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    ¿Quo vadis, DGI?: información, tecnologías y recaudación

    La administración tributaria uruguaya supera el promedio regional en el uso de tecnologías, en las puertas de un nuevo “modelo del negocio” para las oficinas recaudadoras en el mundo

    Desde hace algunos años, casi media docena de administraciones tributarias de la región ya estaban utilizando inteligencia artificial. No era el caso de la Dirección General Impositiva (DGI), que sí aplica otras tecnologías como la analítica de datos, la robótica y la automatización de procesos o la identificación digital —biométrica— y los chatbots; por eso Uruguay puntuó relativamente bien en su Índice de Innovación, Digitalización y Tecnología (Inditec) calculado para distintas oficinas recaudadoras en un estudio del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

    El Inditec estimado para la DGI fue de 0,68 (en un máximo de 1), por debajo de Perú (0,77), Ecuador (0,76), República Dominicana (0,73), Brasil (0,70) y Colombia (0,69), igualando con México y por encima de Chile, Argentina y Costa Rica (los tres con 0,64), Paraguay (0,52), además de casi todos los países de Centroamérica y el Caribe.

    Uruguay supera el índice promedio de 2021 calculado para todas las regiones: América Latina y el Caribe, 0,47; América del Norte, 0,60; Europa y Asia Central, 0,52; Asia del Sur, 0,35; África Subsahariana, 0,34.

    Este indicador se construye a partir de cuatro dimensiones con igual ponderación: innovación tecnológica (uso efectivo de ciencia analítica de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, tecnología de registro distribuido o cadena de bloques —blockchain—, tecnologías de identificación digital, los asistentes virtuales, etc.); mejora del cumplimiento (enfoques dirigidos a los grandes contribuyentes, como el empleo de la facturación electrónica obligatoria y las declaraciones prellenadas por la propia administración tributaria, por ejemplo); digitalización operativa (transformación digital de los principales procesos internos, como registro, declaración y pago de obligaciones); y recursos y presupuesto (disponibilidad y utilización efectiva de los recursos humanos y económicos para la gestión tributaria). En las dimensiones en que Uruguay puntúa mejor es en innovación tecnológica (0,75) y en digitalización operativa (0,74); mejora del cumplimiento es la peor, con 0,60.

    El Inditec y su comparativo regional, elaborado a partir de estadísticas provistas por las propias oficinas recaudadoras, fue recogido en el estudio ¿Quo vadis, administración tributaria? Recientemente publicado por el CIAT, analiza que, en las últimas tres décadas, estos organismos encargados de colectar los impuestos se “desarrollaron institucionalmente a partir de una mayor autonomía presupuestaria y de gestión y de la incorporación masiva de tecnologías de la información y la comunicación”. Pero, “sin embargo, la gran acumulación” de datos “convertirá a las administraciones en centros de datos e inteligencia económica, generando nuevos retos en relación con su utilización en una sociedad democrática. En particular, requerirá nuevos protocolos de funcionamiento que garanticen los derechos del contribuyente, protección de la privacidad, y el respeto al debido proceso”, plantean sus autores, Alberto Barreix, Martín Bès, Jerónimo Roca, Santiago Díaz de Sarralde y Raúl Zambrano.

    Nuevos perfiles

    Si el “aprovechamiento intensivo de la información proveniente de la factura electrónica ya representa un desafío para la administración tributaria por su masificación, el desafío es aún mayor cuando se considera la integración, el análisis y la explotación de toda la información adicional” que estará en su poder, plantean los autores. En ese contexto, dicen, “parece claro que habrá un cambio no solo en el modelo del negocio, sino en la propia composición de sus funciones y de sus procesos internos”, así como en las capacidades del capital humano requerido. Eso —sostienen— “obligará a diseñar un cambio de perfil del personal de las administraciones tributarias, con una participación cada vez más alta de profesionales de las ciencias de datos” en áreas como informática, matemática, telecomunicaciones, etcétera.

    En el pasado, las administraciones tributarias reclutaban, promovían y desvinculaban a su personal dentro del marco del servicio civil, “otorgando estabilidad del empleo, obtenido por concurso, y ofreciendo entrenamiento y robustos beneficios de salud y pensiones. Todo esto acompañado de un espíritu de cuerpo que premiaba la dedicación, el sigilo, la integridad y, de alguna forma, la lealtad institucional. Es probable que, en el futuro, los nuevos funcionarios demanden y se les ofrecerán otros beneficios, como la iniciativa de innovación (casi indispensable), la flexibilidad de dedicación y carrera (también necesaria) y una cultura de trabajo más abierta. Compatibilizar estas nuevas demandas y valores con los tradicionales será un desafío organizacional”, avanzan.

    Señalan además que la incorporación de la “nueva generación de nativos digitales” a las oficinas recaudadoras “es inexorable”. En ese sentido, “afortunadamente, la transición demográfica de las administraciones tributarias va a favorecer la incorporación de los nuevos perfiles de capital humano”, ya que los funcionarios mayores de 50 años que se aproximan a la edad jubilatoria representan entre 35% y 55% de las plantillas actuales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Surinam y Uruguay. Dicho de otra manera, en alrededor de una década, “un período relativamente corto, se verificará la salida de entre un tercio y la mitad del personal” de la DGI y sus pares de esos países, subrayan.

    Autonomía

    Respecto de los cambios institucionales producidos en las últimas décadas, según el estudio, el 76% de las administraciones afirman que cuentan con autonomía para el diseño de su estructura interna, 67% manifiesta tener independencia para la gestión de su presupuesto corriente y algo menos (55%), para manejar el presupuesto de capital. En conjunto, los países del CIAT “muestran niveles de autonomía elevados en las tres dimensiones”, aunque señala como las “principales excepciones” a Angola, Belice, Bermudas, Costa Rica, Kenia, México, Panamá, Perú, Surinam y Uruguay.

    Según el estudio, los países del CIAT, en promedio, tienen un presupuesto equivalente a 0,160% del Producto Bruto Interno, con una proporción mayoritaria correspondiente a gastos operativos corrientes (sobre todo, salarios).

    Barreix, Bès, Roca, Díaz de Sarralde y Zambrano entienden que, cada vez más, la efectividad de la administración de impuestos va a estar determinada por el grado de desarrollo de las tecnologías de la información de las instituciones públicas proveedoras de datos (catastros, registros, agencias reguladoras, otros niveles de gobierno, etc.), así como por los receptores de su acción (tribunales administrativos, Poder Judicial, Policía, agencias de seguridad nacional, entre otros). “Por lo tanto, el éxito de la modernización del Estado va a estar supeditado a la efectiva implementación de una estrategia de transformación digital. La tendencia expansiva de la administración tributaria se origina en que la optimización del uso de la información se basa en su integralidad (masificación y completitud), por lo que tendería a concentrarse en un solo organismo. Es decir, hay aquí un argumento a favor de consolidar la administración tributaria con la aduana, la gerencia de las contribuciones con la seguridad social y, al menos para la gestión de ingresos tributarios, con los gobiernos subnacionales”, argumentan.

    Consideran que la excepción a la ventaja comparativa de escala —y también de especialización— serían los impuestos a la propiedad (inmuebles, urbanos y rurales, y muebles, mayoritariamente vehículos), así como las tasas y los cargos de servicio que están ligados a la actividad local y son de naturaleza puramente municipal. “Más difícil es justificar la independencia en la gestión de ingresos en la aduana, aparte de la facilitación del comercio, y en las contribuciones a la seguridad social; aunque sin duda ambas tareas poseen funciones diferenciales, también tienen una sinergia con el control tributario como sistema”.