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Aunque las instalaciones de la cárcel de Punta de Rieles son nuevas, los presos prefieren ir al ex-Comcar o a otros recintos pese a que allí sufrirían más el hacinamiento. No les gusta tener que usar un uniforme con chip, ni que su ropa sea lavada en la lavandería, ni la comida que se sirve —aunque sea más saludable que la que le llevarían los familiares— como parte del servicio prestado por la empresa privada que, además, construyó el presidio. Tampoco los guardias se sienten a gusto por estar todo el tiempo bajo las cámaras. Otras experiencias de participación público-privada (PPP) enfrentan resistencias, por ejemplo, de los funcionarios de oficinas ministeriales acostumbrados a formas tradicionales de trabajar o de sindicatosque no comparten que un privado tenga la concesión a largo plazo de la limpieza de un liceo o escuela edificados bajo este régimen. Los cuestionamientos le llegan, incluso, del ámbito académico.
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De las PPP se empezó a hablar en Uruguay cuando se instalaba el primer gobierno del Frente Amplio y, casi dejando el poder, logró tener 13 proyectos, algunos ya concretados (como la cárcel de Punta de Rieles), otros en construcción (varios tramos de rutas, 44 jardines de infantes,15 centros CAIF y el Ferrocarril Central), varios adjudicados (rutas) y otros en trámite para su aprobación (viviendas). Fue una alternativa para enfrentar necesidades de infraestructura en un contexto de poca disponibilidad de fondos públicos para invertir. Se trata de contratos por los cuales un privado diseña, construye y mantiene ciertas obras por plazos largos, y en algunos casos también presta servicios vinculados (como la alimentación y la limpieza en Punta de Rieles). El Estado va remunerando al concesionario durante el tiempo de vigencia del contrato, y al vencimiento se queda con la infraestructura.
Según el gobierno entrante, dicho gobierno heredará una situación fiscal complicada—un déficit anual equivalente a más de 4% del Producto Bruto Interno—, pero a priori el régimen de PPP no le da más margen. Es que la ley que lo creó (N°18.786) estableció topes para su uso que están virtualmente agotados y no hay espacio para nuevos proyectos, dijo a Búsqueda una fuente ministerial.
El límite es doble. Por un lado, el total de pasivos “firmes y contingentes” por contratos PPP, calculado a valor presente neto, no puede exceder el equivalente a 7% del Producto Bruto Interno (PBI) del año inmediato anterior. Por otro, los compromisos anuales con los contratistas privados, originados en este tipo de proyectos, no deben superar el cinco por 1.000 del PBI del año previo. Según el informante, es posible que recién se abra espacio para nuevas PPP a mediados del próximo período de gobierno, dependiendo de cómo evolucione el Producto y la dimensión que tengan las iniciativas. Una posibilidad que pretende plantear el designado ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, es elevar ese límite. “Tenemos que saber si el ferrocarril no generó la situación de tope que tienen las PPP. Me parece que estamos ya cerca, en el tope, entonces no tengo margen. La primera pregunta es por qué el tope. Quién pone el tope, si hay un criterio internacional”, comentó el 20 de diciembre en Radio Carve, primero, y después en otros medios. “Aspiro a que crezca el PBI; yo no me quedo con este PBI, que está un poco estancado”, añadió, y dijo que sobre el tema debe conversar con la futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Heber insistió sobre esa idea durante una entrevista con Búsqueda (que se publica en la página 48). Desde el equipo económico del gobierno electo no dieron respuesta ante la consulta de Búsqueda sobre cuál es su posición al respecto.
El futuro ministro de Transporte y Obras Públicas pretende modificar otros aspectos del régimen. Entiende que su reglamentación es “muy garantista” y que eso le “quita eficiencia” a las PPP.
“Denostadas”
Entre Navidad y fin del año pasado se firmó el contrato en la modalidad PPP para el diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento de 23 escuelas primarias, nueve polos educativos tecnológicos y 10 polideportivos para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con una inversión prevista de US$ 72 millones. El acto se transformó en una defensa de este tipo de concesiones.
Alejandro Ruibal, director de Saceem —una de las empresas concesionarias—, cuestionó durante el acto que las PPP sean “apresuradamente denostadas”, cuando a su juicio han sido un instrumento positivo, si bien aún “está verde” en Uruguay.
El presidente de la ANEP, Wilson Netto, destacó que este régimen de concesiones hizo “sacudirse el polvo en muchísimos aspectos” a los equipos de su organismo. Dijo que hasta ahora el país “no tenía una política clara” para el mantenimiento de la infraestructura edilicia pública.
El director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, dijo de manera explícita que haría una “defensa de las PPP” porque “hay incomprensión” sobre cómo funcionan. Pensar que son solo un mecanismo de financiamiento es una “visión cortoplacista” y equivocada “de cabo a rabo”, ya que implican también “una transferencia de riesgos a las empresas” diferente a las adjudicaciones de obras clásicas. Además, el mecanismo crea “capacidades”, añadió.
