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“Lo básico es la necesidad de subsanar una inequidad”
Dos senadoras de diferentes partidos y una integrante de Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya explican el proyecto de ley que establece una cuota de género en espectáculos musicales con financiamiento público
Mónica Navarro, una de las impulsoras del proyecto. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS
La noticia resonó fuerte la semana pasada. Sobre el cierre del período legislativo, las senadoras Sandra Lazo (Frente Amplio) y Gloria Rodríguez (Partido Nacional) presentaron un proyecto de ley que tiene por fin “regular el acceso de artistas mujeres y disidencias” a las grillas de los espectáculos musicales auspiciados por el Estado. El texto propuesto establece una cuota paritaria (50%) de integrantes mujeres y “disidencias” en los espectáculos musicales —tanto para conciertos en vivo como en plataformas virtuales— con al menos dos artistas o grupos, en una o más jornadas y que sean auspiciados por el Estado o que sean apoyados, “de manera directa o indirecta”, con dinero público. En la exposición de motivos se adopta el término “disidencia”, difundido desde hace poco tiempo por los movimientos feministas a escala internacional, como el conjunto de “identidades y corporalidades que difieren de la heteronorma hegemónica”. El concepto disidencia engloba a los colectivos LGTB+ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer) y a los nuevos colectivos “no binarios”.
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La cuota propuesta alcanza tanto a la cantidad de solistas en las grillas de festivales como a la integración interna de las bandas, justamente cuando el artista actúa bajo el formato de banda y no de solista. En este caso, solo se tendrá en cuenta el género del artista y no la cantidad ni la composición interna de sus instrumentistas.
Se trata de una iniciativa legal gestada desde la sociedad civil: la organización responsable del proyecto es Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya (Mydmus), que inició el proceso en el período legislativo anterior, junto con la entonces diputada por el Frente Amplio Manuela Mutti. En la exposición de motivos del proyecto, que ingresará al Parlamento en 2022 por la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado, se indica que se busca garantizar el acceso equitativo a las oportunidades laborales, la visibilización de su arte, fortalecer la identidad de estos sectores de la sociedad, a los que se define como “sujetos culturales decisivos”. La propuesta busca también “democratizar la distribución de los dineros públicos” volcados a actividades musicales apoyadas por el Estado y persigue el fin de igualar la remuneración que reciben quienes participan de ellas.
Consultadas por Búsqueda, Lazo y Rodríguez coincidieron en responder que si bien ellas no son las redactoras del texto, actuaron en representación de la bancada bicameral femenina, que decidió patrocinar el proyecto de Mydmus y darle ingreso al Parlamento tal como fue concebido. Ambas legisladoras expresaron su apoyo total al espíritu del proyecto y coincidieron en que “se busca subsanar una injusticia permanente en la música uruguaya”. También manifestaron que, como es lógico, una vez que el proyecto reciba tratamiento parlamentario, se someterá al correspondiente debate, se tendrá en cuenta la opinión de todas las partes involucradas y podrá, eventualmente, tener modificaciones. Además, coincidieron en la importancia estratégica de “dar estado parlamentario” al proyecto antes del 15 de diciembre —cuando terminó el período legislativo de 2021— para que pueda ser ingresado a comisión “lo antes posible”, en 2022. “En muchos temas podemos estar en las antípodas, pero este nos encuentra juntas”, afirmó Lazo. “Es un proyecto necesario, que viene de la sociedad civil organizada; está muy bueno que las organizaciones sociales presenten proyectos y que el Parlamento sea el canal de legitimación”.
El texto no hace distinción numérica entre mujeres y disidencias sino que engloba a ambos colectivos en el 50% al que se aspira. Tampoco tiene en cuenta el tiempo de trayectoria, con la intención de igualar artistas emergentes y experimentadas. Se indica además que la inclusión del 50% de mujeres y disidencias alcanzará también un criterio geográfico, ya que, en el caso de festivales organizados en el interior, deberán ser artistas locales o de departamentos limítrofes.
Entre los fundamentos del texto, se refleja la desproporción entre el porcentaje de la población femenina (51,5) y el de su presencia en espectáculos musicales con financiación pública, que según mediciones a cargo de Mydmus en los últimos años alcanza un promedio de 8%. María José Zirekian, integrante de Mydmus y una de las redactoras del proyecto, aclaró a Búsqueda que los últimos años son “claramente los mejores, porque históricamente la presencia de las mujeres en festivales ha sido marginal, pero de todos modos la brecha sigue siendo enrome”. Tanto Zirekian como las dos senadoras firmantes indicaron que la ley recientemente aprobada en Argentina, que establece el 30% como cuota obligatoria, fue tomada como referencia para la elaboración del proyecto.
“Si una ley es modificable, aún más lo es un proyecto”, afirmó Zirekián, consultada sobre la viabilidad de alcanzar el 50%. Y amplió: “Para llegar a esta aspiración nos basamos en nuestro convencimiento de que las músicas en Uruguay somos muchas más que lo que la gente cree, y obviamente no somos la única agrupación que milita por los derechos de las artistas, hay otras como Más Músicas, por ejemplo, que también han trabajado mucho. En su página que registra los currículums profesionales de las artistas hay más de 250 perfiles en todos los géneros musicales”.
La senadora Lazo indicó que cuando el proyecto ingrese a la comisión (fecha que aún no se puede precisar porque depende de las prioridades) “expondrán todo tipo de organizaciones gremiales y culturales”, y allí “todos podrán fundamentar sus posiciones, a favor o en contra de esta propuesta”. Lazo agregó que el criterio con el que se distingue un apoyo económico “directo” de uno “indirecto” es algo que “deberá dirimirse en el tratamiento del proyecto; lo básico acá es la necesidad de subsanar una inequidad”.
Entre los puntos en los que las dos senadoras expresaron que pueden producirse más cuestionamientos, están las sanciones previstas en la fiscalización del cumplimiento de la norma. La norma propuesta tiene carácter obligatorio para los productores y programadores de los espectáculos y para controlar el funcionamiento se propone la creación de una comisión integrada por representantes de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura (Instituto Nacional de Música) y de Mydmus. La multa prevista en caso de no cumplimiento de la ley es de 6% de la recaudación bruta del evento, o de un monto ficto en caso de que sea con entrada gratuita. La recaudación por las multas será destinada a la promoción de proyectos artísticos de mujeres y disidencias. Además, las sanciones incluyen como castigo al infractor quedar impedido de recibir apoyo económico estatal durante tres años.
Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya tiene actualmente unas 135 integrantes. La mayor parte son artistas pero también hay gestoras, productoras y sonidistas. Entre ellas están Mónica Navarro, Maia Castro, Diane Denoir, Eli Almic, Paola Dalto, Carmen Pi, Papina de Palma, Queyi, Mariana Barceló, Alejandra Volpe y Viviana Ruiz.