El proyecto de ley que propuso el gobierno para liquidar Pluna sacrifica “seguridades” en “aras de la celeridad”, opinó el abogado Fernando Cabrera, especialista en procesos concursales y responsable jurídico de la Liga de Defensa Comercial.
El proyecto de ley que propuso el gobierno para liquidar Pluna sacrifica “seguridades” en “aras de la celeridad”, opinó el abogado Fernando Cabrera, especialista en procesos concursales y responsable jurídico de la Liga de Defensa Comercial.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl abogado cuestionó en declaraciones a Búsqueda varios puntos del documento que estudia el Poder Legislativo y que a su juicio quitan “garantías y transparencia” al procedimiento.
El primer artículo propone reembolsar a Pluna el excedente que surja de pagar el pasivo de la aerolínea, pero otro artículo dice que el Poder Ejecutivo puede transferir dinero para el mantenimiento de aviones, que será descontado de ese remanente del fideicomiso. Para Cabrera “estos gastos pueden ser enormes y no están sujetos a control ninguno, ni del síndico, ni judicial” y eso va “en detrimento de los acreedores”, que “van a tener que soportar el mantenimiento de esos bienes”.
La liquidación extrajudicial que se propone quita el contralor del Poder Judicial, lo que “no es habitual” porque la intervención de un juzgado es “lo que da más garantías y transparencia” y es lo que establece la ley de concursos, afirmó Cabrera. “Aquí en aras de la celeridad estamos sacrificando seguridades”, opinó.
Que los trabajadores deban ceder sus créditos laborales al Estado para cobrar la compensación del fondo que se propone también es objeto de críticas. Cabrera sostuvo que “la cesión de crédito privilegiado es un mecanismo que era muy controvertido y no se aceptaba en la práctica”. En este caso “el Estado va a cobrar primero como si fuera un trabajador”.
Además, el artículo 5 dice que el fideicomiso puede asumir los contratos de leasing que hubieran sido rescindidos y esa facultad es “excesiva”, dijo Cabrera.
Quien adquiera los bienes podrá negociar en forma directa con el Poder Ejecutivo la concesión de las frecuencias de vuelo, lo cual a juicio del especialista “no parece que deba ser un aspecto que deba estar dentro de una negociación particular si se quiere dar transparencia y seguridad a las inversiones y a las negociaciones”. En cambio “tendría que estar predeterminado en una norma reglamentaria, en un decreto, y ser conocido por todos antes de la subasta para los eventuales interesados”.
Ayer miércoles el sindicato de Pluna presentó a la Comisión de Transporte del Senado una propuesta para cambiar varios artículos del proyecto.
Los trabajadores proponen que se cree una Bolsa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Trabajo para “asegurar la incorporación laboral prevista” y que cualquier aspirante a las frecuencias de Pluna, no solo el adquiriente de los bienes, tenga la obligación de contratar a los desempleados de la aerolínea.
También quieren que el fondo que se crea para administrar los créditos laborales complemente el despido de todos los empleados de Pluna, no solo los que van a seguro de paro.
“Así como está redactado hoy no nos da ninguna garantía”, dijo Nicolás de los Santos, dirigente del sindicato.