Expresidente de Ancap demandó penalmente a El País y a uno de sus periodistas; advirtió que continuará también en la vía civil

Los principales jerarcas de OAS están presos en Brasil por gigantescos escándalos de corrupción vinculados a coimas que éstos pagaban a políticos locales y extranjeros para resultar adjudicatarios, dentro y fuera de Brasil, de millonarias obras públicas.

También, dice Coya, Isgleas habría mentido a sabiendas al escribir el artículo, “sin el más mínimo rigor periodístico, faltando flagrantemente a la verdad, actuando con una ligereza manifiesta, una falta de profesionalismo que realmente sorprende” y “mala fe”.

La denuncia incursiona en consideraciones tales como que Ancap “ha logrado ser la ‘fina estampa’ de la judicialización de la política transformándose inclusive (en) una palabra prohibida”. Dadas estas circunstancias, sostiene Coya, “cualquier nota referida a Ancap (…) será centro de interés ciudadano y dará elementos para atrapar al lector, a cualquier precio, aun falseando la realidad en detrimento del honor y el decoro del buen ciudadano José Coya”. Más adelante insiste con que la nota de El País, a la que define como “difamatoria e injuriante”, lesionó “notoriamente el honor de una persona intachable como Coya”.

El acusador fundamenta su posición en que nunca adjudicó “nada a nadie” sino que, en febrero de 2014, “autorizó” a los representantes de Ancap en el directorio de Gas Sayago a votar en la licitación para la mencionada obra de US$ 64 millones, que ganó la corrupta OAS. Es decir que la adjudicación le correspondió al directorio de Gas Sayago, integrado por dos representantes de Ancap y dos de la estatal eléctrica UTE. El presidente de ese directorio es uno de los miembros de UTE y, llegado el caso, tiene doble voto.

Coya dice que la “falacia en la que incurren los denunciados (El País e Isgleas) constituye el medio a través del cual dejan al desnudo su verdadera intención que no es otra que la de afectar el honor, la rectitud y el decoro del compareciente”.

Sin embargo, la versión taquigráfica de la reunión en el Parlamento del 22 de junio refleja, en esencia, lo que al día siguiente publicaría El País. En esa sesión, el diputado blanco Pablo Abdala le dijo a Coya que hubo un “uso excesivo de una facultad que el presidente del directorio de la empresa tiene, que es el de dictar resoluciones por razones de urgencia”. Abdala recordó que Coya aprobó una resolución en febrero de 2014 “que ni más ni menos ajudica o autoriza a adjudicar la licitación o el llamado para la construcción de la conexión del gasoducto Cruz del Sur con la futura planta regasificadora. Una inversión de más de US$ 64 millones”.

“A mí me llama poderosamente la atención que estas resoluciones se adopten por esta vía, más allá de la legalidad o de la legitimidad formal que se pueda invocar, pero teniendo en cuenta que el órgano jerarca en un ente autónomo no es el presidente sino el Directorio. (…) Por lo menos, me resulta llamativo”, precisó Abdala.

Y le preguntó a Coya cuáles fueron “las razones de urgencia que imperaron a los efectos de imponer estas decisiones de tal envergadura sin que mediara la posibilidad de que fuera el directorio (de Ancap) el que tomara la decisión”.

Coya no sintió afectado su honor ni su decoro por las preguntas de Abdala en aquella instancia institucional. Al contrario: respondió con amabilidad las preguntas del diputado blanco.

“Está bueno que todos tengan claro que entre los derechos del presidente de Ancap —como bien decía el diputado Abdala— está el de ejercer esa potestad de las resoluciones de Presidencia. No es algo sistemático ni metodológico, y no me agrada, (…) pero cuando uno está cumpliendo las funciones de presidente de Ancap se da cuenta de que hay muchas cosas que tienen que resolverse de esa forma, porque la resolución final siempre es ad referendum del Directorio”, contestó Coya.

El expresidente de Ancap dijo que advirtió de que “ese era un mecanismo absolutamente válido (adoptar resoluciones sin pasar antes por el directorio), no a los efectos de abusar de él ni de ser sistemático” pues “hay cosas que hay que hacer y muchas veces las circunstancias obligan a que se hagan de esa manera, con urgencia por alguna razón”. Coya no explicó en ningún momento cuál fue la “urgencia” en ese caso.

“Las resoluciones que se tomaron” para la adjudicación del gasoducto subacuático a la empresa OAS “tenían que ver con la urgencia de tomarlas en un momento en que el directorio de Ancap no se reunía, pero sí lo hacía el de Gas Sayago”, dijo. Por eso, como presidente de Ancap, Coya mandató al delegado del Frente Amplio por la petrolera en Gas Sayago, Germán Riet, a votar la adjudicación a OAS. Y a la delegada blanca, Elena Baldoria, le envió la resolución “para que tomara a su conciencia la decisión con respecto al voto de la adjudicación del gasoducto a OAS”. Riet votó a favor y Baldoria en contra.

En su demanda contra El País y el periodista Isgleas, Coya reclamó a la Justicia que “en caso de condena a los denunciados, se publique la sentencia con la debida rectificación y disculpas del caso en el mismo medio y lugar a costo de los denunciados, sin perjuicio de las acciones civiles que oportunamente se iniciarán”.