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    El gobierno subastará siete aviones de Pluna y espera así cerrar el negocio cerca del “empate” pero “con una lección histórica”

    Eran las nueve de la mañana del viernes 6 y en el siempre movido mostrador de Pluna en el aeropuerto de Santiago de Chile apenas había un par de funcionarios. Desconcertados, los viajeros que tenían pasajes para el vuelo del mediodía consultaron a los dos rezagados qué era lo que pasaba. “Los vuelos están cancelados indefinidamente”, fue lo único que pudieron responderles.

    El grupo de pasajeros se acercó entonces a las oficinas administrativas de la aerolínea, donde solo quedaban cinco trabajadores, pero se les impidió el ingreso. “¿Ustedes miran la tele? Ya saben cómo actuamos acá con los manifestantes. La van a pasar mal”, les advirtió el policía que custodiaba la puerta.

    El avión que el grupo de pasajeros no pudo abordar ese mediodía ni siquiera estaba cerca de la terminal aérea de la capital chilena. Desde hacía dos días —cuando los trabajadores de Pluna iniciaron un paro de 48 horas— descansaba en un hangar del Aeropuerto de Carrasco, al igual que los otros 12 Bombardier CRJ 900 de la flota. Luego de años de pérdidas y negocios fracasados, la noche anterior el gobierno uruguayo había decidido el cierre de la empresa y las aeronaves no iban a volver a despegar por un largo tiempo.

    Los primeros siete aviones de esa flota fueron adquiridos con un crédito del Scotia Bank que garantizó el Estado. Esas aeronaves son el centro de la salida que el gobierno planea para la crisis de la aerolínea.

    El gobierno considera que hasta los primeros siete aviones que compró la empresa Leadgate —accionista de Pluna desde el 2007 hasta hace semanas— estaba gestionando bien la aerolínea y que el error fue incorporar las otras seis. Por eso planea subastar esos siete aviones y, además, plantear a quien oferte la posibilidad de hacerse con un paquete compuesto por las rutas rentables que operaba Pluna y sus trabajadores, con la esperanza de que se conforme una nueva aerolínea nacional.

    Una alta fuente del Poder Ejecutivo contó a Búsqueda que con “el anzuelo de las rutas” pretenden darle “más valor a los aviones”. Según dijo, luego de la subasta confían en cerrar el negocio de Pluna “bastante empatados” y con “una lección histórica”.

    “El momento”.

    El martes 3 por la noche el sindicato que nuclea a técnicos aeronáuticos y funcionarios de Pluna, OTAU-OFP, inició un paro de 48 horas ante las versiones de que el empresario Juan Carlos López Mena tenía interés en la aerolínea y pretendía prescindir de 200 funcionarios. Los trabajadores nunca habían parado por más de 24 horas, y desde el ingreso de Leadgate a la empresa en 2007 solo habían tomado esa resolución cuando fue cancelada la ruta a Madrid.

    En el sector aeronáutico, cuando paran los trabajadores de una empresa todos los aviones deben volver al país de origen, en un movimiento conocido como “aviones en casa”. La medida gremial hizo que por primera los 13 Bombardier CRJ 900 de la flota de Pluna estuvieran en territorio nacional.

    Al tener los aviones dentro del país, el gobierno no corría el riesgo de que el activo más importante de la empresa le fuera embargado en alguno de los países en que opera. “Al final le terminamos haciendo un favor al gobierno”, reflexionó el dirigente de OTAU-OFP César Iroldi.

    Según confiaron fuentes del gobierno a Búsqueda, ese fue el motivo por el que se tomó la decisión de suspender las operaciones indefinidamente justo en la víspera de las vacaciones de julio. “Era el momento”, comentó uno de los informantes, aunque sostuvo que la decisión “no era fácil”.

    “Estás terminando con 75 años de historia”, reflexionó.

    No solo los aviones de la aerolínea volvieron a Uruguay. Fuentes parlamentarias señalaron a Búsqueda que los ministros de Transporte y Economía les informaron que el dinero que estaba en la sucursal de San Pablo fue traído en efectivo a Montevideo en medio de la situación.

    Proyecto de ley.

    El lunes 9 el gobierno presentó un proyecto de ley para liquidar Pluna dada la “insuficiencia patrimonial” de la empresa, la “imposibilidad de acceder a liquidez y la ausencia de financiamiento”.

    El documento propone que se autorice al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso que adquiera los bienes de Pluna que tengan garantía —siete aviones de su flota— libres de gravámenes para “preservar el valor de los activos, viabilizar opciones de mantenimiento del servicio de transporte aéreo regional y preservar fuentes de trabajo”.

    Ese fideicomiso asumirá el pago de obligaciones de Pluna frente a sus acreedores, siempre que estén garantizadas. Para ello subastará los bienes en forma extrajudicial y pública en un plazo máximo de 60 días desde su adquisición con una base equivalente al pasivo que Pluna haya asumido. Si el precio obtenido por los bienes supera el pasivo, la diferencia será reembolsada a Pluna.

    Ayer, miércoles 11, en la Comisión de Transporte del Senado se incorporó al texto que la primera subasta tendrá U$S 135 millones como base, el dinero para cancelar la deuda con el Scotia Bank. Si no se presentan interesados, se realizará una subasta a la baja con una base de U$S 135 millones y un piso de U$S 100 millones.

    De acuerdo a lo previsto por el proyecto, no serán aplicadas a Pluna algunas “inhibiciones”, como las normas sobre “suspensión” o “limitación de su legitimación para disponer”. En cambio, conservará todas sus facultades legales y estatutarias.

