La desazón siguió a un estado de satisfacción y conformidad que había ganado a mediados de diciembre de 2012 a los directivos de Aratirí, empezando por el presidente de Zamin Ferrous, el indio Pramod Agarwal, luego de una reunión que mantuvieron con el ministro de Industria Roberto Kreimerman, el viceministro de Economía Luis Porto y el asesor presidencial Pedro Buonomo. Allí se había resuelto “acelerar” el proyecto minero separando el estudio de un puerto de aguas profundas del de la terminal portuaria propia de Aratirí, además de evaluar por vías diferentes la autorización ambiental del complejo minero y la aprobación de la zona portuaria del emprendimiento.
Pero el 21 de marzo, en declaraciones a Búsqueda, el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, advirtió que Aratirí debe presentarle “el proyecto completo” porque “hoy no lo tenemos”.
“Tenemos un proyecto del área minera pero hay indefinición en lo que es el puerto y el mineroducto. ¿Cómo hacés la evaluación integral del proyecto en la medida que no está definido cómo va a ser la salida del producto? Es imposible”, afirmó Rucks.
Exportaciones anuales por U$S 1.400 millones.
Puntigliano está “en las gateras” para largar cuanto antes y cada día que pasa su ansiedad crece. “Aratirí lleva cinco años y 200 millones de dólares invertidos en la investigación y desarrollo de lo que será un proyecto productivo, industrial y logístico. No es sólo un proyecto minero: es el despegue de la industria minera en Uruguay por los próximos 200 años”, dijo con énfasis a Búsqueda.
Más aún, el representante en Uruguay de Zamin Ferrous aseguró que se trata del “único proyecto capaz de viabilizar las grandes obras de infraestructura que necesita el Uruguay productivo y exportador: el puerto de aguas profundas y la generación de energía, en tanto será un cliente firme para la regasificadora” que el gobierno prevé construir durante la administración Mujica.
De concretarse, Aratirí será la mayor inversión extranjera directa en la historia uruguaya (U$S 3.000 millones). La empresa adelantó que, cuando esté en funcionamiento, generará un valor agregado bruto a la economía del país de 1,5% del PBI durante 20 años y exportará U$S 1.400 millones por año, con 1.500 puestos de trabajo directos, 10.500 puestos indirectos y entre 3.000 y 4.000 empleados durante la fase de construcción.
El proyecto, denominado “Valentines” (por la localidad homónima ubicada en la frontera de Treinta y Tres y Florida), prevé la explotación de cinco minas a cielo abierto para la extracción del hierro: Las Palmas (Durazno), Maidana, Uría y Morochos (Florida) y Mulero (Florida/Treinta y Tres). Las cinco minas juntas ocuparán 500 hectáreas, lo cual equivale al 0,003% de la superficie productiva del Uruguay. Todo el proyecto cubre 14.500 hectáreas. Para llevar 18 millones de toneladas de concentrado de hierro hasta los barcos durante 20 a 30 años, Aratirí se plantea la construcción de un mineroducto y acueducto de retorno de 212 kilómetros que atravesará cinco departamentos (Durazno, Florida, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha, así como una terminal portuaria a 2,5 kilómetros de la costa rochense
Para tener una idea de las dimensiones manejadas, los cultivos de soja ocupan actualmente en Uruguay unas 900.000 hectáreas, mientras que la forestación cubre 950.000 hectáreas. El total de la superficie productiva del Uruguay es de 16 millones de hectáreas.
Según Aratirí, cuando el emprendimiento esté en funcionamiento Uruguay pasará a estar entre los principales productores mundiales de mineral de hierro para la fabricación de acero. El indio Pramod Agarwal auguró que “en pocos años, Uruguay ocupará una posición similar a la de países como Australia, Brasil (primer exportador mundial de hierro), Canadá o Suecia (primer productor europeo de hierro)”.
La empresa aseguró reiteradamente que garantizará el máximo cuidado del medioambiente. Uno de sus principales argumentos en este plano es que en las cinco minas el proceso de separación del hierro de la roca evitará el uso de productos químicos y, en cambio, empleará la fuerza magnética para ello. Pero Aratirí aún no consiguió la autorización correspondiente del Estado.
