Si bien en los últimos años se amplió la cantidad de programas de trabajo que beneficiaron —entre otros— a mujeres pobres, algunos de sus impactos no están claros: la evaluación es una de sus principales carencias, aunque no la única.
Si bien en los últimos años se amplió la cantidad de programas de trabajo que beneficiaron —entre otros— a mujeres pobres, algunos de sus impactos no están claros: la evaluación es una de sus principales carencias, aunque no la única.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEso advirtió la economista Alma Espino al presentar una investigación sobre la oferta pública de capacitación laboral y empleo para mujeres en Uruguay, el jueves 14, en un seminario efectuado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile.
Espino, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Ciedur), analizó junto a Daniela de los Santos programas provistos por el Ministerio de Trabajo —como Objetivo Empleo o Yo Estudio y Trabajo—; el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop); el Ministerio de Desarrollo Social, principalmente a través de Trabajo por Uruguay (denominado Uruguay Trabaja desde 2008); y la Intendencia de Montevideo, con acciones como Barrido Otoñal. Espino aclaró que no todos han estado destinados específicamente a las mujeres, aunque ellas fueron las principales beneficiarias.
Según ella, se observa una brecha entre los objetivos generales de los programas que refieren a la igualdad de género y su instrumentación en la práctica. En el caso de Uruguay Trabaja y Objetivo Empleo, solo incorporaron “alguna medida específica o acción positiva sobre la condición y la posición” de las mujeres, afirmó.
En cuanto a las competencias “transversales” adquiridas por las participantes en estos planes, el estudio constató que hay un aumento de la valoración positiva de sí mismas y de sus posibilidades. Pero en lo referente a las competencias específicas, las apreciaciones de las beneficiarias son negativas y, además, no hay un “combate a la segregación”.
La economista advirtió que es “insuficiente” la “evidencia empírica” del impacto de estos programas en la participación laboral femenina. Con planes de este tipo “no va a disminuir el desempleo global del mercado de trabajo. Pero bueno, al menos deberíamos tener claro cuántas de estas personas que pasaron por las capacitaciones efectivamente se han insertado en un empleo y cuántas han mejorado respecto a otras que no lo han hecho. Esta es una de las debilidades más grandes”. Porque “si después no se concreta en tener una mejor inserción laboral y en tener mejores ingresos, no se concreta en nada”, subrayó.
Para Espino, en términos de darles mayor autonomía económica a las beneficiarias de estos programas “prácticamente no se realizaron evaluaciones”, porque “no estaban planteadas”.
Recomendó tener diagnósticos actualizados acerca de las “necesidades” tanto de la oferta como de la demanda. “Si no terminaron la Primaria y se le da un curso de informática, ¿dónde se emplean?”, preguntó. En ese sentido, instó a buscar una mayor articulación con las empresas para facilitar la inserción laboral de las mujeres.
Marcó como un “problema” común a todos los programas, la falta de “perspectiva de género”; un estudio del Ciedur de 2016 había constatado que de 22 planes públicos de empleo, el 41% carecía de ese enfoque (Búsqueda Nº 1.889). En su intervención en el seminario de la Cepal, Espino acotó que la perspectiva de género “no puede ser una cosa que se emplea solo a la hora de la evaluación, cuando hay evaluación. Debe estar en la planificación, el diseño, la implementación, el monitoreo. No se puede hacer bien aquello que no se sabe cómo se hace. Hay muchas carencias en estos términos”.