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    El gobierno quiere “proteger la genética del país” cuando “se hace dinero” con ella, y mira a Brasil como ejemplo a seguir

    “Descubre los jabones Natura Eko, elaborados con aceites de frutas del Amazonas”. Así promociona sus productos en el mercado francés una de las principales empresas de cosméticos brasileña.

    “Nos llevó tiempo percibir que los extranjeros, americanos, japoneses, europeos, tienen la plata para consumir este tipo de productos y quieren cosas nuevas, y las cosas nuevas están aquí”, dijo a Búsqueda Rafael Marques, director de Patrimonio Genético de Brasil, en referencia a los territorios sudamericanos. “Nosotros no lo vemos porque hacen parte de nuestra vida”, añadió el brasileño, que viajó a Uruguay para compartir la experiencia de su país con el gobierno.

    Para Marques, el caso de Natura es el ejemplo perfecto de lo valiosos que pueden llegar a ser los recursos genéticos de un país, y también de lo beneficiosas que son las legislaciones como las que tiene Brasil, que exigen que en la comercialización de los productos que utilizan esos recursos, haya un retorno económico para el Estado y las comunidades.

    El planteo se basa en lo establecido en el Protocolo de Nagoya, un acuerdo internacional sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios, que se desprende del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

    Mientras Brasil ya cuenta con una legislación sobre el tema, Uruguay comenzó la etapa de implementación del protocolo y la redacción de un proyecto de ley. Para el final de este período de gobierno las autoridades aspiran a que la ley esté aprobada y la reglamentación definida. El acuerdo firmado en Nagoya, Japón, fue ratificado por Uruguay (Ley 19.227) y entró en vigor el 12 de octubre de 2014. El protocolo busca proteger y establecer condiciones para el acceso a los recursos genéticos y que estos generen beneficios al país que los provee.

    Por ejemplo, si se elabora un producto en Alemania con un maíz que lleva siglos de adaptación a los suelos de una región americana y esa característica es un diferencial a la hora de comercializarlo, el país de origen debe recibir parte de los beneficios económicos de las ventas. Otro caso es cuando existe una planta nativa que una comunidad sabe que es útil y tiene beneficios para la salud. Si una empresa decide utilizar ese saber para hacer sus propias investigaciones y lanza un producto al mercado basado en esas propiedades, tiene que retribuírselo a la comunidad que originó los conocimientos sobre la planta.

    Cada país debe elaborar su propia legislación, pero el marco general se orienta a que de la protección de los recursos y saberes surja dinero que sea volcado a las comunidades o al Estado para que lo pueda reinvertir en la conservación de la biodiversidad.

    Región pionera y atrasada.

    “Brasil es el más avanzado, el resto de los países vienen bastante atrasados”, dijo a Búsqueda Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente. De hecho, Brasil junto con India fueron los primeros en implementar el Protocolo de Nagoya.

    Argentina y Paraguay se encuentran en situaciones similares a las de Uruguay, comenzando a trabajar para elaborar un proyecto de ley que permita implementar el acuerdo internacional. A Brasil le interesa especialmente lo que ocurre en la región porque pretende aprovechar la oportunidad para que se definan criterios generales compartidos, lo que permitiría que la protección de los recursos genéticos sea más efectiva.

    “Ellos tienen la idea de avanzar como región, porque los recursos genéticos no miden fronteras y deberíamos tener reglas de juego similares para cuando vamos a negociar esos recursos con países o empresas fuera de la región. No puede ser uno más flexible que otro”, dijo Nario. “Apoyamos a Brasil para que la región tenga una visión común”, añadió.

    Uruguay corre con “ventaja”, dijo el director de Medio Ambiente, porque cuenta con un apoyo de US$ 300.000 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para implementar el protocolo. Eso implica la formación de recursos humanos y capacidades institucionales y la elaboración del marco legal.

    “Es un tema en el que todos ganan: gana el sector productivo, es una posibilidad adicional de fuente de recursos para el país y para comunidades locales, es soberanía nacional”, dijo Nario. “Hay que hacerlo de manera racional y que se adapte a nuestro país”.