Puntigliano destacó que Aratirí “ya es, por lejos, la mayor inversión jamás realizada para demostrar la viabilidad de un proyecto y obtener las concesiones y autorizaciones oficiales”.
“Invertimos como nadie porque confiamos en la seguridad jurídica y reglas estables que Uruguay promueve desde los 90 para atraer inversores que desarrollen la minería”, dijo, pero agregó de inmediato que “hoy, ambos elementos (la seguridad jurídica y las reglas estables) están fuertemente cuestionados”.
“Tenemos todo por hacer. Sólo hemos demostrado que es posible. Para concretar el proyecto hay que invertir U$S 3.000 millones”, insistió.
“No son las joyas de la abuela”.
Puntigliano apuntó a la inseguridad jurídica que supondría la aprobación de una nueva ley de “minería de gran porte”, ya enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que sustituiría a las normas vigentes en base a las cuales Zamin Ferrous puso su ojo en Uruguay.
“El régimen hasta hoy vigente garantiza que quien descubre un yacimiento lo explota mientras sea económicamente rentable. La lógica es la misma en todo el mundo: quien asume los riesgos de una actividad tan expuesta al fracaso accede a los beneficios excepcionales cuando tiene éxito”, explicó.
Sin embargo, dijo, “si se aprueba la nueva ley, el que descubre tendrá que negociar las condiciones con el Estado”. Además, “para emprendimientos que en cualquier país serían de un tamaño medio, los impuestos podrán ser varias veces mayores a los vigentes actualmente”.
“Por desconocimiento, se trata a Aratirí como si fuera el único yacimiento del Uruguay, lo que hoy sabemos que es falso. No son las joyas de la abuela; hay otros yacimientos, incluso mayores”, señaló. Según datos oficiales, hasta 2012 había 327 explotaciones mineras autorizadas a operar a cielo abierto en todo el país: 57 en Artigas, 51 en Maldonado, 46 en Canelones, 40 en Lavalleja, 34 en San José, 27 en Colonia, 11 en Montevideo, 9 en Rivera y Durazno, 7 en Treinta y Tres, 6 en Cerro Largo, Paysandú y Florida, 5 en Salto, 4 en Rocha, Tacuarembó y Soriano y 1 en Flores. Río Negro es el único departamento del país que no tiene explotaciones mineras.
El 31 de octubre de 2012, la Cámara de la Industria Minera del Uruguay, integrada por 13 empresas (entre ellas, Aratirí), envió al ministro Kreimerman una dura carta en la cual le advirtió su “firme rechazo” al nuevo proyecto de ley para la minería.
“Es la convicción de los empresarios mineros del Uruguay que de aprobarse dicho proyecto de ley se impedirá el desarrollo de una industria incipiente, capaz de impulsar la necesaria diversificación productiva del Uruguay”, dijo la gremial.
“La Cámara de Minería del Uruguay rechaza el proyecto de ley de ‘minería de gran porte’ por considerarlo un fuerte desincentivo a la continuidad de la inversión para las empresas ya instaladas y un nuevo obstáculo que mantendrá al Uruguay al margen de las inversiones internacionales en el sector”, precisó la carta.
Los empresarios mineros protestaron porque el proyecto del Poder Ejecutivo emplea “criterios contraproducentes para la prosperidad del país: a mayor inversión, mayor carga tributaria” y porque “penaliza a quienes invierten para investigar los recursos del subsuelo (...). De nuevo: cuanta más área se quiere investigar, más se penaliza”.
Según ellos, el proyecto “desalentará la inversión en el sector minero en todas sus etapas y especialmente a la exploración, y puede frustrar el surgimiento de un sector industrial para el país”. La eventual nueva ley, dijo la Cámara, “apunta a lograr que el Estado se apropie de la mayor parte de la renta extraordinaria que se generaría ante un escenario de precios internacionales elevados”.
Puntigliano, que recordó la claridad de esta nota, declaró a Búsqueda que “los legisladores y las autoridades explican abiertamente que la iniciativa de captar una tajada mayor para el Estado surgió cuando se conoció la dimensión de los yacimientos descubiertos por Aratirí”. Dijo que “esto ocurre luego de que el privado formuló enteramente su proyecto y presentó todos los estudios necesarios para solicitar las licencias de explotación”.
