Internet “debería ser tan seguro” como el mercado físico, pero se avecina “un problema muy grave” para las marcas por falsificación

A continuación un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

—¿Cuán preocupante es la piratería y la falsificación?

—Los productos falsificados perjudican al consumidor y al titular de marca. Pueden tener un riesgo para la salud pública, como los lentes de sol que se venden en la calle y dicen tener protección UV y en vez de 50 dólares cuestan cinco y no tienen la protección o juguetes infantiles con materiales contaminantes. Al que actúa de manera aspiracional y compra un producto falsificado a sabiendas deberíamos educarle. Al que es objeto de engaño deberíamos darle consejos, si encuentra un producto un 50% más barato se tiene que plantear dudas.

El volumen de comercio mundial de productos falsificados en 2013 era de 1,37 trillones de euros. La estimación que hicimos con la organización contra la piratería y la Ocde es que en 2022 estaremos entre los 2,5 y los 3,4 trillones de euros. Significa pérdida de puestos de trabajo oficiales, porque se genera trabajo de mala calidad, en malas condiciones y mano de obra infantil. El crimen organizado hace tráfico de drogas, de armas y productos falsificados. Lamentablemente se lo considera un crimen menor comparado con los anteriores. Ese planteamiento es erróneo. No hay crimen mayor o menor, todo es crimen.

—¿Qué papel juega Internet en el mercado de la falsificación, en el que prima la libertad?

—Presenta grandes ventajas e inconvenientes. Para adquirir productos de todo el mundo simplemente hay que hacer click. Quienes falsifican también se benefician del anonimato de Internet con la ventaja de que cuando bloquean una web, acto seguido abren 50 similares. Hay que darle criterios al consumidor para que desconfíe fuera de canales oficiales. El organismo que regula Internet se llama Icann. Inta participa de las reuniones y sometemos sistemáticamente comentarios y resoluciones. El problema es que la propiedad industrial e intelectual no es muy popular en el contexto de Internet en el que se ha favorecido mucho la libertad. Pero la libertad exige respeto a la propiedad ajena… Quienes representan a los Estados miembros en Icann generalmente conocen muy bien el marco regulatorio a nivel telecomunciaciones, pero tienden a desconocer el de propiedad industrial e intelectual. De alguna manera los propios representantes estatales están en numerosas ocasiones perjudicando los intereses de empresas de su país. Internet debería ser tan seguro desde el punto de vista jurídico como el mercado físico.

—¿Cómo puede impactar este desconocimiento?

—En Internet hay plataformas que venden productos y servicios. Hay proveedores de sistemas de pago y empresas de envío. Cuando se detecta una web con productos falsificados, se puede solicitar acceder a los datos del titular de esa web falsa. Pues ahora nos encontramos con la situación de que debido a una serie de cambios en el marco regulatorio, ese mecanismo quizá no vaya a ser tan eficiente como antes. Es un problema muy grave para los titulares de marca. Si usted no puede saber quién está detrás de una página web que vende productos falsos, ¿cómo va a poder actuar judicialmente contra ese individuo u organización?

—¿Cuál es su postura frente a las zonas francas, por donde circula mercadería en tránsito?

—Son positivas para la economía, pero dicho esto, tienen que basarse en el respeto del buen derecho y las leyes. Un delito contra la propiedad industrial en una zona franca o fuera sigue siendo un delito y eso quizás es algo que las zonas francas no han entendido. En algunos casos lamentablemente nuestros gobernantes no han entendido lo suficiente y es algo en lo que estamos trabajando.

—¿No han entendido o han hecho la vista gorda porque por ahí se maneja mucho dinero?

—Ambas cosas.

—Hay legislaciones que pueden llegar a ir en contra de las marcas, como el etiquetado plano en las cajillas de los productos de tabaco. ¿Cómo se para frente a estas decisiones que se toman bajo el argumento de proteger la salud?

