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Los puestos directos a tiempo completo para lograr la operación regular de los emprendimientos de energías renovables en el país totalizan 6.687. Eso equivale a aproximadamente la mitad de los empleos asociados a las actividades de producción y distribución mayorista de energía, las que engloban en torno a 1,1% de todos los ocupados.
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Según Sebastián Parrilla, un especialista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que coordinó un estudio sobre “empleos verdes” en el sector de las energías renovables en Uruguay, la posible aparición de nuevos proyectos que creen más puestos resulta “limitada a corto plazo por el equilibrio ya logrado entre oferta y demanda energética a partir de las inversiones en la última década”.
De acuerdo a la información relevada por el experto, en 2017 quedarán operativos los últimos parques eólicos o solares previstos y no se prevén nuevas licitaciones para su instalación hasta el 2023.
Mercado.
La consideración respecto de los eventuales excedentes de energía eléctrica en el país presenta matices entre los diversos actores del sector, afirma el investigador. Dice que algunos sostienen que hay un alto grado de saturación de la oferta, mientras que otros no lo perciben como algo negativo sino como un “blindaje” que vale la pena poseer ante la eventualidad de tener que utilizar las centrales térmicas basadas en fósiles o bien importar energía eléctrica.
En este sentido, de desarrollarse “como se espera”, los proyectos de una nueva fábrica de pasta de celulosa (que volcaría entre 80 y 100 MW firmes adicionales a la red eléctrica nacional) y la construcción de la planta regasificadora (que aumentaría la oferta a menor precio de gas natural), “se limitaría el espacio disponible para promocionar otros proyectos energéticos renovables en los próximos años”, afirma Parrilla.
Biocombustibles.
El subsector de los biocombustibles es el único que genera empleos directos de carácter zafral que se mantienen regularmente año a año, principalmente en el abastecimiento de la materia prima para el proceso industrial. Son 1.889 puestos (a tiempo completo equivalentes por año).
El especialista de la OIT sostiene que los escenarios de futuro sobre los cuales se promovió el desarrollo de este subsector en el país “no se han verificado en la realidad”.
Aludiendo al proyecto de Alcoholes del Uruguay (Alur), añade que es un emprendimiento con objetivos sociales (empleo, combate a la pobreza, descentralización territorial, soberanía energética), ambientales (disminución de emisiones de gases de efecto invernadero) y económicos. “El foco prioritario en una u otra dimensión de la sustentabilidad ha variado según el momento. Las señales de política apuntan a profundizar la racionalidad económica del sector, sin descuidar los aspectos sociales por la cualidad socioeconómica-ambiental del emprendimiento, manteniendo el cumplimiento legal de los niveles de mezcla definidos. En lo ambiental y social, no se ha podido superar el desafío de minimizar en la zona de Bella Unión la dependencia del monocultivo a gran escala (caña de azúcar), como lo indican las dificultades afrontadas en la producción sobre la base de alternativos como el sorgo dulce o boniatos, actualmente discontinuadas”, sentencia.
Por otro lado, señala que “algunas empresas del sector de residuos de biomasa también atraviesan serias dificultades de sostenibilidad, que hacen necesario un análisis de costo-beneficio con mirada integral acerca de las consecuencias de un eventual cierre de los emprendimientos, considerando la perspectiva económica, pero también la social (empleo y descentralización territorial) y la ambiental (formación de potenciales pasivos ambientales derivados de la acumulación o abandono de residuos de biomasa)”.