“Hoy es como si no hubiera marco jurídico para la minería, ni el vigente —que insólitamente no se aplica por efecto de los anuncios públicos— ni el entrante que sigue en proceso parlamentario”, expresó.
“Signos negativos”.
Montes del Plata es, por ahora, la mayor inversión privada extranjera de la historia nacional. Cuando haya concluido la construcción de su complejo industrial para la producción de pasta de celulosa en Punta Pereira (cerca de Conchillas, en el departamento de Colonia), habrá colocado en Uruguay U$S 2.000 millones, el doble de lo que invirtió UPM (ex Botnia), la primera “pastera” instalada en Uruguay sobre el río Uruguay.
Kaufmann, el CEO de Montes del Plata, explicó a Búsqueda las razones por las cuales Arauco y Stora Enso decidieron crear esa empresa en Uruguay. “En los últimos años, Uruguay ha tenido una positiva política de atracción de inversiones extranjeras. El país es atractivo, principalmente, por su estabilidad política, su gestión económica y las políticas de incentivos. Todo esto es muy relevante, especialmente teniendo en cuenta que no se cuenta con un mercado interno grande para justificar inversiones como la de Montes del Plata”, dijo.
“Todo esto es tomado en consideración (entre otros factores) para invertir en un proyecto de gran envergadura. Sin embargo, una vez decidida la inversión, estos mismos signos deben estar presentes para que otros inversionistas extranjeros se sientan atraídos a invertir en el país. Hoy vemos con algún grado de preocupación, signos negativos que deben manejarse para que no afecten los procesos de tomas de decisiones en el largo plazo”, advirtió.
Kaufmann recordó la ley forestal de 1987, aprobada por todos los partidos políticos y mantenida por sucesivas administraciones hasta hoy. Esa norma declaró de interés nacional “la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal”. También mencionó que, a la hora de decidir instalarse en Uruguay, la empresa valoró que el sector forestal estaba en franco desarrollo y que el crecimiento de la forestación no ha implicado una disminución de otras actividades productivas. De hecho, precisó, los predios forestales tienen un 40% de áreas libres de plantación que son utilizadas para el pastoreo de ganado de carne y lana o cultivos forrajeros. De acuerdo con datos oficiales, el 83% del uso del suelo en Uruguay se destina a carne y lana, 7% a la agricultura, 5% a la lechería y 5% a la forestación.
Montes del Plata ha forestado 155.000 hectáreas en nueve departamentos (Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Rivera, Soriano y Durazno, los principales) y, además, tiene más de 100.000 hectáreas destinadas a bosques nativos, conservación, uso agrícola y pastoril. En total, Uruguay tiene 950.000 hectáreas dedicadas a la forestación.
La empresa construyó un vivero en Río Negro de 140.000 metros cuadrados con capacidad para producir hasta 20 millones de plantines al año y extendió en 12 kilómetros la ruta nacional 55, desde la ruta 21 hasta Punta Pereira. Pero el complejo de Punta Pereira, cuando esté terminado y en funcionamiento durante este año, tendrá una planta de celulosa de última generación (“la planta más moderna del mundo”, según la empresa), una unidad generadora de energía para el autoabastecimiento de la fábrica y una terminal portuaria para la exportación de la celulosa hacia Norteamérica, Europa y Asia, y el ingreso de insumos.
Las previsiones de Montes del Plata incluyen la producción de 1.300.000 toneladas anuales de celulosa. La unidad generadora de energía aprovechará integralmente la biomasa y, además de abastecer totalmente a la planta de celulosa, tendrá un excedente potencial de electricidad equivalente al consumo de 200.000 hogares. La terminal portuaria tendrá dos muelles: uno para barcazas, destinado al suministro de madera, y otro para embarcaciones oceánicas, que transportarán los productos terminados. Montes del Plata tiene, asimismo, una terminal logística en M’Bopicuá (Río Negro), con un puerto privado sobre el río Uruguay
El 50% de la madera que abastecerá a la planta de Punta Pereira llegará a través de barcazas, lo cual evitará 100.000 viajes de camión por las rutas uruguayas. Montes del Plata emplea a casi 6.200 personas en la fase de construcción y prevé tener 5.100 puestos de trabajo cuando esté operativa (pagando salarios por U$S 56 millones cada año). Sus exportaciones anuales rondarán los U$S 700 millones.
