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    “Creer que con el gasto público vamos a crecer” es equivocado: “¿Vamos a seguir castigando” al sector privado y la clase media?

    “Retomar la senda del crecimiento económico” para reducir la “brecha de pobreza que se ha generado” y contemplar también a la clase media. “Estabilidad” que garantice la sostenibilidad de las políticas. Y reducir “excesos y despilfarros” y así poder bajar la carga fiscal, sin subir impuestos. Esa combinación de propósitos y pilares resumen el espíritu de la ley de Presupuesto quinquenal presentada esta semana al Parlamento, según uno de sus arquitectos, Isaac Alfie.

    El enfoque es que el gasto público puede ser fundamental “como alivio y como contención en determinado momento. Pero con eso no crecemos. Lo que hace crecer la actividad es la inversión, el aumento de la oferta. Esa es la apuesta. ¿Vamos a seguir castigando al sector privado y a la clase media que paga los impuestos?”, planteó el director de Planeamiento y Presupuesto.

    A continuación, una síntesis de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

    —Las leyes presupuestales son la expresión financiera de los planes de cada gobierno. ¿Cómo describe la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo encabezado por Lacalle Pou?

    —Tiene dos grandes propósitos y varios pilares. Por un lado, reducir la brecha de pobreza que se ha generado. Eso básicamente con políticas que tratan de sacar a la persona de la pobreza de manera estructural, no transitoria. Naturalmente, hay políticas transitorias de alivio.

    Por otro, retomar la senda del crecimiento económico y que éste incluya en especial a los sectores más carenciados y a la clase media. ¿Qué es lo que hemos visto? Cuando uno toma la Encuesta de Hogares se ve que el ingreso total de 2019 contra el 2014 tuvo un aumento muy chico, de entorno a 2%. Ahora, cuando se analiza quién se quedó con ese incremento del ingreso resulta que, de la diferencia, los funcionarios públicos se quedaron más o menos con 24%, el 77% se fue en transferencias en general que hace el Estado y un 8% los que ganan rentas, mientras que los empleados privados —donde están los informales, la clase media— bajaron un 10% su ingreso en valor absoluto y en términos reales, para compensar lo otro.

    La riqueza la genera la producción y la actividad privada, básicamente, y el Estado solo da condiciones para eso en educación, salud e infraestructura. Con ese panorama, todo el aumento del ingreso está sostenido básicamente en transferencias del sector privado al público, ya sea vía sueldos u otras transferencias. Y en deuda, que es el déficit público. Ese no parece un escenario sostenible.

    A esto apuntan los pilares: fomentar la inversión que promueva el empleo en el sector privado; la mejora en la educación pública —que está probado es el mecanismo más inclusivo y dinamizador del progreso—; y una política dirigida a la primera infancia, que es donde se forma la capacidad intelectual de las personas. Estas cosas empiezan a romper con la informalidad, ya que el nivel de educación está totalmente relacionado con el nivel de ingreso.

    Otro pilar es la estabilidad. Si la deuda sube, sube, sube, y las finanzas públicas no son sostenibles, tampoco son sostenibles los programas ni las mejoras.

    Todo esto con la premisa de que el dinero de la gente no cae del cielo, que nosotros somos administradores públicos y debemos ser austeros por moral y naturaleza republicana. Y preservando la libertad de las personas y su libre accionar.

    —Producir crecimiento económico con la inversión como polea para así poder bajar los niveles de pobreza era un enunciado de los gobiernos del Frente Amplio, en particular de Danilo Astori como ministro. ¿No es el mismo planteo que se hace ahora?

    —El tema es llevarlo a la práctica. Por lo pronto, este presupuesto no baja la inversión pública sobre el Producto pese a todas las restricciones, cosa que sí pasó antes. Y aparte de esa inversión, vamos a pagar los cheques de las PPP, que en 2023 ya son más de US$ 300 millones por año.