    En caso de que Pluna estuviera en situación de concurso, los bienes transferidos al fideicomiso “quedarán separados de la masa activa” —los activos— y ni el síndico o interventor ni los acreedores podrán accionar contra ellos.

    Quien adquiera los bienes y decida aplicarlos “al servicio de una empresa nacional” podrá negociar en forma directa con el Poder Ejecutivo la concesión de las frecuencias de vuelo que habían sido asignadas a Pluna, lo que estará sujeto a la incorporación de trabajadores de Pluna a la nueva empresa. También podrá negociar la asunción de otros pasivos de la aerolínea liquidada.

    Si los bienes no pueden ser subastados, la Comisión de Transporte resolvió que se deberá elaborar otro proyecto para que el Parlamento apruebe los pasos a seguir. Según explicó el senador colorado Pedro Bordaberry a Búsqueda, con eso pretenden eliminar “la discrecionalidad de que el gobierno pueda volver a hacer algo como lo de Leadgate”.

    En el caso de que la propuesta del interesado no alcance el monto total de los pasivos asumidos, el Poder Ejecutivo estará autorizado a disponer que el Estado participe en la nueva empresa privada con hasta el 25% de las acciones.

    El fideicomiso podrá asumir también los contratos de leasing sobre aviones de los que Pluna sea parte y que hubieran sido rescindidos e incluirlos en las negociaciones.

    Además, el Ejecutivo estará autorizado a transferir al fideicomiso las sumas necesarias para atender gastos derivados del mantenimiento de los bienes y las aeronaves recibidas en leasing. El costo será deducido de los pagos que se realicen a Pluna desde el fideicomiso.

    El proyecto de ley propone también la creación de un Fondo de Adelantos de Créditos Laborales de Pluna para complementar lo que reciban los trabajadores de Pluna que estén en seguro de paro hasta alcanzar cada mes el 100% de las remuneraciones que percibieron en los últimos seis. El fondo se integrará con recursos de Rentas Generales equivalentes a 84 millones de unidades indexadas (unos U$S 9,6 millones).

    Juicios.

    El jueves 5, los representantes del Partido Colorado y el Partido Nacional se reunieron con los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte) para interiorizarse de los motivos que habían llevado al cierre de la aerolínea. Allí, según publicaron distintos medios, la versión que recibieron fue que la posibilidad de juicios de 7.000 ex funcionarios de Varig (anterior socia de Pluna) que podían alcanzar los U$S 3.500 millones había precipitado la resolución. El Estado ya tenía en su contra dos fallos de la Justicia brasileña.

    En octubre del año pasado el Directorio de Pluna recibió dos informes jurídicos de estudios brasileños a los que accedió Búsqueda. Uno de ellos concluye que “existe el riesgo probable de que Pluna sea considerada integrante del mismo grupo económico que Varig”, con lo que tendría que hacerse cargo de los créditos laborales de sus ex funcionarios. El otro, algo más optimista, reconoce que si bien existe el riesgo “algunas medidas pueden minimizar e incluso excluir su responsabilidad”.

    El domingo “El País” publicó una nota en la que el senador Pedro Bordaberry sostenía que solo había 250 demandas y que el monto a pagar no superaría los U$S 50 millones. En el mismo sentido estuvieron las declaraciones de Celso Klafke, presidente de la Federación de Aviación Civil de Brasil, en el programa de Océano FM “No Toquen Nada”. Allí sostuvo que las demandas eran cerca de 300 y no superarían los U$S 15 millones.

    “Hay otros motivos para la quiebra de Pluna porque el supuesto riesgo jurídico-económico de la empresa no tiene procedencia en la Justicia brasileña”, dijo.

    Ayer, en la Comisión de Transporte, Lorenzo evitó responder a las preguntas de legisladores de la oposición. El senador blanco Carlos Moreira acusó al ministro de haberle mentido el viernes.

    “Aunque los juicios no existieran igual se hubiera disuelto la empresa”, aseguró a Búsqueda una fuente del gobierno allegada al tema.

    Aeropuerto.

    El cese de operaciones de Pluna tuvo un fuerte impacto en la operativa del aeropuerto de Carrasco, que gestiona la empresa Puerta del Sur, del Grupo Eurnekian. “El vacío que ha dejado Pluna en el aeropuerto es bien elocuente. Basta con recorrer las instalaciones de embarque y mostradores de check in y, bueno, esa área está totalmente abandonada”, describió el gerente de Operaciones de la compañía, Nelson Rosano.

    Según dijo, los vuelos de Pluna eran cerca del 40% de la operativa general del aeropuerto, lo que a Puerta del Sur le genera principalmente “una reducción muy grande en el cobro de tasa de embarque”. En su opinión, también se verán afectados los permisionarios, “en especial los que brindan servicios propiamente al avión”, como las empresas que suministran “combustible, catering o servicio en tierra”.

    “Sin dudas que un 40% en cualquier negocio impacta. Hay que ver en cada empresa cómo impacta, qué respaldo hay y hasta cuándo se sostiene una situación así”, advirtió Rosano.

    El sindicato de trabajadores de Puerta del Sur resolvió el lunes 9 en asamblea “solidarizarse” con el sindicato de funcionarios de Pluna. “Resolvimos que los vamos a acompañar en las medidas que tomen y si es necesario podemos parar el aeropuerto”, comunicó el representante el lunes a la asamblea de trabajadores de Pluna.

    Desarrollo
    2012-07-12T00:00:00