“Delicada situación” de Casmu y Casa de Galicia preocupa al gobierno

“Es una foto del momento, el proceso de autoevaluación aún no está culminado”, precisó una de las fuentes. Sin embargo, en la selección inicial se contempló a las que presentaban mayores problemas en sus balances.

El informe se hizo a partir de una ecuación entre los proyectos estratégicos de las mutualistas y la evolución de sus datos contables. Según dijeron a Búsqueda distintos informantes, la próxima sesión de la Junasa estará abocada específicamente a tratar la situación de Casa de Galicia. Las autoridades intimaron a la mutualista a que presente información sobre un fideicomiso de US$ 28 millones aprobado a mediados de 2019 por el anterior gobierno. Fue la manera de rescatarla de una posible quiebra. Casa de Galicia tiene actualmente unos 40.000 afiliados. Y está desde hace unos meses embarcada en un proyecto de reestructura y modernización de sus sanatorios.

La mutualista Casmu ya supo de momentos de zozobra. En el 2008, a poco de iniciada la reforma de la salud, bastión de la primera administración frenteamplista, el gobierno ideó un salvataje a través de la creación de un Fondo de Garantía que tenía al Casmu como principal destinatario. Se trató de un instrumento jurídico aprobado por el Parlamento para aliviar la crisis económica de una de las instituciones con más afiliados en todo el sistema mutual. Actualmente es la tercera con más socios —unos 164.000— por debajo de Médica Uruguaya (300.000) y Asociación Española (168.000).

Las dos instituciones del interior mencionadas arrastran problemas desde hace varios meses. Los funcionarios de Comett le entregaron en junio una carta al presidente Luis Lacalle Pou para denunciar la situación de precariedad que atraviesa la mutualista. En la misiva explicaron que ni siquiera están dadas las condiciones básicas para la atención de los pacientes. El caso de Comta, que ha tenido problemas para pagar sueldos de sus funcionarios, llamó la atención del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que en abril alertó mediante un comunicado sobre las dificultades financieras de la empresa y la preocupación por la posible afectación de puestos de trabajo.

El jueves 20, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), el sindicato que agrupa a los funcionarios no médicos del sector privado, hizo un paro en reclamo de medidas gubernamentales para mantener la estabilidad del sistema mutual. El secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, dijo en declaraciones a Telemundo que se plantea la pérdida de 140.000 cápitas a fin de año. Y que “eso va a hacer caer instituciones de salud. Por lo tanto, nos parece necesario que haya una intervención directa del Estado sosteniendo la viabilidad de las instituciones”.

En una entrevista publicada en Búsqueda el jueves 13, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, aventuró que es “altamente probable” que alguna mutualista “caiga” por la crisis pospandemia. Dijo que hay algunas que “están al límite y que esto les va a pegar en su línea de flotación“. Y advirtió: “El criterio de los gobiernos del Frente Amplio de que acá no se cae ninguna mutualista, este gobierno no lo tiene”.

Los copagos y el corralito. Hubo dos temas más arriba de la mesa en la reunión de la Junasa. Uno fue un reciente decreto que habilita el aumento de precio en los tickets y órdenes de consulta en las mutualistas —que provocó el rechazo de los médicos que entienden que esto no ha sido trasladado al aumento salarial—. Y el otro fue una propuesta para implementar un nuevo mecanismo de movilidad regulada de los usuarios que permita eliminar el llamado corralito mutual. Las autoridades sanitarias se mostraron afines a ir hacia un sistema electrónico que prescinda de intermediarios y garantice la libertad del afiliado a cambiarse de institución cuando lo considere necesario y no únicamente un mes al año, en febrero, como ocurre actualmente.