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La divulgación de información basada en más de 250.000 documentos diplomáticos clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos en los principales diarios del mundo a partir de 2010 expuso ante la opinión pública los procedimientos que siguen y los comentarios que, en forma reservada, reportan habitualmente a Washington las embajadas norteamericanas.
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La apertura a este tipo de información se vio profundizada cuando en 2013 Edward Snowden, quien trabajó para una empresa contratada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, hizo públicos a través de los diarios “The Guardian” y “The Washington Post” documentos clasificados como “alto secreto” sobre varios programas a través de los cuales la NSA llevaba a cabo una vigilancia masiva de las comunicaciones incluso de gobernantes de países aliados.
Esto derivó en el inicio de procesos legales a nivel internacional tanto contra Julian Assange, fundador de Wikileaks, como contra Snowden. Pero no fueron solamente ellos quienes sufrieron las consecuencias de la dimensión de sus filtraciones sino que también se han visto involucrados periodistas que colaboraron en la difusión de esos procedimientos de espionaje.
La periodista británica Sarah Harrison, perteneciente a la organización Wikileaks, aseguró que por sus vínculos con Wikileaks y Snowden no puede regresar al Reino Unido ya que “la libertad de expresión y la libertad de prensa están bajo ataque” por cuanto se le considera como “terrorista”.
Harrison es una de las asesoras legales más cercanas a Assange, en su lucha contra la extradición a Suecia, y acompañó a Snowden.
En una columna publicada el viernes 14 en el diario británico “The Guardian”, Harrison indicó que con su “trabajo en Wikileaks esperaba que podría cambiar el comportamiento del gobierno” pero que, por el contrario, en su contra “podría considerarse un delito amparándose en la Ley de Terrorismo del Reino Unido de 2000”.
“La ley le da una definición al terrorismo como un acto o amenaza ‘diseñado para influir en el gobierno’, que ‘está hecha con el propósito de promover una causa política religiosa, racial o ideológica’ y que supondría un ‘grave riesgo’ para la salud o la seguridad de un sector del público”, afirma la periodista.
En este sentido, Harrison dijo que “funcionarios del gobierno del Reino Unido han afirmado continuamente que este riesgo está presente con la divulgación de cualquier documento ‘clasificado’”.
Caso Miranda.
La periodista toma como referencia la reciente sentencia judicial del caso Miranda. David Miranda era colaborador del periodista del diario “The Guardian”, Glenn Greenwald, quien divulgó la información que reveló Edward Snowden.
Miranda transitó a través del aeropuerto de Heathrow con los documentos del periodista británico residente en Brasil cuando fue detenido por efectivos británicos, quienes se ampararon en la Ley de Terrorismo.
“Según el artículo 7º una persona puede ser detenida en cualquier puerto británico durante un máximo de nueve horas, sin derecho a guardar silencio. Se le obliga a responder las preguntas y a renunciar a cualquier documento que posee, y así obligó a Miranda a entregar sus documentos de Snowden”, explica Harrison.
Esto llevó a que Miranda comenzara una instancia legal frente al gobierno para denunciar que su detención atenta contra la libertad de los periodistas para realizar su trabajo.
“Resulta escandaloso que el tribunal encuentre excusas políticamente transparentes para ignorar las protecciones bien definidas para la libertad de expresión que tiene el Convenio Europeo sobre los derechos humanos”, criticó Harrison.
“Si Gran Bretaña va a investigar a los periodistas como terroristas destruyendo nuestros documentos, (si) nos obligan a renunciar a las contraseñas y a responder preguntas, ¿cómo podemos estar seguros de que podemos proteger a nuestras fuentes?”, se cuestionó.
Y enfatizó que “con este precedente que se establece ahora, ningún periodista puede estar seguro de que si van a, entran o transitan por el Reino Unido esto no les va a pasar a ellos”.
“Mis abogados me aconsejan no volver a casa”, agregó.
Corazonada.
Harrison recordó que en el caso del pedido de extradición de Assange se estableció que “un oficial puede actuar de intuición”.
“Ahora se decretó en nuestros tribunales que es aceptable interferir con la libertad de prensa, sobre la base de una corazonada, todo en nombre de la seguridad nacional. Hoy en vez de decir: ‘para garantizar la estabilidad de una nación por su gente’, la seguridad nacional pasó a ser un eslogan desplegado por los gobiernos para justificar sus propias ilegalidades, ya sea que invaden otros países o espían a sus propios ciudadanos”, dijo.
“Este acto, que ahora es muy claro, se está implementando de manera consciente y estratégica para amenazar a los periodistas y se ha convertido en una herramienta para asegurar la oscuridad detrás de la cual nuestro gobierno puede construir una marca nueva, el siglo XXI Gran Hermano” agregó.
En este sentido, Harrison asegura que se “necesita una hoja de ruta de la libertad de expresión para los años venideros” y “el pueblo británico debe luchar para demostrarle al gobierno que se van a preservar los derechos y libertades por sobre las medidas coercitivas y amenazas que lanzan”.
“En su voluntad de pasar por encima de nuestras tradiciones, las autoridades británicas y las agencias estatales se sujetan por un extremismo que es tan peligroso para la vida pública británica como es la amenaza del terrorismo (real o imaginario)”, concluyó.
