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Para la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), aunque el precio de los combustibles en América Latina y en Uruguay “es político”, la reforma que el actual gobierno definió para fijar las tarifas “es positiva”, dijo a Búsqueda su gerente, Federico de Castro.
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“Un gran mérito de la reforma es que todos los uruguayos, el que va en la motito o en auto, hablamos del PPI (precio de paridad de importación). Capaz que todavía no saben bien lo que es, pero se habla del PPI y que el gobierno no puede fijar el precio por encima de eso”, señaló. Por eso, para De Castro, “ni este gobierno ni los que vengan —por lo menos en el mediano plazo— van a poder volver a fijar el precio por encima del PPI, porque la presión social que van a tener va a ser enorme”.
En esa línea, afirmó que el PPI “le pone un techo” al precio del combustible, que ahora “no se ve” dada la coyuntura de incremento de los energéticos global.
Además, el ejecutivo destacó que se haya eliminado la obligación de mezclar biodiesel en el gasoil —algo que proponía la Unvenu— porque es una acción directa para bajar el precio al público, aunque ahora no se pueda apreciar.
También señaló como un “acierto” la “rejerarquización” de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), porque Ancap dejó de ser “juez y parte”. Sin embargo, apuntó que el regulador debería seguir ajustando el PPI “para ser más estricto con Ancap” y hacerlo “más justo”. Consideró que ese precio de referencia todavía contempla costos que Ancap no tiene o que se le reconocen como eficientes y que “inflan” el valor. “¿Por qué Ancap no está quebrada si está vendiendo por debajo del PPI hace un año? Está ganando plata. No resiste análisis, tendría que estar recontraquebrada. No lo está porque el PPI le contempla costos que no tiene”, señaló De Castro.
También aludió a la necesidad de quitar los “subsidios cruzados” del combustible, como el del supergás, que, aclaró, “no es responsabilidad de Ancap” y significan más de US$ 100 millones anuales. Lo mismo, dijo, con el fideicomiso del boleto, que opinó hay que cambiar la fuente de financiamiento, porque significa $ 3,48 por litro más IVA en el gasoil. “Sinceremos la discusión”, reclamó. Dijo, a su vez, que si bien se están tomando algunas acciones para “atacar esos temas, hay que ver si dan los tiempos políticos y si está la voluntad”.
“Un disparate”
De Castro enumeró las bondades del sistema de intermediación uruguayo, que, dijo, están “naturalizadas” porque el combustible vale lo mismo en cualquier parte del país y no hay problemas de calidad ni cantidad en el suministro como pasa en otros países. Evaluó que si bien es “perfectible”, la distribución secundaria que tiene Uruguay es “modelo” en la región.
Contrastó que “hay un montón de cosas que funcionan mal” y el “mercado de GLP ¡es un desastre! Ahí es donde hay que trabajar fuerte”.
El gerente de la Unvenu dijo además que en el país hay una estación de servicio cada 7.000 habitantes y que esa relación es de las más altas en América Latina. Por eso, para él “sería un disparate” si en la próxima etapa de la reforma —que causa “nerviosismo” entre los mayoristas y minoristas y lleva dos prórrogas pedidas por el regulador— se permitiera que se abrieran “de forma indiscriminada” más estaciones de servicio. Si se habilita a las distribuidoras a tener más estaciones propias (hoy el tope es de cuatro) los volúmenes comercializados individualmente por los estacioneros “van a bajar y los márgenes no van a alcanzar para pagar los costos”, señaló. Y enseguida razonó con tono de sugerencia: “No creo que la Ursea tome ese camino, porque le sacaría eficiencia al sistema. En realidad no necesitamos más estaciones. Si uno pensara en el sistema actual pero más eficiente, lo ideal es que hubiera menos”.
Para De Castro, cuando el gobierno pensó en introducir algunos de esos cambios, por ejemplo, para que haya más competencia, “quienes los diseñaron no tenían todos los elementos” o “no conocían suficiente el mercado y las particularidades del sistema”. Explicó que cuando decían que era “lógico y deseable” que los grandes consumidores paguen más barato el combustible “se dieron cuenta de que eso ya ocurre” hoy, a través de convenios que tienen productores de arroz, de madera y otros clientes de gran dimensión.
El gerente de la Unvenu alegó que “muchos de los que hablan de competencia después no quieren los efectos que ello tendría en el mercado”, que a su juicio sería la “suba del precio”, como —afirma— ha ocurrido en la región y en el mundo. “Este es un producto que tiene una demanda totalmente inelástica y hay que mirarlo con una visión distinta, porque no es el mercado de las galletitas, los alfajores y el dulce de leche. Es un producto distinto, donde a pesar de que subió el precio la venta creció”, argumentó. Por ello, para el ejecutivo, es preciso mantener los “equilibrios actuales del sistema, porque funciona bien”.
Afirmó que se puede discutir cuánta eficiencia más se puede ganar en la cadena de distribución secundaria, pero puso en duda que se puedan hacer ahorros relevantes. Como ejemplo, dijo que el costo del flete (de $ 0,57 por litro) quizás baje “cinco centésimos” con el cambio que se plantea para que lo absorban las distribuidoras. A su juicio, “no tiene sentido” que esa diferencia sea “capturada” por los privados, cuando Ancap hizo cambios en logística y horarios en el despacho que le generaron mayores costos.
Sin embargo, sobre la bonificación o margen que ganan las distribuidoras, el gerente de la Unvenu sugirió un análisis más cauto.
En el gasoil, el margen de los intermediarios mayoristas es de $ 1,60 por litro. Planteó “analizar cuánto valor le agregan al sistema Ducsa, Disa y Axion, y en función de cuál sea la respuesta concluir si ese margen es caro o barato”.
El margen para las estaciones es de $ 5,50 por litro, informó, y defendió el “valor” que agrega la venta minorista con 475 puntos en todo el país y 8.300 trabajadores.
