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La coordinadora de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Teresa Herrera, cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de postergar para 2024 la implementación completa de la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género (Nº 19.580).
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“No se puede creer. ¿Siete años para poner en marcha la ley?”, criticó. “Mientras tanto, vemos todo lo que está saliendo en las redes sobre lo que pasa en las universidades, en el carnaval, los femicidios que siguen a la orden del día... Es increíble que con toda esto se permitan ese lujo”, opinó.
“Estamos en la misma de siempre: mucho discurso, mucho escándalo, mucho ‘ay, que horrible’. Pero política pública sin dinero no tengo vista, y leyes sin presupuesto tampoco”, afirmó. “Lamentablemente, no somos un tema prioritario para ningún gobierno”, añadió.
La norma, que fue aprobada a fines de 2017, crea mecanismos de protección para las víctimas de violencia y dispone la instalación de juzgados especializados en género, que reúnan los diferentes conflictos (familiares, laborales, penales) que pueden derivarse de un caso de violencia. Sin embargo, ese y otros aspectos de la ley no fueron implementados por falta de recursos.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo a Búsqueda que “lo importante es que se va a cumplir con el compromiso” de aplicar la ley. Y destacó que pese al contexto de emergencia hubo un desembolso de dinero para aumentar en 50% la cantidad de tobilleras electrónicas.