Relatoría Especial de la OEA preocupada por espionaje de los gobiernos latinoamericanos en comunicaciones electrónicas

“Los Estados también deben revisar la legislación pertinente y modificar sus prácticas sobre vigilancia, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos”, indicó el comunicado oficial de la Relatoría emitido el martes 21.

Con el aumento de la popularidad de esa aplicación, la policía de Milán llamó a los desarrolladores pero no para detenerlos: quería hacerse de una versión de la aplicación. La Policía italiana se convirtió así en el primer cliente.

Con el correr de los años Hacking Team se estableció como una empresa multinacional con cientos de clientes entre los que figuran entre otros, según las más recientes filtraciones: los gobierno de España, México, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Estados Unidos, así como innumerables agencias de seguridad, oficinas estatales, instituciones militares y policiales.

“El software de espionaje comercializado por la empresa estaría diseñado para evadir la encriptación en las computadores y teléfonos móviles, lo que permitiría sustraer datos, mensajes, llamadas y correos, conversaciones de voz a través de IP (VOIP, voice over IP) y mensajería instantánea. Con dicho software sería posible también activar remotamente cámaras y micrófonos”, informa el comunicado de la OEA.

Según el portal de Hacking Team, “la recolección de evidencia en los dispositivos monitoreados es silenciosa y la transmisión de los datos recolectados desde el dispositivo al servidor del RCS está encriptada y no es rastreable”.

Uruguay estuvo muy interesado en ese programa, según revelan los mails de la compañía. En una nota publicada el pasado 10 de julio, el diario “El País” informó que el gobierno de José Mujica recibió a representantes de la empresa que hicieron una presentación de su producto estrella: Galileo.

“Por separado, el 9 de mayo del año pasado los empresarios fueron recibidos por el entonces coordinador de Inteligencia del Estado, José Bonilla, y por el actual director nacional de Policía, Julio Guarteche. Según el reporte realizado ese mismo día por los empresarios, ambos jerarcas quedaron muy bien impresionados por la demostración de sus productos. Guarteche lo elogió y en el caso de la reunión con Bonilla, los ‘socios’ hicieron incluso un compromiso de interceder ante el entonces presidente José Mujica para convencerlo de las ventajas de adquirir el nuevo programa de vigilancia”, dio cuenta la nota, basándose en los reportes de los empresarios que se filtraron.

Elemento excepcional.

“Ante esta revelación, y frente a los posibles impactos derivados del uso de este tipo de tecnologías invasivas de la privacidad y del derecho a ejercer la libertad de expresión sin injerencias ilegales, la Relatoría Especial quiere recordar que de acuerdo con los estándares internacionales, el uso de programas o sistemas de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación”, señala la Relatoría Especial.

Tales restricciones, agrega, “deben ser estrictamente proporcionadas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión”.

“Esta oficina ha expresado que la vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por esta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas por motivos políticos contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes”, sostiene la OEA.

Del mismo modo, la Relatoría llamó la atención sobre “cualquier intento encaminado a silenciar a los periodistas y medios de comunicación que denuncian ese tipo de actividades”.

“Bajo ninguna circunstancia”, señala, los periodistas integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, “pueden ser sometidos a sanciones ulteriores por ese solo hecho”.

La OEA también está preocupada por posibles “actos ilegítimos de represalias” contra quienes difundieron información reservada que refiere a posibles violaciones a los derechos humanos. “Sería inaceptable que los funcionarios públicos sugieran la comisión de estos actos”, señaló.

“Los bloqueos o sistemas de filtración de Internet impuestos por un proveedor gubernamental o comercial del servicio para impedir que se difunda la información sobre estos acuerdos o actividades son una forma de censura previa y no pueden ser justificados”, añadió en el comunicado.