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La propuesta de incorporar una etiqueta al paquete de los alimentos envasados con lo que los ministerios de Industria y de Salud Pública pretenden que se advierta a los consumidores sobre contenidos excesivos de azúcar, sodio y grasa, generó “profunda preocupación” entre los importadores y fabricantes nacionales.
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Con la reglamentación propuesta, sometida a consulta pública el viernes 2 por un lapso de 60 días, el Poder Ejecutivo procura ofrecer información “objetiva” de manera “sencilla y accesible” acerca del contenido de aquellos nutrientes —por encima de determinados parámetros— que impulsan la “escalada del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles”, señala el texto. La medida parece inspirarse en la normativa chilena que en la materia comenzó a regir un año atrás, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.
La Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén advirtió que casi el 78% de los alimentos que llegan a las góndolas se fabrican en el exterior, por lo que exigir otra rotulación generaría “complicaciones de la más diversa índole”, a la vez que podría constituirse en una “restricción” y una “distorsión relevante” al comercio, sin la “certeza” de que la medida contribuya decididamente a prevenir problemas de salud.
Alertó, además, que la nueva rotulación conllevaría al incremento del precio de los alimentos importados, puesto que al ser una norma “aislada” de la realidad del comercio regional e internacional la tarea de etiquetado deberían realizarla los propios importadores, con el consecuente aumento de costos.
Los fabricantes también prevén un impacto en sus costos si se aplica la medida, y piden que un cambio de este tipo se estudie “con calma”, señaló a Búsqueda el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo.
Reconoció que el tema “preocupa muchísimo”, por lo que la gremial de fabricantes de alimentos se reuniría con la ministra de Industria, Carolina Cosse.
“A espaldas” y con más costos.
Desde la asociación de importadores —que representa al 80% de las empresas del rubro— señalaron que se está “totalmente a favor” de brindar la información al consumidor sobre la composición de los alimentos, pero rechazaron la normativa propuesta por el Poder Ejecutivo para su rotulado.
Indicaron que una modificación obligatoria de este tipo no debe hacerse “a espaldas” del contexto regional e internacional ya que—señalan— actualmente no se exige algo como lo que se promueve, salvo el caso “aislado” de Chile.
Agregaron que implicaría “complicaciones de la más diversa índole exigir una rotulación específica en Uruguay que no es obligatoria para el resto de los miembros del Mercosur”, que provee un volumen significativo de los alimentos procesados consumidos en el país.
Dado el tamaño del mercado uruguayo “es improbable concebir que un proveedor extranjero” cambie la rotulación “únicamente a los efectos de adecuarse” a las exigencias propuestas en la reglamentación, señalaron.
Por todo eso, “despierta profunda preocupación” el impacto que pueden ocasionar los cambios sometidos a consulta, y consideraron que a priori el efecto no ha sido “debidamente analizado y ponderado” por parte de las autoridades.
Asimismo, los importadores entienden que será inevitable trasladar al precio final de la mercadería los mayores costos que implica una nueva regulación. “Después vienen (desde el gobierno) con los acuerdos de precio y nos piden mantenerlos por la inflación. Pero con cosas de este tipo no se puede, es una cadena”, manifestaron desde su gremial.
Comentaron que sería necesario estudiar producto a producto para rotular con entre una y hasta cuatro etiquetas. En la galletería, por ejemplo, informaron que el 90% de los productos debería cambiar de rotulación. Por eso, agregaron, el cambio planteado “conlleva el riesgo de constituirse en una restricción o a lo sumo una distorsión relevante al comercio de importación”.
El proyecto.
El texto puesto a consulta pública, de 11 artículos, exige que los alimentos envasados que se comercialicen al público cuenten con un rotulado frontal cuando su composición de sodio, azúcar, grasa o grasa saturada exceda determinados valores establecidos.
Los fabricantes, importadores y/o fraccionadores son los que deben cumplir con la regulación; Industria, Salud Pública y las intendencias serían los encargados de controlar su cumplimiento. Plantea que los alimentos incorporen el rótulo si superan 10% del valor calórico total en el caso del azúcar, 30% para las grasas, 10% para las grasas saturadas y 360 miligramos de sodio cada 100 gramos.
La etiqueta propuesta a incluir en la cara frontal principal del producto es un octágono de fondo negro con la leyenda “Exceso de” grasa, sodio, o el nutriente que corresponda (en mayúscula), con el diseño que se reproduce en esta misma página. El proyecto de decreto exige usar una advertencia independiente para cada nutriente que exceda los límites establecidos, una a continuación de la otra, alineadas horizontalmente.
Indica que la información nutricional complementaria que se incluya “en ningún caso podrá ser contradictoria” con la que contenga la etiqueta frontal.
Establece un período de un año para que los regulados se adecuen a las disposiciones planteadas.
Por otro lado, el texto prohíbe a las dependencias del Poder Ejecutivo que acepten donaciones de alimentos que contengan el rótulo “Exceso de…”. Y exhorta en el mismo sentido a los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales.
Del mismo modo, aboga porque los centros educativos públicos y privados, así como los dedicados al cuidado y atención a la infancia y la familia, tomen medidas que “desalienten el consumo” de alimentos que contengan la advertencia.
