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Una acción “casi orwelliana” y una probable violación de la Constitución norteamericana son las conclusiones a las que arribó un juez federal en Washington para dictaminar en contra del presidente estadounidense Barack Obama y de su gobierno por el programa de registros telefónicos y electrónicos masivos que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) aplica desde hace 10 años. El juez llegó a esas definiciones luego de las filtraciones a la prensa que hizo hace meses el ex contratista de la NSA, Edward Snowden.
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El abogado Larry Klayman y Charles Strange, cuyo hijo trabajó para la NSA y estuvo involucrado en el equipo que mató en Pakistán al ex líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, habían iniciado en junio una demanda contra el presidente Obama, denunciando que el organismo de defensa violó su privacidad al tomar sus registros telefónicos.
El lunes 16, el juez federal Richard Leon, representante de la Corte en el Distrito de Columbia —designado como juez federal el 10 de setiembre de 2001 por el ex presidente George W. Bush—, falló a favor de los dos demandantes al considerar injustificado que la NSA aplique un espionaje masivo a cientos de millones de personas con el propósito de prevenir ataques terroristas. La sentencia quedó en suspenso a la espera de una apelación del gobierno.
En su fallo, el juez Leon dijo que “el gobierno no cita ni un solo caso en el que el análisis de la recolección de datos a granel de la NSA en realidad detuvo un ataque terrorista inminente”. Agregó que “los demandantes tienen una probabilidad sustancial de demostrar que sus intereses de privacidad superan el interés del gobierno en la recopilación y el análisis de los datos” de las empresas telefónicas.
Un día antes, el domingo 15, el director de la NSA, el general Keith Alexander, había dicho al programa “60 Minutos” de la CBS, que el programa de espionaje “hubiera podido ayudar a evitar” los atentados del 11 de setiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington “porque hubiera mostrado que dos secuestradores estaban en contacto con una conocida casa de Al Qaeda en Yemen”.
Sin embargo, para el magistrado no hay razones que avalen el programa de espionaje masivo. Leon opinó que es probable que lo que hace años está haciendo la NSA “viole la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”. La Cuarta Enmienda dice que “el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”.
El juez Leon estimó en su sentencia que James Madison, uno de los arquitectos de la Constitución de Estados Unidos, quedaría “horrorizado” si pudiera ver el alcance del programa de vigilancia iniciado por Bush y seguido por Obama.
El programa de espionaje aplicado por la NSA, con la aprobación del Congreso y la colaboración de la Justicia, determinó protestas de organizaciones periodísticas y entidades promotoras de la libertad de expresión. “Si el gobierno sabe quién habla con quién, entonces conoce quiénes son las fuentes reservadas de los periodistas y eso configura un ataque contra la libertad de prensa”, dijo en octubre durante la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Claudio Paolillo, director de Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa institución.
Desde el gobierno el pronunciamiento judicial fue recibido con cautela. Solamente el portavoz del Departamento de Justicia, Andrew Ames, formuló declaraciones públicas afirmando al diario británico “The Guardian” que la Administración Obama “está estudiando” el fallo y que continúa creyendo que “el programa es constitucional, como lo han encontrado anteriormente otros jueces”.
El martes 17, el “Financial Times”, también británico, advirtió que “si la administración elige no hacer reformas significativas (al programa de vigilancia) tendrá que esperar ansiosamente las decisiones de la Suprema Corte” y recordó que existen antecedentes que irían en contra de sus intereses en esta materia.
En un caso reciente sobre el uso de nuevas tecnologías para vigilancia y seguridad, “los magistrados (de la Corte) dictaminaron que la Policía necesita una autorización para utilizar GPS en caso de ser necesario para la búsqueda del auto de un sospechoso”.
“Esto deja a Obama, quien fue profesor de Derecho Constitucional, en una posición difícil. Si la Suprema Corte decide que realizó una búsqueda inconstitucional de los registros telefónicos de la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, eso representará una mancha sustancial para su legado”, estimó el “Financial Times”.
El fallo fue bien recibido por los periodistas norteamericanos que semanas atrás manifestaron su preocupación porque los funcionarios estatales “están renuentes” a conversar con ellos por la guerra contra las filtraciones declarada por el gobierno de Obama.
Los datos sobre el masivo programa de espionaje que el ex contratista Snowden pasó a los diarios “The Guardian” y “The Washington Post” activaron la aplicación de una “Ley de Espionaje”, de 1917. A raíz de eso, “desde 2009 seis empleados gubernamentales, además de dos contratistas, entre ellos Snowden, han sido objeto de procesos penales por filtrar información”, según un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés).
“Numerosos periodistas que trabajan en Washington explicaron que los funcionarios están renuentes a siquiera conversar con ellos sobre información no clasificada, porque temen que las investigaciones en torno a las filtraciones y la vigilancia de los organismos gubernamentales dificulten aún más que los periodistas puedan ofrecer protección de las fuentes”, recordó ese informe (Búsqueda, Nº 1.735).
El martes 17, Snowden reiteró en un comunicado que cuando decidió violar su contrato con el gobierno estadounidense y difundir lo que sabía, lo hizo porque “los programas de vigilancia de la NSA no resistirían un recurso de inconstitucionalidad” y porque “el público estadounidense se merecía la oportunidad de ver estas cuestiones determinadas por los tribunales abiertos”.
“Hoy en día, un programa secreto autorizado por un tribunal secreto, cuando se expone a la luz del día, se considera que infringe los derechos de los estadounidenses”, agregó Snowden.
