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    “Blindaje” probado con Casa de Galicia

    El cierre de Casa de Galicia decretado por la Justicia activó el mecanismo de garantía para las instituciones de salud, dado por un fondo previsto para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC).

    En 2012, Casa de Galicia emitió títulos de deuda a través de un fideicomiso financiero por 150.000.000 unidades indexadas a la inflación —un circulante actualmente del equivalente a US$ 17 millones— con vencimiento a fin del 2026 y una tasa anual de 4,5%. De esta forma, el Estado pagará las amortizaciones que restan a través de ese fondo de garantía, que es administrado por el Ministerio de Economía y cuyos fondos provienen de Rentas Generales.

    Al actualizar la nota de riesgo de la Asociación Española —junto con Casmu, las otras dos mutualistas que en algún momento incursionaron en el mercado de valores—, la calificadora Care se refiere a esta situación. El mecanismo de garantías estatal es “particularmente efectivo” y hay un “blindaje jurídico”, afirma la agencia. Esto provoca que “ni las variaciones del entorno de la salud” ni la “propia estabilidad y sustentabilidad de las empresas es determinante para evaluar la capacidad de repago de las deudas” de las mutualistas. Care sostiene que el cierre de Casa de Galicia, “evidenciaría” la primera “experiencia que pruebe dicho blindaje sectorial”.

    El cierre de Casa de Galicia fue apelado desde la institución, una instancia que todavía está en manos de un tribunal.

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