    ¿Que la inversión privada es la palanca? ¡Y sí, es la palanca! Pero en los últimos años la inversión en general bajó más de 25%. Para que la inversión venga hay que darle condiciones, y más allá de la certeza jurídica y demás que el país siempre tuvo, claramente le cuesta venir a Uruguay. Según datos del Banco Mundial, más del 86% de los países del mundo tiene una tasa de inversión superior a la uruguaya. Son datos objetivos que van más allá de las intenciones. Ojalá nosotros podamos cumplirlas; en esto hay cuestiones de gestión y también de armonía.

    —¿A qué se refiere?

    —En el gobierno anterior lo que pasó fue que, más allá de que el ministro de Economía dijera esas cosas, las visiones eran tan, tan diferentes en algunos aspectos, tan frenadas, que no podía contrarrestarlas.

    Por otro lado, tenemos confianza de que, ante esta situación horrible que está pasando en el mundo, nosotros estamos saliendo razonablemente bien parados y eso nos pone en el radar de las inversiones.

    —En concreto, ¿cómo se expresa en el proyecto presupuestal ese propósito de estimular la actividad privada? ¿Es bajando el gasto público para poder aliviarle la presión fiscal?

    —Estamos haciendo una racionalización y reducción de excesos y despilfarros como forma de contener el gasto sin aumentar los impuestos. Eso da certezas a los privados sobre las reglas impositivas.

    Más allá de eso, ya fue anunciado un decreto donde se cambiarán los incentivos de la “ley de inversiones”, que se suma a otros recientes.

    Otro tema muy importante para el crecimiento es la apertura de mercados. Ya lo dijo el presidente: “Si no tenemos acuerdos generales, por lo menos vayamos por cuotas que rebajen aranceles”. Se está trabajando en eso firmemente y a conciencia de que el país lo precisa, y en algún momento va a lograrse. Eso dará un crecimiento muy importante.

    —El presidente transmitió en la reunión con la bancada oficialista de la semana pasada que se lograría bajar el gasto en unos US$ 1.100 millones al año. ¿Cómo se llega a esa cifra?

    —Uno tiene dominio sobre la parte de remuneraciones, gastos e inversiones y subsidios y transferencias; no hay control sobre los intereses y las transferencias a la seguridad social —que son dos rubros grandes— y las transferencias a las intendencias. El gasto sin estos tres conceptos estaría bajando en el entorno de 1,65% o 1,70% del Producto Bruto Interno en 2021 respecto a 2019. Hubo un gran esfuerzo de cada inciso para cortar los efectos de gasto y para comprender los programas, aunque alguna cosa quedó en stand by porque no dio el tiempo para concretar. Pero como son centenas de unidades, dependencias, pedacitos, al final hacen un número muy grande. Las empresas públicas, que tienen un plan de largo plazo, ahorrarían un 0,4%.

    Como dijo el presidente: no va a faltar una ambulancia —hay más— y no faltarán maestros. Preservando la esencia, enseguida salen a luz los excesos.

    —¿Eran tan evidentes?

    —Muchísimo. En esta oficina el gasto real salarial baja un tercio; es chica, pero un tercio es un tercio.

    —Desde el Frente Amplio siempre se ha señalado la dificultad de bajar gastos sin que se afecten los servicios y programas sociales. Se habla de la motosierra de la derecha.

    —Claramente hay lugares donde se puede reducir y es lo que estamos haciendo. Sin afectar los servicios.

    —El plan fiscal, que conduce a una estabilización del ratio de la deuda/PBI, ¿será suficiente para preservar el investment grade?

    —Creemos que sí.

    —Algunos dirigentes del Frente Amplio cuestionan que el ajuste del gasto se esté planteando en un momento de recesión y problemas sociales. ¿Qué responde a eso?

    ­—Si alguien realmente cree que con el gasto público vamos a crecer y esa es la fórmula verdadera para crecer, la evidencia empírica ha demostrado todo lo contrario. El gasto público puede ser fundamental como alivio y como contención en determinado momento. Pero con eso no crecemos. Lo que hace crecer la actividad es la inversión, el aumento de la oferta. Esa es la apuesta. ¿Vamos a seguir castigando al sector privado y a la clase media que paga los impuestos? En los últimos cinco años la cantidad de horas totales trabajadas bajaron 7,5%, ¡y naturalmente no bajaron las del sector público! O sea que las horas del sector privado bajaron como 10%. Eso es lo que se refleja en la baja de los ingresos. Es ese sector el que genera la riqueza y la fuente genuina para que la gente salga de la pobreza; la otra fuente es el conocimiento.

