El literal Ñ de la Ley 18.406 le asignó al Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop) la tarea de “cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva”. Una auditoría detectó varias “carencias” en torno al manejo de los fondos distribuidos al PIT-CNT y a diversas organizaciones empresariales, más allá del “marco” definido por el Consejo Directivo —integrado por representantes del Ejecutivo, empresarios y trabajadores— del Inefop: ausencia de oposición de intereses entre los actores que participan en el proceso y el beneficiario de la transferencia; inexistencia de criterios respecto a la elegibilidad del gasto; falta de definición de propósitos específicos, hitos, e indicadores que permitan medir los resultados objetivamente; controles “débiles” sobre las rendiciones de cuenta y de los movimientos contables (que es documentada con fotocopias de los gastos realizados); carencias en el “aseguramiento, control y monitoreo respecto del detalle de actividades comunicadas por el beneficiario”. Los números de talleres y capacitados “se toman como insumo para informar respecto del cumplimiento del objetivo”, acota.


