“Claro que me duele”, respondió Rucks.
“¡A nosotros también nos duele!”, replicaron desde el fondo.
“Si van a tratarnos de mentirosos o de falsos es muy difícil seguir trabajando”, consideró el director de Medio Ambiente.
El ambiente estaba espeso. Desde el público se oían insultos. Un hombre veterano alzó la voz y exclamó: “Acá van a tener que volver después en las elecciones”.
“¡Ni vengan por acá!”, agregó otro vecino.
Las autoridades del gobierno que llegaron el lunes 14 a las cinco y media de la tarde hasta la carpa instalada en la intersección de Burdeos y el acceso a Punta Sayago, a dos kilómetros y medio de donde, en medio del Río de la Plata, se instalará la planta regasificadora de la empresa estatal Gas Sayago, se enfrentaron a reproches de cientos de vecinos de barrios populares como el Cerro, Casabó y Santa Catalina. Explicaron el proyecto, escucharon las protestas y recibieron insultos.
“¡Corruptos!”, “¡traidores!”, “¡Sendic, qué diría tu padre!”. Los vecinos se desahogaron ante los gobernantes, que permanecieron hasta el final de la audiencia de cinco horas y media. Desplegaron pancartas, entre ellas varias con los rostros de las principales autoridades con narices largas.
“Yendo para allá me di cuenta que íbamos a tener dificultades”, admitió en conversación con Búsqueda Raúl Sendic, quien dejó la presidencia de Ancap el martes, dos días después de la audiencia.
“Para mí lo que nos pasó el otro día, nosotros pagamos los platos rotos de una acumulación de cosas, de debilidades que tenemos hacia esos sectores más pobres de la sociedad, donde la gente no tiene veredas, camina por la calle, anda esquivando los camiones. Por supuesto que vos le decís que va a tener no sé cuántos cientos de camiones por día y la gente dice, ‘bueno decime cuántos muertos voy a tener, si acá no hay nada’. Nos pasaron varias facturas”.
Menos riesgoso que cocinar.
“El oeste amenazado por la regasificadora”, decía una bandera negra con letras blancas colgada a un costado de la pantalla gigante frente a la cual exponían todos los que participaron en la audiencia.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, explicó por qué el gobierno quiere instalar la planta regasificadora: “Estamos haciendo una fuerte apuesta a energías renovables (...) para tener los mínimos costos (...). ¿Cómo va a funcionar el sistema? Cuando tenemos viento ahorramos el agua en las represas, cuando se va el viento usamos el agua de las represas. Pero el problema es cuando tenemos sequía, ahí es cuando necesitamos las máquinas de respaldo, las máquinas térmicas (...) que nos hagan funcionar el sistema”, dijo. “El combustible más adecuado” para esas máquinas térmicas “desde el punto de vista económico, ambiental, social, es el gas natural”.
Sendic agregó luego que “en los próximos años Uruguay va a tener una tremenda demanda energética” y el gobierno buscó “una alternativa que pudiera resultar más barata” y a su vez “permitiera diversificar la matriz y no depender tanto del petróleo”.
Afirmó que se intentó “que este proceso sea lo más transparente posible y lo más profesional posible desde el punto de vista técnico”.
La gerenta general de Gas Sayago, Marta Jara, fue la encargada de describir el proyecto. La obra consiste en una escollera de 1,5 kilómetros de largo ubicada a 2,5 kilómetros de la costa que brinda abrigo a las embarcaciones. Hasta allí llegarán barcos metaneros con gas natural licuado que será regasificado por un buque regasificador que estará anclado en un muelle. Por medio de calentamiento con agua el gas licuado se regasificará y será bombeado por un gasoducto subacuático de unos tres kilómetros, que entrará a tierra en Punta Yeguas y se unirá al gasoducto Cruz del Sur para llevar el producto a todo el país. La planta regasificará 10 millones de metros cúbicos por día.
El principal cuestionamiento de los vecinos es la distancia entre la regasificadora y la costa. Jara puso ejemplos de Estados Unidos, Italia y Japón, donde estas plantas se ubican a 1 kilómetro de la costa “mucho más cerca de los centros poblados”. Dijo que “no existen distancias mínimas” y que “la práctica es hacer un estudio caso por caso”. Gas Sayago concluyó que la eventual afectación no llegaría más lejos que dos kilómetros, por lo que el emplazamiento es el “adecuado”.
