El PIT-CNT admite en un documento que la ley de participación público-privada es una “herramienta” de “crecimiento económico”

En el 2011 el tema generó contradicciones y enfrentamientos entre sindicalistas de distintas corrientes de opinión. Los trabajadores del sector público son los que sostienen una postura de mayor resistencia a esta iniciativa.

“Seguimos sosteniendo que el artículo 188 de la Constitución le da potestades de llevar cualquier tipo de emprendimiento entre privados y públicos, por eso insistimos en para qué una nueva ley si se puede hace todo como está. La respuesta fue que esta ley agilita”, opinó Gabriel Molina, presidente del sindicato de Antel (Sutel), quien afirmó entonces a Búsqueda que la propuesta de relanzar la comisión de patrimonio se hizo “porque no están dadas las garantías necesarias en la ley” y “porque hoy nuevamente se vuelve a colocar un proyecto privatizador”.

El Departamento de Públicos de la central se expresó entonces en contra y planteó la realización de un paro aunque finalmente los comunistas revieron esa posición después de reunirse con el presidente José Mujica.

Consultado de nuevo ayer miércoles, Molina, dirigente del Partido Comunista (PCU) y secretario de propaganda de la central, sostuvo que “la posición no ha cambiado” aunque admitió que “bien utilizada la ley es una herramienta adecuada, siempre y cuando no privatice sectores que hoy están en manos del Estado”.

La idea que predomina entre los dirigentes estatales es aceptar las PPP siempre y cuando se trate de nuevos proyectos y no de privatizaciones de actividades que ya realiza el Estado.

Capital financiero vs.

clase obrera. Durante la última reunión de la Mesa Representativa, el Secretariado puso a discusión tres documentos. El primero, “Nuestro PIT-CNT en la coyuntura actual. A retomar la ofensiva” (Búsqueda Nº 1681), está dirigido a los sindicatos y expresa, entre otras cosas, que “se agudiza la disputa de dos proyectos de país, el del capital financiero y el de la clase obrera y el pueblo, y se agudiza la disputa por (...) definir quién se gana la cabeza, la influencia en las grandes masas”. Otro documento, más abierto, retoma la idea de una concertación programática con diversos actores de la sociedad buscando “construir grandes acuerdos nacionales, los más amplios posibles” en temas como política internacional, educación, salud, vivienda y convivencia ciudadana. El tercero refiere a la “situación de la reforma del sistema de salud”.

Molina dijo a Búsqueda que el Secretariado solo aprobó el primer documento y que el segundo, si bien se envió a los sindicatos, no fue producido por el organismo.

Sin embargo, otras fuentes del Secretariado vinculadas a la corriente Articulación interpretaron que los dos primeros documentos son parte de la misma estrategia y tienen la misma jerarquía, aunque están dirigidos a diferentes receptores.

La Mesa Representativa resolvió esperar la discusión en los gremios y reunirse en unos 15 días. También se puso en discusión un paro de 24 horas en base a esos planteos.

Proyectos.

La ley aprobada luego de una extensa discusión en la propia bancada del Frente Amplio ya se está usando pese a que aún no se concretó ningún proyecto.

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) ya presentó a los ministerios del Interior y de Transporte los estudios para llamar a interesados para construir una cárcel en Punta de Rieles y para rehabilitar las rutas 21 y 24 en el litoral.

Otras iniciativas están a estudio para determinar si conviene hacerlas bajo el sistema PPP o bajo algún otro de los modelos de contratación que están vigentes en el Estado.

Los cuatro modelos para la realización de obra pública de infraestructura que están vigentes en Uruguay son la obra tradicional, la concesión, el fideicomiso y los contratos PPP.

A pedido del Ministerio de Defensa, la CND estudió la posibilidad de hacer bajo esa última modalidad la refacción de los pasos de frontera en Fray Bentos, Paysandú y Chuy. Sin embargo, luego de un primer análisis los técnicos llegaron a la conclusión de que esa infraestructura no encuadra dentro de ninguno de los tipos de obra autorizados por la ley de PPP, por lo que aconsejaron hacer una concesión.

También hay dudas respecto del puerto de aguas profundas de Rocha, ya que todavía no se definió si se tomará o no el camino de los contratos PPP para la eventual construcción de la terminal.