“En modo alguno” allanamientos que se hicieron en colaboración con Argentina son un cheque en blanco, dijo fiscal de crimen organizado

Esa preocupación llegó al sistema político, y a la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte, quienes solicitaron informes sobre lo actuado.

Gómez afirmó que el operativo no tuvo como marco el convenio sobre información tributaria que fue firmado entre ambos países, sino que se llevó adelante por la solicitud de colaboración de la Justicia argentina al amparo de una ley que aprobó un protocolo de asistencia jurídica.

De hecho, el juez argentino Norberto Oyarbide, que lleva la causa en Argentina, estuvo el lunes 10 durante unos minutos en la sede de crimen organizado de la calle Buenos Aires.

El fiscal aseguró que ninguno de los abogados de los bancos involucrados se quejó ante la sede. El abogado del Royal Banc Canada es el penalista Jorge Barrera y el letrado que patrocina a Alehc Group es Gastón Chávez.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Búsqueda realizó con el fiscal Gómez el miércoles 26 apenas unos minutos después de que se terminara una audiencia por este caso.

—¿Cuál fue el objetivo de los allanamientos que se hicieron en oficinas del World Trade Center y de Zonamérica hace un par de semanas?

—El objetivo fue cumplir con la solicitud de cooperación realizada por autoridades de la República Argentina, cursada al amparo de la Ley 17.415, que aprobó en nuestro país el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, celebrado por los países que originariamente integraban el Mercosur. Tal solicitud fue gestionada el lunes 10 de junio directamente por el magistrado judicial argentino requirente, Norberto Oyarbide, en forma personal y se llevó a cabo en un procedimiento internacional, cumplido en varios países en forma conjunta, el día 13 de junio.

—¿Esa medida se produjo en el marco del convenio tributario firmado entre ambos países?

—Tajantemente no, ese convenio no fue siquiera mencionado por ninguno de los operadores vinculados a las medidas en cuestión, ni por el juez argentino ni por nosotros.

—¿Qué hubiera pasado si Uruguay se negaba a colaborar en ese operativo?

—A mi juicio el Estado uruguayo ha honrado siempre sus compromisos internacionales y la falta de cooperación, no justificada, incidiría negativamente en la consideración internacional del país.

—Los allanamientos generaron nerviosismo en algunos operadores financieros. ¿Esto supone una carta en blanco para que Argentina pueda llevarse información de particulares?

—En modo alguno. El sistema judicial es cuidadoso, como debe ser, en la protección de la seguridad jurídica de todas las personas, sean físicas o jurídicas, que actúan conforme a derecho.

Se requirió información sobre un grupo de personas físicas y jurídicas concretas y no sobre los restantes clientes de las instituciones allanadas, no existiendo riesgo de clase alguna, de que se utilicen informaciones de clientes ajenos al objeto de la cooperación, en ninguna circunstancia.

Es más, la información que se brinde, si fuere el caso, será analizada por peritos uruguayos.

—¿Quiénes serán los peritos uruguayos que analizarán la información?

—Del Instituto Técnico Forense y la Secretaría Nacional Antilavados y en el caso de los soportes informáticos por un perito del Crimen Organizado. Posteriormente eso contará con el aval del Ministerio Público y en última instancia de la juez actuante, la doctora Adriana de los Santos, para recién en esa instancia concretar la cooperación. Quiero agregar que esa solución está expresamente consagrada en el artículo 23 del Protocolo, cuando se condiciona la entrega de documentación si ésta contiene la información que justifique la medida propuesta.

—¿Qué rol cumplieron los veedores argentinos presentes durante lo allanamientos?

—El de mero observador, se trataba de peritos contables.

—¿Usted y la jueza De los Santos controlaron que se cumplieran las garantías?

—Naturalmente que sí. Por eso mismo la presencia personal de ambos, en actos de allanamiento diferentes, dada la simultaneidad de la medida. Hemos, tal como acostumbro, realizado el mejor esfuerzo intentando el respeto de todas las personas involucradas, de una forma u otra, en este tipo de medidas.

—Algunos observadores señalan que usted llegó tarde al allanamiento que se hizo en Zonamérica y que durante un buen tiempo la Policía actuó sola. ¿Qué puede decir al respecto?

—Sin ánimo de polemizar con nadie, ya que ello no es función de un representante del Ministerio Público, debo señalar que llegué al lugar apenas unos minutos después de que lo hiciera la Policía, en compañía de un perito de la Secretaría Nacional Antilavados, que participó en el acto de allanamiento. Cualquier empleado de la institución allanada puede confirmarle lo que acabo de manifestarle.

—¿Cómo sigue ahora este procedimiento?

—Por disposición del Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado serán los peritos uruguayos quienes estudiarán la documentación y lo que tenga relación con el objeto del exhorto se enviará al requirente y todo lo demás será inmediatamente devuelto a las empresas.

Debo destacar que sólo se brindará información que esté relacionada con los delitos investigados, excepto los tributarios. Se liberaron las 3.000 carpetas relacionadas con los clientes de una de las instituciones en 24 horas y las incautadas fueron proporcionadas por los responsables de una de ellas expresamente. Por último se debe señalar que se devolverá la información contenida en los discos duros incautados, una vez copiada, a la brevedad.

Quiero destacar que la actuación de la Justicia uruguaya fue absolutamente ajustada a derecho, no existiendo cuestionamiento alguno de los distinguidos abogados que asisten a las empresas allanadas en cuanto a los procedimientos seguidos.

Este Representante de la Causa Pública tiene presente la defensa de nuestro Orden Público y otros intereses esenciales del Estado uruguayo, potencialmente afectado si no se honraran los Convenios y Protocolos signados por el país.