Los demás también observan.
Kaufmann dijo a Búsqueda que “una inversión como la de Montes del Plata no debe verse como un hecho aislado, como algo único y separado del resto. Lo que sucede con esta inversión, está siendo observado por todos aquellos inversionistas extranjeros que estén evaluando invertir en el Uruguay. Del mismo modo, lo que, por ejemplo, pueda suceder con Aratirí, es algo que también es evaluado por otros inversionistas extranjeros, incluyendo a Montes del Plata, dado que son señales relevantes para la toma de decisiones”.
El CEO de la empresa hizo hincapié en que estos emprendimientos no son enormes exclusivamente para Uruguay, sino que se considerarían así en otro país, aun uno mucho mayor en tamaño que Uruguay. Y reclamó reglas estables. “Inversiones de la envergadura de Montes del Plata o de Aratirí no son sólo muy grandes para el Uruguay, sino que serían relevantes en cualquier otro país del mundo. Se trata de inversiones que se realizan hoy, pero cuyo retorno requiere de muchísimos años para recuperarse. No se trata de capitales ‘golondrina’, sino de inversiones que quedan en el país, que generan trabajo y desarrollo en el largo plazo. Lo que se requiere, por lo tanto, es que las reglas del juego que se establecieron en un inicio, y sobre las cuales se tomó la decisión de invertir en Uruguay y no en otro país del mundo, se mantengan en el futuro”, dijo.
“Estas grandes inversiones, intensivas en capital, demandan, más que ninguna otra, un marco estable. Aquí hablamos de estabilidad jurídica, institucional, económica, y agregaría algo muy importante: estabilidad sindical. Son elementos claves a la hora de decidir invertir y cuando no se dan, representan un cambio relevante de las condiciones originales”, precisó.
Kaufmann explicó que “el inversor toma la decisión en base a una foto del momento y a proyecciones futuras en base al comportamiento pasado. Con estos supuestos, se hace una evaluación de los resultados futuros. Por todo esto es que la estabilidad es tan importante. Y así como nosotros hicimos este ejercicio en su oportunidad, hoy hay otras potenciales inversiones que están mirando y evaluando al país para decidir si su inversión va al Uruguay o a otro país. Hoy las capacidades de endeudamiento global son limitadas y los proyectos en carpeta muchísimos. Por eso es que cada proyecto compite con otros que ‘luchan’ por sobrevivir y hacerse realidad”.
Los paros decretados por los sindicatos parecen ser el mayor dolor de cabeza para Montes del Plata. Kaufmann lo describió así: “La alta conflictividad sindical es un factor que puede afectar muy negativamente un proceso de inversión en un país. En Montes del Plata tenemos un constante diálogo con los trabajadores y sus sindicatos, tanto con aquellos que representan nuestras actividades de la operación forestal y de producción, como con aquellos que están relacionados con la obra en Punta Pereira. En términos generales, los diálogos han sido muy transparentes, honestos y la mayoría de las demandas son racionales. Sin embargo, lo que nos parece desmedido y más difícil de comprender, es que cada reclamo o planteo vaya acompañado o se traduzca en reiteradas ocasiones en paralizaciones de actividades, llegando incluso a bloqueos en las entradas de la obra. Esto causa pérdidas millonarias, genera desconfianza, un clima de beligerancia, preocupan al accionista, dan una señal de alerta y, lo que es peor, no ayudan en las demandas sindicales. Esto no solo impacta a nuestra empresa sino en general a la forma en que el Uruguay es visto como país donde invertir”.
El 13 de octubre de 2011, el CEO de Stora Enso, Jouko Karvinen, se reunió con el presidente José Mujica en la Embajada de Uruguay en Suecia, durante una gira que el primer mandatario realizó por varios países de Europa. Allí, Karvinen informó al presidente que la paralización de las obras por decisiones sindicales le significa a Montes del Plata una pérdida de un millón de dólares por día.