    —¿Cómo funcionó la coalición “multicolor” en la elaboración del Presupuesto?

    —Lo que hubo fue una interacción con los incisos y los organismos del artículo 220 de la Constitución. Hablamos de relaciones entre jerarcas que funcionaron muy bien; en el corto tiempo todos trabajaron de manera denodada y muy concientes de las restricciones que tenemos. Acá no hubo temas de política interna de los partidos.

    —El politólogo Daniel Chasquetti se refirió en un tuit a lo que llamó el “costo presupuestal de la coalición”, señalando que Cabildo Abierto es “el gran ganador” porque los ministerios que encabeza ese partido recibirán aumentos de partidas, como Vivienda y Salud Pública. Los del Partido Colorado no recibieron “ningún trato especial”. ¿Pesó la interna “multicolor” en la asignación de fondos?

    —Vivienda no recibió aumento de partidas, sino que cambiamos los programas porque algunos claramente mostraron no funcionar. Y Salud, ¡pregúntele a Salinas, pobre! No recibió partidas adicionales ese ministerio, que además es rector de las políticas. La salud como tal sí recibe partidas adicionales por algunas cosas que hay que hacer vinculadas a ASSE.

    Más allá de eso, no es un tema de Cabildo Abierto o el partido tal o cual.

    —En su razonamiento Chasquetti también podría dar como ganador a Cabildo Abierto por el aumento de los sueldos bajos de la tropa y la creación de cargos de alto rango en las Fuerzas Armadas.

    —Compare los sueldos de la tropa con los mínimos de cualquier otro lugar y va a ver cuánto más bajos son. Lo que hay en el presupuesto es un mínimo reconocimiento a personas que, además, las llamamos para cualquier cosa, como levantar basura cuando hay problemas en Montevideo.

    Los cargos en realidad se bajan; suben frente a una ley que nunca se aplicó. La reducción supera el 10% o 15%. Y cuando se ve el número que se ve allí no es muy diferente al original que el Frente Amplio decidió no aplicar y que responde a cierta racionalización de estructura. La idea es ir a un número bastante menor, adecuado a la realidad actual.

    —En varios artículos del proyecto presupuestal se plantean cambios en torno a los funcionarios públicos, como la posibilidad de declarar personal excedentario y la asimilación de algunos beneficios al sector privado. ¿Qué profundidad puede tener esa reforma?

    —No hicimos estimaciones porque le estamos dando tiempo a los incisos; cualquier cuantificación está sujeta a grandes errores. ¿Qué pasa en el fondo? Si no se tiene la estructura final, es difícil estimar y cada lugar es distinto.

    —¿Prevé resistencias a esos cambios?

    —Todos somos más o menos reacios a los cambios. Lo que está planteado es algo prudente y pensado para una organización bastante más armónica del Estado.

    El punto clave acá es otro: tenemos que ver resultados de gestión y dejar de medir las cosas por lo que gastamos o que no tienen sustancia al final. Decir: “¿Cuál es la sustancia tuya?, ¿es esta? Vamos a medir la sustancia”. Hay lugares donde los compromisos de gestiones son hacer tantos viajes para cursos o hacer tantos arqueos de caja en el año. ¡Esas son cosas normales que hay que hacer sí o sí!

    Tenemos que ir a metas cuantificables y asociadas a la gestión de la unidad, al costo-efectividad. En algunos lugares hemos visto programas que prestan la atención una vez por semana y cada beneficiario cuesta $ 14.000. ¡Por dos horas o una hora y pico de atención! Parecería que allí hay algo que cambiar.

    • Recuadro de la entrevista

    La economía y el Covid-19: se “mejora mes a mes”, pero aún sin poder “dar el salto”

    Economía
    2020-09-02T19:06:00