“La pérdida masiva del contenido es algo que es sumamente improbable y que no ha sucedido en 50 años (...). Cualquier accidente que suceda en este sentido físicamente es imposible que alcance los centros poblados. (...) Si sumamos todos esos casos en un número que es el número que describe el nivel de riesgo, estamos hablando de una muerte en 600 años. (...) Es un nivel de riesgo inferior al de muchísimas industrias y de la vida doméstica que tenemos nosotros cocinando, utilizando transporte e incluso haciendo deportes”, ilustró Jara.
“¡Ah, no es nada!”, exclamó con ironía un hombre de boina negra y camiseta roja que entraba a la carpa acompañado de su perra labradora, que llevaba colgada una bandera del Sunca, el sindicato de la construcción. “¡No importa, uno cada 600 no importa!”
Representantes de Gas Sayago enumeraron las principales afectaciones que la planta puede tener sobre el ambiente y la sociedad. Alessandra Tiribocchi desestimó efectos de la obra sobre la tierra y el agua pero reconoció que la pesca artesanal “va a tener distintas afectaciones”. Además, “el impacto sobre la playa del parque Punta Yeguas va a ser significativo”.
Héctor Villaverde dijo que se generarán 550 empleos durante la etapa de construcción (de los cuales cerca del 10% serán para vecinos de la zona) y descartó que la actividad pueda degenerar en actividades como la prostitución y el abuso infantil, ya que no habrá alojamiento ni estacionamiento de trabajadores en el lugar.
Pedro De Aurrecoechea, gerente general adjunto de Gas Sayago, dijo que “si hay una comunidad que puede estar afectada son los pescadores”.
“No hay garantías”.
Los vecinos se centraron en el cuestionamiento a la distancia respecto de la costa. Un técnico que representó a la Coordinadora de Vecinos del Oeste dijo que es “muy riesgoso” el emprendimiento y presentó información de estudios estadounidenses y europeos. Cuestionó que “el Estado está siendo partícipe por un lado y controlador por otro”.
Durante toda la audiencia fue mencionado el informe de la consultora Foster Wheeler, contratada por el gobierno, que recomendó construir la escollera a 14 kilómetros de la costa, en alta mar. El gobierno no quiso hacer público ese informe porque, según reconoció Sendic en la audiencia, está sujeto a una cláusula de confidencialidad. Ese lunes la Justicia había negado una solicitud de acceso a la información para que se difundiera el contenido del informe.
Jara sostuvo que el estudio de Foster Wheeler propuso “la solución más económica” pero “los barcos metaneros no operan en esa situación porque no lo consideran suficientemente seguro (...) y además tiene una operatividad bajísima”.
José Martínez, un vecino que se identificó como jefe de máquinas en buques, sostuvo que “los países que hicieron estas tecnologías pusieron las distancias mucho más lejos” y denunció que “no existe un protocolo de seguridad en caso de accidentes”.
“Estamos cansados de proyectos de transnacionales que vienen acá a esquilmarnos nomás”, protestó.
“¡Igual que Pluna!”, gritó alguien desde el fondo.
“Vamos a estar metidos en un problema de un Pluna potenciado por diez —coincidió Martínez— porque el gobierno se hace cargo absolutamente de todos los gastos, e incluso de los impactos ambientales que pueda haber”.
“En 20 años nos van a devolver un barco podrido”, agregó el vecino desde el fondo.
Verónica Lara, una de las organizadoras de la Coordinadora de Vecinos del Oeste, lamentó que las autoridades tomen “con tanta ligereza el tema de la seguridad”. Imponer un emprendimiento como la regasificadora, dijo, es “una forma de ejercer una gran violencia”.
“Debemos estar alerta ante estos proyectos. (...) Parece que nos quieren cambiar oro por espejitos de colores”, advirtió.
Ruben Bouzas dijo que “esto ha sido una caja cerrada de secretos y de no comunicación”. Denunció que la empresa CSI Ingenieros intentó “comprar con pequeñas acciones separadamente la opinión de los vecinos”. Diego Rodríguez, un joven vecino, sostuvo que se “está ocultando información” y que “no hay garantías para la población”.
División.
La audiencia derivó en un enfrentamiento entre los asistentes cuando tomó la palabra un grupo de vecinos de Santa Catalina y Casabó en representación del Consejo Vecinal 17 y las comisiones de fomento de Villa Esperanza y 4 de Marzo.