El propio Mujica pareció llamar a la mesura sindical después de recibir esa información, cuando dio una conferencia de prensa en Alemania, durante la misma gira. “La preocupación que tienen (en Montes del Plata) es no paralizarse, no perder días. Cada día parado del cronograma de trabajo que tienen ellos valoran que pierden un millón de dólares. ¿Por qué? Porque el tiempo es plata y eso después se va a expresar en las acciones de las empresas que cotizan. A veces no nos damos cuenta”, dijo el presidente. “Una obra de ese tipo paralizada es pérdida para todo el mundo”, añadió.
Kaufmann reclamó que “en materia sindical, es preciso actuar con mayor madurez, entendiendo que las acciones extremas no sólo afectan seriamente a la empresa que sufre la acción, sino además al potencial nuevo inversor o a potenciales nuevas inversiones de la misma empresa”.
“Es necesario entender que el inversor está dando trabajo y generando oportunidades que antes no estaban; está además aportando al desarrollo y al crecimiento. El inversor no es el enemigo sino una fuente de oportunidades y de mejor calidad de vida para todos. El diálogo trabajadores-inversor es muy importante; de hecho siempre hemos estado y estamos con la mayor disposición para resolver los temas planteados por los sindicatos pero en esos diálogos es muy negativo que la empresa se vea avasallada por un sindicato. Esto genera una muy mala señal que puede ser relevante para un inversionista extranjero. Hoy vemos un desbalance en el poder que han adquirido los sindicatos. No vemos que se esté respetando o resguardando el derecho de aquellos que sí quieren trabajar, ni vemos cómo proteger al personal administrativo de las empresas, que en días de paros son expulsados de sus lugares de trabajo”, protestó.
Durante el viaje de Mujica a Europa en 2011, Karvinen también le transmitió su “sorpresa” por la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento un proyecto de ley que creó el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR). Esa ley fue declarada incostitucional este año por la Suprema Corte de Justicia, pero el gobierno sigue firme en cuanto a gravar, con un impuesto sustitutivo del malogrado ICIR, las concentraciones de tierra.
Kaufmann reiteró la necesidad de mantener las reglas de juego en base a las cuales se decidió originalmente la inversión y destacó que emprendimientos como el de Montes del Plata “impactan muy positivamente en el trabajo de la gente, ayudando especialmente con la descentralización del país”.
“Hay mucho empleo directo de calidad, pero también hay mucho empleo indirecto, generación de muchos contratistas, desarrollo de proveedores, comercios y servicios que crecen a partir de estas inversiones. En el área de Punta Pereira se abrió un gran hotel y pronto comenzará a operar una estación de servicio Ancap. Estas iniciativas, entre muchas otras, son posibles en la medida de que estas grandes inversiones se sigan realizando y estas requieren que se siga por el positivo camino que Uruguay ha estado recorriendo en los últimos años”, dijo.
Aprendan más.
Puntigliano, de Aratirí, “apuró” al gobierno para concretar el proyecto minero. El gerente general de la empresa dijo que se precisa “que Uruguay se decida a promover las inversiones para desarrollar una gran industria minera a la escala de su enorme riqueza geológica” y “que se reconozca el valor agregado de los procesos industriales, que multiplican por 20 el valor del material recién extraído. La parte extractiva es apenas el 18% del proyecto y sólo la planta industrial alcanza un monto similar a lo que fue Botnia en su momento: U$S 1.000 millones”.
También señaló que es imprescindible “que el Estado aprenda más del negocio antes de pretender regularlo. La minería es una de las actividades económicas de mayor riesgo en todo el mundo. No se puede analizar la renta minera sin considerar los riesgos e incertidumbres inherentes al negocio”.
“Siendo un proyecto de inversión extranjera directa en etapa de desarrollo, Aratirí sigue atentamente las experiencias de UPM y de Montes del Plata. Las dificultades de esta última en la etapa de construcción son un factor de preocupación para Aratirí. Otros inversores extranjeros también consultan a la empresa sobre los cambios en las reglas de juego, la reubicación portuaria, el cambio en el marco impositivo y la nueva ley de minería en proceso”, concluyó.
Desarrollo
2013-04-04T00:00:00
2013-04-04T00:00:00