    Dinero con genética.

    Para cumplir con el Protocolo de Nagoya, Brasil legisló primero con un sistema muy restrictivo y burocrático. Pero en 2015 aprobó una nueva ley más flexible, que promueve la innovación y la comunicación entre el sector productivo, investigadores y comunidades, con beneficios que retornan al territorio, explicó Marques.

    Con la anterior legislación, por ejemplo, las universidades y empresas que querían investigar recursos genéticos nativos, en áreas como la biotecnología, necesitaban la aprobación del gobierno, que demoraba años. Ahora la investigación ya no requiere ese paso. El gobierno pide que se le comuniquen los resultados previos a la publicación o al inicio de los trámites para patentar un producto que se elabora con recursos genéticos propios. Además, creó una categoría nueva de patentamiento, el conocimiento tradicional asociado. Brasil no cobra por los trámites para patentar, aunque sí exige un retorno económico si luego la patente se utiliza con fines comerciales.

    El sector cosmético y el farmacéutico son los “grandes sectores” a los que apunta actualmente el uso de recursos genéticos, dijo Nario.

    Por ejemplo, en Uruguay la Facultad de Química y el Instituto Clemente Estable están estudiando los beneficios de la marcela. “La idea no es trancar esto, sino que haya un cierto resguardo, que el patrimonio genético se cuide” dijo el director. Afirmó que se evitará aprobar una legislación excesivamente proteccionista.

    “Supongamos que una comunidad usa una semilla criolla o una especie nativa. Si después alguna empresa utiliza la marcela, la comunidad debería beneficiarse también”, explicó. Para Uruguay “es más complejo por no tener comunidades étnicas definidas” y este conocimiento “es más difuso”.

    “Si se está haciendo dinero con la genética de nuestro país, eso hay que protegerlo”, indicó.

    Los indígenas reciben en Brasil beneficios económicos por su conocimiento de la biodiversidad. Además, el gobierno puede recibir dinero por el uso de recursos genéticos que se comercializan en productos. La nueva ley creó un fondo que prevé utilizar el dinero para promover más investigación y conservación de la biodiversidad, aunque aún es reciente y está en etapas iniciales de funcionamiento. Por ahora hay dinero que proviene de multas. En junio el gobierno multó por 12,5 millones de reales (casi US$ 4 millones) a una empresa que usó el conocimiento tradicional de un grupo de unas 70 comunidades caiçaras (de la zona de San Pablo) sin autorización. Fue por el uso en un medicamento de una planta con propiedades antiinflamatorias. Es que el saber tradicional es considerado “como una propiedad intelectual”, explicó Marques. Se usa como una patente más.

    Innovación.

    El objetivo es “generar cadenas productivas” con “bajísimo impacto o incluso impacto ambiental positivo” y beneficios económicos para las comunidades, destacó Marques. Las comunidades se convierten en “defensoras de la biodiversidad” al ver que los recursos genéticos tienen valor.

    “Es un ciclo positivo y virtuoso”, dijo a Búsqueda el coordinador general de Patrimonio Genético, Henry de Novion.

    Marques opinó que es un problema la “poca cultura de las empresas en inversión en innovación”, aunque afirmó que lentamente está mejorando. Beneficios como los que establece la legislación que aplica el Protocolo de Nagoya contribuyen. La ley “crea un mecanismo para incentivar las relaciones entre el sector privado y la academia” y reparte beneficios, destacó De Novion.

    Es el empresario del área de cosméticos y fármacos el que verá la legislación como una oportunidad, dijo Marques. “Este es un tema de medioambiente porque está en la Convención de Biodiversidad y el Protocolo de Nagoya, pero necesita el esfuerzo conjunto de varios ministerios. En Uruguay los técnicos de los ministerios de Ganadería y Medio Ambiente tienen un relacionamiento muy próximo. Lo que nos llevó 10 años lo pueden hacer en un año, es una oportunidad increíble”, concluyó.

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