Recaídas.
Si las personas se encuentran en este sistema de rehabilitación comunitaria pueden recaer igual, pero según Blasi, “bajan mucho las posibilidades”. Tanto como 60% menos con respecto a aquellos que cumplen con rehabilitación no comunitaria, según datos que maneja su centro español.
Contar con la rehabilitación comunitaria (psicosocial) no es garantía de no recaer, también incide la medicación adecuada y controlada, por ejemplo, pero sí es garantía “de recaer mucho menos y mucho más débilmente”, con menos días de internación, según probó Blasi en base a las estadísticas de su centro. “Es impresionante”, destacó.
Espósito, desde su experiencia como madre de un chico que padece esquizofrenia, coincidió en que esta tendencia se confirma también en Uruguay según los casos de rehabilitación que llegan al Grupo de la Esperanza. Sin embargo, aquí “depende mucho” del nivel socioeconómico que tenga la familia.
“Si uno está a gusto, satisfecho, siente autoestima y vive con dignidad, tiene más fuerza, las defensas mucho más altas”, y junto con medicación y terapia, esa es la combinación adecuada, comentó Blasi.
La rehabilitación psicosocial busca evitar “el deterioro y las limitaciones funcionales producidas por la enfermedad psiquiátrica” y prevenir “para conseguir la mayor integración posible del usuario en su medio para ser autónomo e independiente”. En resumen, el trabajo debe centrarse en tres aspectos de la enfermedad: impedir la aparición, bajar su duración y evitar secuelas.
Virginia Pedetti, directora del Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica “Dr. Alberto Martínez Visca” (CNRP), dijo a Búsqueda que una gran diferencia con Uruguay es el tiempo que dedican en España a la investigación.
Les ha permitido comprobar con números los buenos resultados de la rehabilitación. “Sería bien importante para demostrar acá la importancia de que las personas se vinculen a los procesos de rehabilitación sin importar si son públicos o privados, que la gente no se quede encerrada en su casa sufriendo”, opinó.
La sociedad.
“Hay que intentar cambiar la actitud de la sociedad que los tiene que recibir e integrar a la comunidad”, expresó Blasi.
Si bien esto es necesario, es una de las principales dificultades que enfrenta la rehabilitación comunitaria en Uruguay, opinó Pedetti.
Hebert Tenenbaum, responsable del Programa Nacional de Salud Mental, dijo a Búsqueda que existe discriminación, “prejuicio que está en toda la sociedad” y que está incluso dentro del personal de la salud. Por ejemplo, al tratar a un enfermo de esquizofrenia con una apendicitis puede ocurrir que llamen al psiquiatra antes. También hubo rechazos ante la instalación de un apartamento para enfermos mentales dependientes de un centro de rehabilitación, “como si fueran delincuentes”.
Blasi comentó que los prejuicios llevan a que la gente piense que quienes padecen estas enfermedades mentales tienen un mayor índice de criminalidad, pero no es así.
Pedetti aclaró que incluso tienen hasta menor índice, porque están contenidos y tratados.
Sueldo digno.
Hay personas que pueden trabajar solo algunas horas por día y otras pueden hacerlo ocho horas, los casos son variables y los trabajos se adecuan a esta realidad. Algunos necesitan trabajar dentro de sistemas protegidos y otros pueden hacerlo en sistemas autónomos. Blasi opinó que la rehabilitación social debe contemplar estos aspectos.
“Queremos que cobre un sueldo, que tenga un trabajo digno, no que trabaje con el abuelo o el vecino solo para que esté ocupado”, comentó Blasi.
En Uruguay hay 1.000 personas en rehabilitación. Se calcula que el 1% de la población sufre esquizofrenia en el país, según índices internacionales. La enfermedad irrumpe en general en la adolescencia y muchas veces queda coartada la capacitación laboral. El CNRP es paraestatal, recibe personas del sector público y privado, principalmente esquizofrénicos y algunos por ejemplo con trastorno bipolar. La mayoría de sus pacientes son hombres de entre 35 y 50 años.
