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Para exportar o importar hay que cumplir varios trámites, un proceso en el que participan operadores privados y oficinas públicas que verifican —en el puerto o los cruces de frontera— el peso y valor de la mercadería, la documentación, el pago de tributos, entre otros pasos. Un “mapeo” realizado por la Cámara de Industrias (CIU) identificó al menos 60 aspectos que permitirían bajar los costos y mejorar la competitividad del comercio exterior.
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“Tenemos más o menos consensuado un menú de medidas para implementar” por parte de los distintos actores, ya que algunas soluciones dependen del sector público y otras de los privados, explicó a Búsqueda el director del Departamento de Comercio Exterior de la CIU, César Bourdiel.
El mapeo fue un trabajo de dos años en el que participaron exportadores, despachantes de Aduana, transportistas, agentes de carga, administradores de depósitos y oficinas públicas vinculadas con el comercio exterior. Se enfocó en la exportación vía marítima y terrestre, así como en la importación por barco, y seguirá con los bienes que ingresan al país por camión. “No buscamos discutir o negociar una reducción de tarifas sino cómo se pueden hacer las cosas mejor. Y, obviamente, si eliminamos trámites y cortamos tiempos, muchos costos se van a reducir” en ambos sentidos, comentó.
Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el estudio fue iniciativa de la Confederación Nacional de Industrias del Brasil y tiene como socio en Uruguay a la CIU. Es un proyecto que también se está ejecutando en Chile y Paraguay, en esos casos a través del Instituto Procomex de Brasil.
La metodología utilizada consistió, primero, en identificar los actores que participan en las distintas etapas de las operaciones de comercio exterior, y qué dificultades existen. Luego, se crea un nuevo mapa donde se plasma el funcionamiento ideal de dichas cadenas, con oportunidades de mejora a los problemas detectados, un diagnóstico que después se pone en discusión en talleres con participación de funcionarios de oficinas gubernamentales involucradas. Tras el “consenso preliminar” que se alcanzó en esas instancias en el estudio hecho para Uruguay, se buscará cómo implementar el “menú” de oportunidades de mejora señaladas. Esa es la etapa que la CIU iniciará en los próximos días, si bien en algunos aspectos ya se pusieron en marcha acciones concretas, informó Bourdiel.
En el último informe del Banco Mundial sobre el contexto para los negocios que ofrecen los distintos países —conocido como Doing Business— Uruguay puntuó 57,14 en lo referido a las condiciones para el comercio transfronterizo (con un máximo de 100), con lo que se ubicó 152º en el ranking global. Estuvo más de 10 puntos por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (69,15 puntos), y situado por detrás de Chile, Bolivia,Brasil y Argentina.
Las medidas
Respecto de las exportaciones que van por barco, dijo que en los talleres hubo acuerdo en la necesidad de mejorar la gestión del “canal” de verificación de la mercadería que asigna la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Explicó que, actualmente, quien debe embarcar productos no puede llenar y sellar el contenedor hasta conocer qué “canal” —verde o rojo, este último con inspección física— le corresponde. Ello, dijo, implica avisar al vigilado de antemano que será controlado por Aduanas. Opinó que esa modalidad “no es buena carta de presentación para el mundo” y que “hay cierto consenso en que se debe corregir”.
Otras oportunidades de mejora identificadas tienen que ver con la infraestructura portuaria como, por ejemplo, que existan más puestos de balanza y en horarios más flexibles.
Para las importaciones marítimas, algunas de las medidas consensuadas apuntan a retomar el anterior sistema de control del contenedor que se hacía dentro del recinto portuario. Hoy se efectúa en centros de verificación que están afuera, gestionados por privados y con presencia de la DNA.
También se pidió resolver la falta de presencia de todos los organismos de contralor en cada uno de los lugares de entrada y salida de mercadería del puerto, ya que eso obliga a realizar movimientos de carga de un lugar a otro para realizar los controles.
En la exportación por camión también quedó en evidencia que falta infraestructura “más adecuada” y personal en todos los pasos de frontera para hacer una “verdadera” supervisión del canal rojo, comentó. Además, se planteó la necesidad de realizar una “agenda coordinada” en esas aduanas, por medio de un sistema electrónico, entre los funcionarios del Ministerio de Ganadería y el Instituto Nacional de Carnes.
De manera transversal —para todas las operaciones de comercio exterior—, a partir de la elaboración del mapeo se planteó la creación de un “registro único de empresas” que centralice información y pueda ser consultada vía digital por las reparticiones gubernamentales u operadores del comercio exterior que requieran información de una compañía en particular. Así, además de ahorrar tiempos, los agentes no tendrían que ir con un “set de documentación” replicada por las distintas oficinas que todavía lo solicitan. “Hay mucho trámite que aún se sigue haciendo de forma presencial y en papel, y existe un claro consenso en lo útil de avanzar en ese sentido y en la digitalización” de la información, afirmó el director de Operaciones de Comercio Exterior de la CIU.
En su opinión, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) creada hace pocos años tiene buena reputación e imagen, pero hay acuerdo en que hace falta que más organismos de control se sumen, de modo de seguir potenciándola como plataforma digital para canalizar los negocios de exportación e importación.
Otra medida propuesta en esa dirección es el desarrollo de la “trazabilidad” digital de las operaciones comerciales por parte de la VUCE. Se plantea que exista un “módulo de control de cargas” electrónico que permita el seguimiento de cada paso en una transacción con el exterior, lo que hoy se hace pero mediante gestiones y llamadas.
También se elaboraron propuestas de mejora para las operaciones en las zonas francas. Por ejemplo, representantes de PepsiCo, la fábrica de concentrados que funciona en el enclave coloniense, plantearon la incidencia económica que tiene el precinto electrónico que obligatoriamente debe tener cada operación en tránsito hacia la zona, cuando se trata de insumos que serán transformados en su proceso industrial. En ese sentido, se planteó la exoneración de dicho precintado cuando involucre la participación de un operador económico calificado.
Un planteo similar se hizo para el caso de la importación de pequeñas muestras utilizadas por las empresas para hacer pruebas o ensayos dentro de las zonas francas. En ese caso, la iniciativa de mejora pasaría por crear un régimen simplificado como existe para las muestras que ingresan a territorio no franco.
