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La sala de conferencias del periódico alemán “Süddeutsche Zeitung”, en Munich, estaba repleta mientras dos reporteros rusos compartían los avances de su investigación ante la mirada de colegas que habían llegado desde decenas de países —entre ellos Uruguay— para intercambiar ideas y recibir entrenamiento básico por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés). Era 9 de setiembre del 2015, los rusos hablaban de empresas petroleras, sociedades fantasma y personas cercanas al presidente Vladimir Putin, cuando todavía faltaba medio año para que la investigación internacional conocida como “Panama Papers” comenzara a ver la luz.
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El lunes 10, un año después de la divulgación de los primeros artículos, la Universidad de Columbia anunció que la investigación sobre los “Panama Papers” había ganado el Pulitzer en la categoría de “periodismo explicativo” 2017. Como los Pulitzer solo juzgan el trabajo de los medios estadounidenses, el galardón fue para “The Miami Herald”, la cadena de medios McClatchy y el ICIJ.
No obstante, el administrador de los Pulitzer, Mike Pride, dijo que el premio fue también para los medios y periodistas de todo el mundo que estuvieron involucrados en la investigación. “No hay dudas de que fue un proyecto mucho mayor”, señaló.
El jurado de los Pulitzer, uno de los galardones más importantes en el periodismo, destacó la investigación por “usar la colaboración de más de 300 periodistas de seis continentes para exponer la infraestructura oculta y de escala global de los paraísos fiscales”.
La investigación se basó en más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack & Fonseca (MF), especializado en la creación de sociedades anónimas en paraísos fiscales para mover dinero de su clientela. El diario alemán “Süddeutsche Zeitung” consiguió la documentación de una fuente anónima —conocida públicamente como “John Doe”—, y como la cantidad de información era tan grande solicitó apoyo al ICIJ. La organización norteamericana contactó a medios de 80 países y coordinó el trabajo de más de 300 periodistas de todo el mundo. Búsqueda fue el único medio uruguayo que integró el equipo.
Clientes locales.
La filtración de los documentos internos de la firma panameña reveló secretos del mundo de las compañías off shore y mostró hasta qué punto Uruguay es un socio clave en el esquema internacional que, con el asesoramiento de bancos, firmas legales y asesores financieros, utilizan empresarios, políticos, personalidades y estrellas del deporte para colocar dinero y realizar inversiones fuera del país. Según las estadísticas que elaboró el ICIJ a partir de los documentos, Uruguay estaba entre los 10 países con más compañías offshore creadas a través de los servicios de MF: los clientes uruguayos de la firma adquirieron más de 5.000 compañías en el período de casi 40 años que cubren los datos filtrados (desde 1977 hasta fines de 2015).
Búsqueda reveló que decenas de estudios contables y jurídicos uruguayos utilizaban los servicios de MF, comprándole al bufete panameño sociedades anónimas para sus clientes. También identificó a personas con notoriedad pública de distintos ámbitos —empresarios, políticos, un jerarca de gobierno y familiares de otro, abogados, agentes de bolsa, así como ex jugadores y ex dirigentes de fútbol— vinculados a empresas off shore creadas por MF.
La publicación de las investigaciones internacionales y las desarrolladas por Búsqueda —que siguieron hasta marzo de este año y que pueden ser consultadas en el sitio de Internet del semanario— generaron diversas repercusiones.
Medios de Estados Unidos y México, y luego Búsqueda, informaron que el narcotraficante mexicano Gerardo González, líder del cartel de los Cuinis, estaba en Punta del Este, Maldonado. El criminal vivía en una mansión, desde donde manejaba sus negocios en un entorno tranquilo. La difusión de su paradero derivó en su encarcelamiento en abril del 2016 y ahora la Justicia uruguaya deberá definir sobre un pedido de extradición de Estados Unidos. A partir de la investigación, Búsqueda reveló el vínculo de las dos sociedades anónimas panameñas con González y algunos familiares, así como el nombre del estudio notarial que trabajó para ellos en Uruguay.
Por otro lado, a partir de los “Panama Papers” Búsqueda y varios medios del mundo informaron acerca del rol de bufetes uruguayos en el esquema de corrupción usado por empresarios para pagar coimas a dirigentes del fútbol.
Los documentos filtrados también permitieron conocer detalles del asesoramiento que el estudio JP Damiani & Asociados brindaba al ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, procesado por estafa y lavado de activos, y a varias personas indagadas por la Justicia argentina en el marco de investigaciones sobre corrupción.
En el caso de Uruguay, además, permitió conocer que un apoderado del contratista Francisco Casal mintió a la Dirección General Impositiva (DGI) y luego modificó documentos que fueron presentados a la Justicia en un litigio que enfrentaba al contratista con la autoridad tributaria. El caso quedó sin efecto después de que el entonces presidente José Mujica laudó a favor de Casal.
Legislación.
La difusión de los “Panama Papers” generó movimientos políticos y sirvió como impulso para cambios en la legislación.
Entre los clientes del estudio panameño había políticos uruguayos y familiares de políticos uruguayos, entre ellos Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez, quien tenía a través de dos empleados de su empresa sociedades off shore con cuentas bancarias en el extranjero. Cuando fue consultado por Búsqueda, Javier Vázquez dijo que no las había usado porque eran para un negocio que no cristalizó.
La Cámara de Senadores creó una comisión especial con fines legislativos para estudiar los “papeles de Panamá” y otras “jurisdicciones similares”. La comisión tuvo varias reuniones pero por el momento no generaron resultados concretos.
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, aprovechó el ejemplo de los “Panama Papers” para justificar medidas legislativas que el gobierno impulsó en el Parlamento para combatir la “opacidad” y, entre otras cosas, darle un “golpe mortal” al secreto bancario.
Reliquidación.
La DGI, la Secretaría Nacional Antilavado y la Fiscalía General pusieron sus ojos sobre los documentos de MF, aunque solo la administración tributaria consiguió resultados concretos.
La DGI comenzó inspecciones a los estudios jurídicos uruguayos que conseguían off shore para sus clientes. En torno a las sociedades, la administración tributaria hizo decenas de controles y en algunos casos hizo reliquidaciones del impuesto a la renta por un monto que, en promedio, fue de $ 1 millón.
