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En un top ten que suele repetir figuras —como Nicolás Jodal, Carlos Lecueder y Orlando Dovat—, en la última edición del Ranking Merco Líderes empresariales de Uruguay también volvió a estar la abogada Verónica Raffo, socia del estudio Ferrere. Entre los 100 ejecutivos más reputados, 22 eran mujeres, en algunos casos dueñas de empresas con participación directa en la gestión y, en otros, ejerciendo como directoras o gerentes en distintas organizaciones.
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La edición de este año del sondeo elaborado por la consultora Merco, publicada en mayo en el suplemento El Empresario de El País, perdió a una mujer entre los 10 ejecutivos destacados, ya que Teresa Cometto, de Unilever, había figurado sexta, por detrás de Raffo. También la lista completa del último ranking tuvo menos presencia femenina que en su versión previa (19).
Esa composición no es sorprendente. Casi cuatro de cada 10 (37%) directores o gerentes de empresas en Uruguay encuestados para una investigación académica admitieron que existen condiciones diferenciales para el acceso de las mujeres a puestos directivos en las compañías. Hay una “segregación ocupacional en el mercado de trabajo” que responde, por ejemplo, al hecho de que ellas abandonan su carrera para atender responsabilidades familiares y de cuidados, o que en la selección de ejecutivos hay preferencia por varones debido a la “persistencia de una cultura machista”, surgió de esa investigación realizada por integrantes del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, cuyos resultados se presentaron hace pocos meses.
“¿Quebraron?”
“¿Existen mediciones sobre los efectos que han tenido este tipo de medidas en el resultado económico de las empresas?”, preguntó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Gonzalo Lorenzo, a una académica española que estaba exponiendo acerca de las cuotas de género en los órganos de dirección corporativa aplicados en Europa.
“¿Si quebraron?”, acotó, en tono de broma, una de las moderadoras de ese foro organizado el jueves 8 por el Instituto de Derecho Comercial (IDC) de la Facultad de Derecho estatal. La profesora de la Universidad de Valencia María José Vañó reconoció que el último estudio al respecto que vio no arrojó un resultado claro, pero se expresó a favor de los cupos femeninos en la conducción corporativa: “Hay que buscar a las personas más competentes independientemente del género, pero las mujeres no están llegando”. Esa opinión proclive a debatir mecanismos de ese tipo, también en Uruguay, pareció unánime en ese foro académico.
Paola Maeso, del IDC, preguntó a modo de reflexión si es necesario incorporar a la legislación uruguaya una norma que imponga la cuota femenina en los cargos de conducción y en qué porcentaje. Consideró que a escala local “falta profundizar en la discusión” y destacó como un primer paso “poner el tema sobre la mesa”.
Uruguay carece de una normativa específica en esta materia, como sí tiene algún país de la región. En Chile se apunta a un aumento progresivo de la participación femenina (a 10%, luego 20% y finalmente 40%) con argumentos de “equidad” y de dotar de “diferentes criterios” a los órganos de decisión en las empresas, lo que a su vez tendría un “efecto ejemplificador o de caracol” para que las mujeres se animen a aspirar a cargos en otras áreas, explicó Maeso.
Pero los “pioneros”, dijo, han sido los europeos.
Francia dio los primeros pasos en 2011 con una norma para garantizar una cuota directiva para mujeres en empresas de más de 1.000 empleados. En ese país se busca llegar al 40% de participación en el 2027.
Vañó comentó que la Unión Europea acordó imponer cuotas para que ellas lleguen también a ser 40% de los consejos de administración en las compañías estatales o las privadas con más de 250 empleados. Según dijo, existe un consenso político para ir hacia un 33% en 2026. “El voluntarismo o la recomendación no funciona”, subrayó, luego de decir que habrá sanciones para aquellas corporaciones que incumplan.
A raíz de las leyes ya implementadas, en Noruega, Francia y Suecia las mujeres han elevado su participación en la conducción de las empresas. España va más lento, sostuvo la académica valenciana.
En Argentina no existen normas nacionales, pero sí hay provinciales, que fijan un mínimo de participación femenina en los directorios. Gabriela Boquin, fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial de ese país, dijo que se trata de un “tema candente” que “está tocando la puerta” en América Latina. En su opinión, el sector público debe “dar el ejemplo” y allí se deben imponer “metas y plazos” para incorporar la obligatoriedad de tener mujeres en los órganos de conducción.
El mercado va adelante
“Evidentemente el tema está arriba de la mesa” en eventos académicos, con opiniones a favor y en contra, reflexionó por su lado Alejandro Miller, del IDC.
Dijo que, en caso de ir a un sistema de cuotas obligatorias en Uruguay, desde el punto de vista del derecho —y no con perspectiva de género— sería necesario buscar una compatibilidad con las sociedades privadas cerradas (que no cotizan en bolsa), que son la “inmensa mayoría” en el país. Explicó que en la ley vigente está implícito que, si la empresa va a realizar una actividad comercial organizada con base en aportes que asumen un riesgo, “evidentemente quienes más aportan más riesgo asumen. Ergo, más incidencia podrían tener dentro de la administración”. Frente a ese dilema, Miller señaló que muchos países han optado por una “vía primaria, oblicua”, de imponer la cuota en las sociedades “donde el capital es estatal” o eventualmente en aquellas abiertas en la bolsa de valores, porque recurren al capital público.
En Uruguay, algunas sociedades anónimas cuyo dueño es el Estado tienen a mujeres como directoras. En la Distribuidora de Combustibles (Ducsa), propiedad de Ancap, son dos en cinco, pero es un caso raro. Más allá de eso, este no es un asunto que se encuentre instalado en la agenda política actual.
Desde la platea del foro organizado por el IDC, María Michelena, directiva de la Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay (OMEU), dijo que “el mercado va un poquito adelante que la ley” y que la influencia positiva de la equidad de género en los directorios está comprobada en el valor de las acciones de empresas que cotizan en bolsas de economías avanzadas, por ejemplo. También en la preferencia de los consumidores por aquellos productos o compañías que tienen en cuenta estos valores.
Michelena advirtió sobre la importancia de los “tiempos” y la “gradualidad” para la eventual adopción de mecanismos de “igualdad de oportunidades” por la vía de la obligatoriedad, ya que esto tiene “correlación con la práctica empresarial”, así como en las políticas educativas y de capacitación a futuro.