“Autoconvocados” diseñan estrategia con asesoramiento de técnicos e instan a ejercer un mayor “control ciudadano” en el Estado

Dijo que “no se está improvisando, no se va a improvisar, ya se está contando con un muy buen asesoramiento técnico profesional, de actores muy prestigiosos, con experiencia”.

Luego de la movilización del 23 de enero en Durazno que reunió a miles de personas, que en su mayoría eran productores rurales, además de empresarios de los sectores de la industria, el comercio y los servicios vinculados a la producción agropecuaria, ese movimiento ganó fuerza y también el reconocimiento por parte del gobierno. El presidente Vázquez los invitó a participar en una mesa de trabajo para estudiar medidas de solución a los problemas del sector productivo.

Las primeras reuniones en esa instancia están previstas para después de los feriados de Carnaval, que son el lunes 12 y el martes 13. Esa mesa está integrada por representantes de los Ministerios de Ganadería, Economía e Industria, de la Secretaría de la Presidencia y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como de directivos de las gremiales del agro, que ya se reunieron en dos oportunidades en enero.

El sábado 3, en el local de la Sociedad Rural de Durazno (SRD), unos 200 representantes de distintos departamentos y actividades agropecuarias, colonos y transportistas participaron en un encuentro para definir los pasos a seguir por parte del movimiento rural. Ese día el grupo resolvió participar en las instancias de diálogo y negociación con el Poder Ejecutivo y con las intendencias, mantenerse en vigilia permanente a la espera de respuestas del gobierno central y aprobar la ampliación de la mesa de trabajo del movimiento con un criterio territorial y por sectores productivos. Hubo un respaldo a la gestión de los conductores del grupo y una reafirmación de la unidad al tomar la proclama como una guía de trabajo, según el comunicado difundido por el movimiento.

En el encuentro realizado ese día algunos participantes plantearon la necesidad de concretar nuevas movilizaciones, como rodear el Palacio Legislativo con cosechadoras y tractores, y otros sugirieron manifestarse en el Mercado Modelo para alertar sobre la importancia del sector en el abastecimiento de productos.

El lunes 5, un grupo de “autoconvocados” se reunió con los integrantes de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores, que manifestaron su compromiso a aprobar con urgencia los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo: uno que establece la devolución del Impuesto al Valor Agregado a las compras de gasoil y otro que crea un fondo de garantía para el pago de deudas del sector lechero.

El miércoles 7, el sistema político comenzó a cumplir esa promesa. Luego de siete horas de debate los senadores de todos los partidos aprobaron ambos proyectos, que serán tratados de manera urgente el jueves 8 en Diputados para darle sanción definitiva.

La oposición acompañó el proyecto pero señaló que se podría haber dado más. “Es insuficiente”, dijo Álvaro Delgado (Partido Nacional). Además se escucharon cuestionamientos a los gastos del Estado. Pedro Bordaberry (Partido Colorado) dijo que “no se puede seguir pagando esta fiesta de gasto obsceno” y puso como ejemplo el pago de tarjetas corporativas en varios organismos.

Desde el oficialismo se rechazó la visión “apocalíptica” brindada por algunos representantes del campo y que se está en una “crisis”. La postura de los legisladores del Frente Amplio llevó a que el senador blanco Sebastán da Silva considerara que en el oficialismo “no entienden nada” de lo que le pasa al campo.

No es “cacería de brujas”.

Mientras las propuestas quedaron “en suspenso” a la espera de las próximas medidas que pueda anunciar el gobierno, los “autoconvocados” siguen diseñando su estrategia para meter presión a la clase política, principalmente a los jerarcas del Estado. La idea no es iniciar una “cacería de brujas”, sino “generar canales de comunicación” y “ejercer un control ciudadano”, como puede ser en las intendencias, señaló Rivas, que es presidente de la SRD.

Consideró que “obviamente, las intendencias no tienen incidencia en lo que es el precio del gasoil, ni en el atraso cambiario o el endeudamiento, pero sí tienen una responsabilidad con respecto al manejo y la administración de los recursos, además de los servicios” que prestan a los contribuyentes.

De esa manera, el movimiento insta a sus integrantes a que defiendan su derecho a reclamar en los casos en que advierten irregularidades o sienten que las instituciones públicas no cumplen con sus funciones. Y esa arenga no pasó inadvertida, ya que en los grupos de WhatsApp de los “autoconvocados” la amplia mayoría de los mensajes demuestran el descontento y el enojo por algunos casos de sueldos de asesores, de contratos y otro tipo de gastos correspondientes a la administración central y a los gobiernos departamentales.