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Desde unos 60 metros de altura se puede ver claramente lo destrozado que quedó uno de los galpones de la planta Nuevo Paysandú, propiedad de Alcoholes del Uruguay (Alur). El dron recorre una y otra vez la planta y en cada muestra del video divulgado por “El Telégrafo” de Paysandú se ve más claro el derrumbe parcial que sufrió el techo del galpón en junio pasado.
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El uso de drones, los vehículos aéreos no tripulados, aplicados al periodismo crece cada vez más rápido. Incluso en Uruguay se han utilizado, pero inmediatamente eso generó polémica. Una fotografía o un video obtenido por este pequeño aparato volátil puede provocar el malestar de las autoridades o aún más.
El domingo 30 de agosto, las autoridades de “El Telégrafo” recibieron una citación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) por una denuncia realizada por la empresa Alur en su contra.
La denuncia surge luego de que el periódico de Paysandú divulgara el 21 de junio de 2015, fotografías y videos de los daños que dejó el derrumbe parcial del galpón de la planta de Nuevo Paysandú de Alur, tomados mediante el dron propiedad de “El Telégrafo”.
El 20 de junio de 2015 “El Telégrafo” informó sobre el derrumbe ocurrido. Sin embargo, no hubo informe oficial del accidente. Por ello el periódico decidió usar su dron y sobrevolar la planta de Alur y corroborar periodísticamente en qué condiciones estaban los galpones de la empresa. Luego de volar sobre la zona se constataron los daños que había provocado el derrumbe en el depósito de alimento animal. A partir de allí, los periodistas elaboraron un video, seleccionaron fotografías tomadas por el dron y las publicaron en la edición del día siguiente, tanto en su versión papel como en la digital.
La citación recibida por el periódico tras la denuncia de Alur (94% propiedad de la estatal Ancap y 6% de la también estatal PDVSA de Venezuela) dio un plazo de tres días hábiles para notificarse del expediente y, aunque no indicó los motivos del reclamo, insinuó que es debido al uso del dron. “Solicitamos se informe a esta Junta las especificaciones técnicas del dron utilizado (tales como peso, dimensiones, etc.), nombre y demás datos personales del propietario del dron así como el nombre y demás datos personales de quien operó el mismo en la fecha mencionada”, dice el texto de la citación.
La indignación de las autoridades de “El Telégrafo” fue inmediata. “Lo realizado no parece otra cosa que cumplir a cabalidad con su deber, que no es otro que buscar la verdad —incómoda a veces— y publicarla”, manifestó el periódico en un artículo el domingo 30.
La Dinacia aprobó hace un año la legislación que regula la actividad con drones. La norma establece que “la Organización de Aviación Civil Internacional tiene previsto emitir normas y métodos recomendados (Sarps; Standard and Recommended Practices) para este tipo de actividad a partir de 2018”, por lo que la denuncia de Alur no tendría razón de ser. Asimismo, dividió los drones en tres categorías: menores (los que pesen menos de 25 kilos), medianos (los que se ubiquen entre 25 y 260 kilos) y mayores (los que superen ese peso). El que utilizó “El Telégrafo” está en la categoría de “menores”.
El diario puso énfasis en el interés periodístico de dar a conocer esta información. “Provocó que finalmente Alur, ante lo incontrastable de las imágenes, emitiera un comunicado —aunque por demás escueto— dos días después de la publicación en el que aceptó todo lo publicado”, informó “El Telégrafo”.
A su vez, “la construcción de la planta ha sido y es cuestionada por sobre costos” por lo que “con eso en escena, resultó claro que para determinar el verdadero daño provocado en una planta nueva era necesario utilizar toda la tecnología de la que se dispone actualmente”.
Más usos.
Esa no fue la primera vez que se utilizaron drones en Paysandú. En la última edición de la Semana de la Cerveza hubo tres drones, uno de ellos de “El Telégrafo”, y no hubo ninguna denuncia debido a su utilización.
El director de “El Telégrafo”, Alberto Baccaro, declaró a Búsqueda que también se filmó de la misma manera el día de inauguración de la planta y no hubo reclamos. “Incluso, desde Alur nos pidieron las imágenes para colocarlas en su página web. Parece que en ese momento no les pareció que violaba el espacio aéreo, pero ahora sí”, agregó.
“Hay un interés superior que es la libertad de prensa, porque lo que se está mostrando en el video es mucho más importante que el derecho a la privacidad; están en peligro las vidas de los trabajadores”, afirmó Baccaro.
Añadió que este tipo de denuncias son “un arma en la sien al periodismo”, ya que “al no existir reglamentación específica, cualquier burócrata de turno puede tomarla y presionar para que no se divulgue la información que lo molesta”.
“Un bien a la sociedad”.
El caso llegó a la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), que en las próximas horas emitirá un comunicado con su posicionamiento. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, rechazó la denuncia de Alur.
“Los periodistas de ‘El Telégrafo’ simplemente hicieron periodismo legítimo utilizando una nueva herramienta de trabajo que permite registrar hechos de interés público de una nueva manera”, dijo.
Asimismo afirmó que “no solo no se violó ninguna ley, sino que los periodistas le hicieron un bien a la sociedad al ponerla al tanto de una situación que involucra instalaciones de una empresa cuyos capitales son fondos públicos de Uruguay y Venezuela”.
Por ello, agregó, “la sola denuncia hecha por Alur y tramitada por la Dinacia representa un ataque a la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado”.
