera Enmienda”, la que garantiza la libertad de expresión en ese país.
“Los nuevos cargos hacen foco en recibir y publicar información clasificada recibida de una fuente del gobierno. Eso es algo que los periodistas hacen todo el tiempo”, explicó.
En su último párrafo, The Times advirtió: “Assange no es un héroe. Pero este caso ahora representa una amenaza a la libertad de expresión y, con ella, a la resiliencia de la democracia americana”.