“Junta anticorrupción” pide acceso a datos bancarios y tributarios

El proyecto, que fue aprobado en Diputados, aumenta la cantidad de personas obligadas a presentar declaraciones juradas, permite que la Jutep abra el 5% al azar para analizarlas e incluye mecanismos para que varios centenares tengan una versión accesible al público. Esto implicaría un cambio, porque hasta ahora solo se publican la del presidente y el vicepresidente. La iniciativa fue presentada en 2016, cuando la corrupción se instaló de lleno como una preocupación en la región, y avanzó lento en el Parlamento.

Gil sostuvo que hoy se hace “muy poco” con las declaraciones. “El resultado en términos de información, de detección de situaciones, es pobrísimo”, dijo. “No se abren más de 10 al año, generalmente menos. Básicamente se abren a pedido de la Justicia. Si lo pide la Justicia, es porque el lío ya se armó; estamos corriendo de atrás sobre un caso que ya saltó”.

El titular de la Jutep opinó que el sistema “no cumple ninguna función preventiva ni de análisis” y que para mejorar su efectividad es necesario que a los funcionarios públicos les quede la sensación de que si hacen algo mal o mienten, es posible que los detecten. Para alcanzar ese objetivo, según Gil, no es suficiente con permitir que la “junta anticorrupción” abra anualmente y al azar el 5% de las declaraciones juradas, sino que habría que afinar cuáles estudia.

“Si en la situación actual hablo de 55.000 funcionarios, de los cuales 30.000 o 40.000 son de bajo riesgo, puede suceder que el 5 % caiga en personas que son de bajo riesgo y quede el alto riesgo sin evaluar. Por tanto, considero que sería mejor hacer segmentos de riesgo y analizar el 5 % de cada uno de ellos, o analizar el 10 % del sector que implica más riesgo, siempre que se cumpla el 5 % en su totalidad”, sugirió.

Recurrir a un análisis de riesgo para elegirlas implicaría, por ejemplo, que de los miles de funcionarios del Ministerio del Interior, se puedan abrir las de sus autoridades, de las “unidades de drogas o vinculadas al control de fronteras”.

Aun si toman esa propuesta, Gil considera que no será suficiente. Que la Jutep necesita algo más para investigar y perseguir la corrupción. “La junta está limitada por secreto bancario, secreto tributario y todos los secretos. En consecuencia, si no se levantan las barreras que impiden acceder a la información clave, la apertura de una declaración solo va a servir para saber si el declarante se equivocó bastante, si ‘metió mucho la pata’”, explicó. Es clave para las autoridades del organismo poder ejercer un “control de contenido” de lo declarado, porque si no, el funcionario “nunca va a tener percepción de riesgo” de ser atrapado. Al respecto, Gil fue claro: “Sin eso este sistema no podría funcionar”.

Minutos más tarde, el presidente de la Jutep insisitó en la importancia de poder analizar el contenido de la declaración jurada que abra el organismo. “Nos parece que va de la mano de un proyecto que es mérito de esta comisión y que fue aprobado por la Cámara: el de enriquecimiento ilícito. Una de las formas de detectar enriquecimiento ilícito es la apertura analítica de las declaraciones”, dijo.

Conflicto

Gil planteó a los senadores la necesidad de mejorar el trabajo de prevención sobre el “conflicto de interés” público y privado. El jerarca dijo que es un tema que hoy “preocupa mucho” y que por eso es necesario mejorar la prevención.

“En Uruguay el conflicto de intereses es un tema importante por las características de la economía, por el tamaño de la sociedad estructural del Estado, y por el hecho de que el pasaje de la actividad pública a la privada, o de la privada a la pública, no necesariamente es una mala noticia pero hay que pensarlo adecuadamente”, concluyó.