—Nos preocupan enormemente. No tomamos partido por la industria de tabaco ni contra ella. Retirar las marcas del empaquetado de los productos genera muchos riesgos, porque es mucho más difícil identificar cuál es el producto original de uno falso y no resuelven en absoluto el problema. Facilita la confusión por parte de los consumidores y hay otros muchos mecanismos que permitirían los mismos resultados. Otra cuestión muy distinta es que creemos importante informar al consumidor de las características del producto y lo vamos a defender siempre. Retirar la marca no informa y facilita más productos falsificados. La marca es una garantía de calidad. Hay países que ya están hablando de aplicar el mismo concepto para bebidas alcohólicas, gaseosas o productos destinados al público infantil. En Indonesia se está aplicando ese mismo concepto a bebidas alcohólicas pero por un motivo religioso, en donde no se promociona el consumo de alcohol. Hay una cierta deriva que nos preocupa y no está en absoluto justificada por motivos de salud pública.

—La industria farmacéutica está más limitada que antes en su posibilidad de hacer publicidad. En muchos países, incluido Uruguay, está restringida en productos de venta bajo receta. ¿Debería el titular de la marca ser libre de promocionarla como y cuando quiera?

—La publicidad y el derecho marcario son primos hermanos, pero no hermanos. Efectivamente, es posible conceder un derecho de marca y, sin embargo, limitar de alguna forma la capacidad publicitaria que tenga el titular de esa marca. Lo que no me parece correcto es que se conceda determinado derecho a un titular y luego se le retire ese mismo derecho. Va en contra de lo que llamamos en Derecho la “teoría de los actos propios”, es decir, no puede ser que yo te conceda un derecho por el cual tú has pagado un canon y que luego te diga que ahora te retiro el derecho.

—¿Cuáles son los principales desafíos en propiedad intelectual y protección de marcas?

—Para los titulares de marcas uno de los grandes desafíos es armonizar lo más posible a escala internacional la legislación. Vivimos en un mundo global, de comercio internacional. El registro de marca tiene que ser un procedimiento lo más sencillo y armonizado posible. Donde no sea posible la armonización es conveniente que haya “convergencia de prácticas” (prácticas comunes). Otros desafíos son la piratería y la falsificación, Internet y el empaquetado neutro de los productos. Hay una cierta percepción negativa o desconocimiento de la propiedad industrial y ocurre no solo en Latinoamérica sino de manera global. En general el legislador no entiende realmente en qué medida la propiedad intelectual y la propiedad industrial contribuyen al PBI, al empleo, al bienestar social y a la innovación y desarrollo. Sería muy importante que nuestros legisladores, que también son consumidores, entiendan ese aspecto, porque a la hora de legislar tal vez sería oportuno defender más a las empresas del país. Esto no se hace de manera suficiente y es uno de los grandes objetivos de Inta.

—En Uruguay está en debate el ingreso o no al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT). Es uno de los pocos de la región que no es miembro y que ya integran 152 países. ¿Habla de un desconocimiento de los beneficios de pertenecer a este mundo global?

—Sigo pensando que al final uno tiene que formar parte de ese mundo y que es muy importante. Tenemos que jugar en esa gran liga y Uruguay tiene que estar. Muy recientemente estuve en el Senado de España hablando del valor de la propiedad industrial e intelectual y apelando al concepto de marca España. Esto se aplica en Uruguay. Hay que defender la marca Uruguay y hay que defender las marcas que son uruguayas y la mejor forma de defenderlas es con leyes fuertes que protejan a los empresarios y a los consumidores. Cuando se protege a los empresarios, se está protegiendo el desarrollo económico del país. Para marcas está el Protocolo de Madrid y una serie de acuerdos internacionales. Uruguay no es miembro de Madrid. Pero, claro, para que esto tenga sentido no puede ser que solo un país se adhiera a un tratado y los países vecinos no (lo integran 101 países, pero tiene menos adhesión en Sudamérica que el PCT).