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    viernes 07 de junio de 2024

    “El devaluado derecho a la verdad”

    Sr. Director:

    “Entre trampas y distracciones, el voto es defraudado”. Hace unos días, leyendo la columna de Adolfo Garcé titulada El devaluado derecho a la verdad, dicho sea de paso, una brillante observación de la cada vez más pobre realidad sociopolítica en la que estamos inmersos, inmediatamente se me vino a la cabeza la llamada “historia reciente”, debo decir: la reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología, más concretamente la marxista. Relato que, trascurridos 40 años, mantiene a los uruguayos divididos e inmovilizados a instancias de los “derechos humanos” sin encontrar la verdad y bajo la sombra cada vez más oscura de la Justicia. Continúa habiendo solo mentiras e injusticias.

    Recientemente, en una ejemplar actitud de coherencia ciudadana, así como de responsabilidad ante sus representados, compromiso con su función y valor político para enfrentarse a la —inconcebiblemente— intacta hegemonía cultural de la izquierda, el diputado Carlos Testa, convencido de que en la legislatura antepasada de desoyó la decisión de uruguayos en dos instancias electorales (referéndum de 1989 y plebiscito de 2009), ratificadoras de que para el Estado caducaba una eventual pretensión de punir a militares, policías y ciudadanos civiles por causas relacionadas a la guerra interna que padeció nuestra nación en las décadas de los 60 y 70, presentó un proyecto de ley a los efectos.

    Sabido es que, dentro de nuestro cuerpo normativo, la Constitución de la República —pináculo de la jerarquía jurídica— es considerada fuente, pilar y garantía del sistema institucional, además de matriz de todas las leyes, referente instrumental del Estado de derecho y base de la convivencia social. Asimismo, varios de sus artículos reconocen en el voto ciudadano la expresión superior e incontestable de la voluntad nacional. Por ello, no hay instancia, en el Parlamento, en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Ejecutivo y —no debería haberla— en ninguno de los tribunales internacionales, que goce de mayor legitimidad que la expresión del soberano, cuando conforme a las leyes electorales vigentes se expresa respecto a los asuntos sobre los que ha sido consultado.

    Es así que, consultados, los orientales manifestamos en forma clara y contundente nuestro deseo de que los policías, los militares y los civiles que combatieron y derrotaron al terrorismo que atentó contra el Estado —sus instituciones, sus autoridades y sus conciudadanos— no deberían ser alcanzados por la Justicia ante eventuales reclamos o acusaciones. Posición ratificada ¡en dos oportunidades!, por lo que resulta lisa y llanamente incontestable.

    A pesar de ello, en el año 2011 la voluntad popular de mantener la vigencia de la “ley de caducidad” fue torcida por una bancada parlamentaria que, con una mayoría circunstancial conseguida a los ponchazos, votó una norma interpretativa que, en los hechos, vino a invalidar la “ley de caducidad”. Y al decir del diputado Testa, más de la mitad de la ciudadanía se sintió “estafada”.

    Ley esta que, por su irreprochable proceso legislativo, a) inicialmente votada por el Parlamento (en una democracia representativa), b) promulgada por el Poder Ejecutivo, c) además, declarada constitucional por la SCJ, y d) ratificada en dos oportunidades por el voto popular, ocupa el primer lugar en el podio como la más legitimada de las leyes que registran los anales parlamentarios de nuestro país. Así pues, cuando el legislador sirviéndose de cualquier artilugio político, desconoce la voluntad del soberano está minando los cimientos de la Constitución.

    Hoy, los legisladores de la coalición de gobierno que abogan francamente para que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado recupere su capacidad jurídica son los de Cabildo Abierto en general, con alguna respetable excepción, y el diputado Testa en particular. En los demás partidos, se empiezan a oír voces que tímidamente expresan conformidad con la idea.

    El espíritu de su proyecto, más allá de “sentirse legalmente estafado” como ciudadano, al igual que miles de ciudadanos a los que representa, atiende “otro derecho vulnerado”: el de los “prisioneros políticos” y de quien sabe cuántos más encausados por la fiscalía especializada en “lesa humanidad”. Fiscalía que, arguyendo los “compromisos del Estado” y la “obediencia jurídica debida”, se afilian sumisa, aunque placenteramente, a los dictados de las “cortes internacionales”. Situación que, desde el punto de vista de la jerarquía de nuestras normas jurídicas, así como de nuestra soberanía como nación, se advierte igualmente comprometida.

    A diario sentimos que esas personas (civiles, policías y militares) caen bajo la saña de la ilegalidad, y al ser considerados fuera del encuadre de las normas jurídicas que derivan de lo que consagra la Constitución —por igual para todos los habitantes del país—, sin contar prácticamente con ningún derecho que los ampare. Y a partir de allí, todo es posible contra las víctimas.

    Parten del principio “literalmente subversivo” de que lo que existe es presunción de “culpabilidad” y “no de inocencia”, o al decir de algunos juristas “se usa la ideología para la construcción de hechos”. Se las juzga por rumores, indicios o inferencias, sin pruebas ni testigos directos y sí de oídas; se las juzga porque alguien recuerda un apodo, por el color de ojos del acusado, o por haber estado cerca de donde se cometió el supuesto delito; por haber vestido uniforme o estar de particular; por “autopsias históricas” —sin cadáveres—, etcétera.

    Así, en los estrados donde se perpetran estos ultrajes prevalece el desprecio por la más elemental traza de garantía procesal. Y eso no es justicia, eso es una ejecución jurídica. Se las procesa y condena sin miramientos: a la edad —porque son ancianos—, a la salud —porque están enfermos— ni a la angustiante situación familiar que se les provoca. Estas personas, que sufren y son humilladas en sus mínimos e íntimos fueros, para el derecho prácticamente no existen.

    El perdón es un derecho humano. Perdonar es un acto superior, que libera y deja atrás el resentimiento, el rencor y el sentimiento de venganza. Por ello la Constitución, al igual que el indulto y la amnistía, los reconoce.

    La caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue un acto político-jurídico que, más allá de su nombre, pretendió poner fin a una dolorosa etapa de nuestra historia y apuntar a la reconciliación de los orientales.

    Resulta por demás obvio decir que, con cada uno de esos juzgamientos, se está defraudando el voto ciudadano (la voluntad de perdonar), expresado como cuerpo soberano electoral. Por tanto, no podría haber juez o tribunal en el país, ni corte internacional alguna, que desconozca nuestro “derecho a expresarnos”, que “viole la voluntad expresada y ratificada” y “nos imponga lo contrario a lo decidido”, porque así lo decidieron los legisladores del Frente Amplio con una mayoría falsa y circunstancial.

    No es correcto y no es justo que este gobierno de coalición ratifique, en los hechos, las arbitrariedades cometidas por el Frente Amplio. El hecho de que estos hayan violado la Constitución no implica que el gobierno que los ha sucedido la siga violando.

    Quienes llevamos al Dr. Luis Lacalle al poder votamos con mucha esperanza un cambio, y la defensa de los “derechos del ciudadano”, así como la exigencia del “compromiso del legislador”, pasan por ahí.

    Para este y otros tantos asuntos, el momento impone actitudes y posturas como las del diputado Testa. Entendemos que la coalición, en su conjunto, debe acompañar a Cabildo Abierto en este propósito.

    Sería un error político mayúsculo simplificarlo pensando que es un tema que se agota en la liberación de los prisioneros políticos y, por tanto, atañe y preocupa solo a los militares y policías. Está lejos de ser así.

    Es ahora, y se puede.

    Dr. Efraín Maciel Baraibar

    Cartas al director
    2022-10-26T23:20:02