“Los vecinos que están en contra del proyecto no nos representan y en su mayoría no viven en la zona”, dijeron. Se manifestaron “a favor del proyecto” con la “esperanza” de que pueda “revertir” la situación de pobreza del lugar.
“Yo estoy muy cansada desde hace muchos años de ver que mi madre y muchas mujeres de este barrio viajaran en el 17 a Punta Carretas a limpiar la mugre de los ricos”, afirmó una vecina.
“Confiamos y estamos conformes con los argumentos que la empresa nos dio en los impactos ambientales y en todo lo que la empresa dijo hasta el momento. Fuimos a todas las reuniones y nos damos por conformes con eso”, sostuvo.
Sin embargo Rucks no los dejó continuar porque el grupo no se había presentado a la etapa de puesta de manifiesto y debían esperar hasta el final para hablar. Los vecinos intentaron explicarse y llovieron algunos gritos desde el fondo. “¡Les pagaron!”, “¡vinieron a provocar!”, “¡ustedes representan a la empresa!”, protestaron algunos de los que están en contra. La discusión creció hasta que se generó un tumulto, hubo algunos forcejeos, algún manotazo voló sin llegar a destino, tambalearon algunas de las pantallas y parlantes que estaban dispuestos a lo largo de la carpa.
“Lo único que falta, que ahora nos peleamos a nosotros”, dijo una vecina por el micrófono. Brenda Bogliaccini, integrante de RIO, llamó a que las mujeres pusieran orden. “Lo peor que nos puede pasar es que generemos problemas de división acá. Tranquilicemos la reunión por favor”, decía Rucks desde el estrado.
De a poco el ambiente se calmó, varios vecinos se dispersaron y los intervenciones continuaron, incluso las de quienes apoyan el proyecto.
“Pongan en la balanza qué es lo que le estamos dando al Uruguay. ¿Una guerra interna en este lugar, cuando los propios vecinos no cuidan el medio ambiente?”, dijo un representante del Concejo Vecinal 17. “He visto las cañadas tapadas de basura y la empresa no es la que está tirando basura”, agregó otro.
La sucesión de intervenciones, preguntas y respuestas no cambió la percepción de la mayoría de los vecinos, que rechazaban la obra. “¡Se piensan que somos estúpidos! ¡Somos pobres, no ignorantes! ¡No hay licencia social, la gente del Cerro no quiere esto!”, exclamaron varios.
La Universidad de la República, cuya participación estaba prevista, pudo haber puesto claridad técnica e imparcialidad al tema, pero cuando sus representantes fueron llamados por Rucks para hablar, nadie apareció.
A las once y media de la noche los vecinos decidieron poner fin a la audiencia. Uno de ellos, con una guitarra colgando, tomó el micrófono, lanzó las últimas arengas y se puso a rasguear las seis cuerdas. Mientras todos se levantaban de sus lugares empezó a tomar forma la canción.
“Oeste, que te queremos tanto,
¿Ni decidimos? ¿Ni opinión?
Estamos pobres pero hay cantos... por vos
Vamos levantando emoción
preguntando ¿quién va a ganar
con tanta megaconstrucción?”
Rucks respondió luego a preguntas de los pocos periodistas que quedaban en el lugar. “Entendemos que hay reivindicaciones y preocupaciones de la gente de esta zona que hay que atender y esperamos que cuando hagamos la resolución de la autorización, que pensamos que va a ser el resultado de esta evaluación porque hemos avanzado sustantivamente y, si bien hoy se han aportado informaciones adicionales, en la parte sustantiva creemos que no han aparecido, pensamos que el proyecto que se vaya a aprobar no va a ser exactamente el proyecto que se presentó sino que se van a exigir ciertos requerimientos y ciertos ajustes para considerar aspectos ambientales y preocupaciones también de la vecindad de esta zona que me parecen absolutamente atendibles”, evaluó.
Afuera se retiraban los últimos de los cuatro ómnibus que habían llevado a los vecinos hasta el lugar. Un auto de la Policía custodiaba la salida de los jerarcas, que se retiraron tranquilos. La oscuridad ya no dejaba ver la draga que asomaba en la costa ni el agua calma del Río de la Plata.
Desarrollo
2013-10-17T00:00:00
2013-10-17T00:00:00
