El Poder Ejecutivo limita incorporación de tecnología o cambios en las redes de telecomunicaciones sin una autorización previa

El decreto, aprobado el 9 de agosto, prohíbe en su primer artículo “las alteraciones o modificaciones a redes de telecomunicaciones que tengan destino diferente a aquel servicio para el que se otorgó permiso”. El segundo artículo establece que la instalación de infraestructura para servicios ya autorizados no requerirá nuevas habilitaciones, pero añade que “toda instalación, incorporación de tecnología o adaptación de infraestructura física de acceso, incluyendo redes de televisión por cable, para la prestación de servicios no licenciados previamente, se considerará abuso de la licencia otorgada”.

Uno de los inconvenientes que le encuentran a la norma es que, “de acuerdo al texto del decreto, ni siquiera se podrían realizar pruebas técnicas para la prestación de otro tipo de servicios y ni siquiera se autorizaría la incorporación en carácter experimental de algún tipo de tecnología”, dijo Inchausti.

“Es dificultoso reglamentar en función de tecnologías y no de servicios, pero es la forma que ha trabajado el Poder Ejecutivo”, añadió.

Además, recordó que varias empresas asociadas a Andebu están interesadas en prestar servicios distintos a los de televisión para abonados, pero sin embargo la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y el Poder Ejecutivo “llevan un plazo de demora excesivo sin expedirse sobre el tema”.

Fuentes del sector de las telecomunicaciones indicaron que otros prestadores también analizan presentar recursos administrativos ante el Poder Ejecutivo. “Esto sigue en la línea de cerrarse hacia un monopolio que no hay en ninguna parte del mundo”, comentó una de las fuentes. “Detrás de esto está el tema de la fibra óptica”, sostuvo. El Poder Ejecutivo se enfrentó meses atrás a los operadores privados de telefonía e Internet, porque mientras en el gobierno consideran que únicamente Antel puede ofrecer servicios de fibra óptica, las empresas privadas sostienen que también están habilitadas a hacerlo.

“Es una norma que no estimula la implantación de mejoras tecnológicas, porque antes usted tiene que pensar si no pone en riesgo la licencia que ya tiene”, evaluó otra fuente. “Es un freno a la inversión”, afirmó.

El consultor y especialista en telecomunicaciones Omar De León comentó a Búsqueda que recibió con “mucha sorpresa” el decreto del gobierno. “No encuentro el sentido” de una norma con esas características, afirmó.

Para De León, la limitación que el decreto impone a la incorporación de tecnología “restringe sin lugar a dudas las inversiones y los proyectos de desarrollo tecnológico de las empresas”. Cuestionó que la redacción de la norma puede generar “temor” en las empresas a la hora de incorporar nueva tecnología para mejorar sus servicios, ya que puede ser considerado una violación si esa infraestructura permitiera, además, la prestación de otros servicios.

De León dijo que en momentos en que la convergencia tecnológica permite la trasmisión de varios servicios a través de la misma red, los límites pueden ser difíciles de establecer. “¿Dónde está el límite de esos servicios?”, preguntó.

El presidente de la Cámara de Telecomunicaciones, José Pedro Derrégibus, dijo que por ahora no han resuelto qué hacer debido a que se encuentran analizando “el alcance del decreto”.

Consultado al respecto, el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, dijo a Búsqueda que el decreto es “una actualización del reglamento de licencias, que explicita y aclara el tema de utilizar las infraestructuras según los servicios”.

La norma “actualiza y despeja dudas respecto al alcance de las licencias”, insistió. El objetivo del Ministerio es dejar “claramente establecido cuál es el marco de acción de las licencias que se otorgan” para “evitar incumplimientos”, como “el desarrollo de servicios conexos que no estén debidamente autorizados”.

Respecto a los cuestionamientos del sector privado sobre las limitaciones que genera a la hora de incorporar nuevas tecnologías que mejoren los servicios, Ortuño afirmó que “la idea no es impedir la mejora tecnológica, sino que se deberán solicitar y fundamentar como corresponde” las adquisiciones de tecnologías nuevas y que, en caso de que quede claro el uso al que se destinará el equipamiento, se autorizará.

“Con este decreto se avanza en una línea que esperamos tenga su expresión también a nivel legal, con una sanción a nivel legislativo de los principales lineamientos del actual reglamento de licencia”, afirmó Ortuño, en referencia a la Ley de Telecomunicaciones que está a estudio del Poder Ejecutivo.

El decreto sigue la dirección de una norma aprobada en diciembre de 2010, en la que se especifican las sanciones a los incumplimientos en las licencias y se consideran faltas muy graves el abuso de los permisos otorgados y el despliegue de planes piloto o prestación de servicios sin que se haya concedido la licencia correspondiente.