Según Pedetti, en Uruguay falta poder trabajar más con la sociedad civil. “Una vez que reciben el tratamiento adecuado, se manejan bien en la sociedad. Tal vez necesiten baja carga horaria, pero tienen capacidad de estudiar y vincularse con los demás”, comentó Pedetti.
“A veces, cuando van a conseguir un trabajo se cuestionan si decir o no que toman medicación. Te cuestionas hasta dónde eso no les juega en contra”, estimó. También algunas familias tienden a sobreproteger a sus miembros para que no se expongan a las dificultades.
Pedetti dijo que la forma es fortalecer el lazo con empresas para que faciliten beneficio y acceso al empleo. Pero el camino es difícil y desde los centros de rehabilitación se ha intentado el sistema de trabajo “protegido, asistido y normalizado”, pero no han logrado que los pacientes puedan llegar a trabajar y cobrar un sueldo que se equipare al salario mínimo.
Otros centros que trabajan con personas en rehabilitación son por ejemplo Sur Palermo y Sur Ya!, un servicio de correo que apunta a insertar laboralmente a personas con trastornos psíquicos luego de culminada la rehabilitación.
Algunas iniciativas que se realizan en Uruguay sorprendieron a Blasi durante su visita. Comentó que hay cosas que se hacen aquí “que no tienen nada que envidiar a Europa”. Por ejemplo, el trabajo en el Hospital Vilardebó de la enfermera Selva Tabeira, que desarrolló una línea de rehabilitación con judiciales que logra la estabilidad clínica y es capaz de realizar trabajos y formó un taller de construcción que brinda servicios.
Integración.
En el marco de esta necesidad de integración, Tenenbaum informó que el Programa del Ministerio de Salud Pública apunta a que los enfermos psiquiátricos sean internados en salas generales de los hospitales y mutualistas en vez de en centros psiquiátricos. Sin embargo, por el momento solo el Hospital Maciel, el Hospital Pasteur, la Médica Uruguaya y algunos del interior como el Hospital de Tacuarembó tienen esta posibilidad.
Si las personas son socias de una mutualista, el centro de salud los deriva a clínicas privadas que subcontrata mientras otros se asisten en el sanatorio Etchepare o en Villa Carmen. Pero la Junta Nacional de Salud (Junasa) por negociación con las mutualistas paga un máximo de 30 días de internación. Tenenbaum aclaró que la mayoría están internados en promedio 15 días para poder luego rehabilitarlos, pero algunos necesitan más de 30. Si bien no son muchos, ellos quedan en manos de sus familiares si pueden o no solventar los costos de más días de internación.
Menos costo social.
Con una menor recaída se evitan costos asociados a la menor necesidad de internación y costos sociales de invalidez, incapacidad temporal, baja productividad familiar y muerte prematura.
Sin embargo, para lograrlo hay que invertir en rehabilitación. Blasi comentó que la rehabilitación en España representa solo el 10% del presupuesto de la salud mental, aunque hace 30 años era cero.
“La salud mental es el pariente pobre de la salud y la rehabilitación psicosocial es el patito feo de la salud mental”, dijo Blasi durante el II Encuentro de Integración Social y Enfermedad Mental.
Tenenbaum recordó que la rehabilitación social no entró dentro de las prestaciones de salud mental que financia la Junasa a las mutualistas. Pedetti agregó que “por la patología, les es difícil reunirse para poder tener voz y bregar por sus derechos. Es un colectivo marginado”; otros colectivos de discapacitados como sordos y ciegos al agruparse logran más avances.
El sistema del centro español que dirige Blasi se sustenta con apoyo del gobierno y también con 40% de donativos de socios y ganancia de los servicios montados, como el restaurante y la lavandería.
Salud
2012-08-30T00:00:00
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