El actual ministro de Defensa, José Bayardi, y su próximo sucesor, Javier García, prefieren poner matices a la polémica más reciente. “Está claro que cualquier situación de abuso y explotación sexual es absolutamente condenable. Pero el número de casos de efectivos militares asignados a misiones operativas de paz que pasaron esa raya es muy minoritario; de hecho, de los 47.500 uruguayos desplegados en misiones desde la década de los noventa, apenas hubo 36 denuncias por presuntos actos de este tipo, de las cuales 24 se registraron en Haití, con cuatro casos comprobados de paternidad: son muy pocos”, dijo a Búsqueda el ministro Bayardi.
El jerarca se explicó mediante un ejercicio aritmético. “Quiero decir que si dividimos ese total de 47.500 militares desplegados desde el primer contingente nacional en misión de paz de la ONU (en 1992), entre las 36 denuncias totales por presuntos actos de explotación sexual —24 de ellas presentadas en Haití—, con 11 casos de presunta paternidad y cuatro efectivamente comprobados mediante exámenes de ADN: el cociente nos da 0,000… Es un número muy minoritario”, insistió Bayardi.
El futuro ministro García criticó duro a quien practica este tipo de violencia porque “traiciona al informe y al país”, por lo que no merece integrar la fuerza. No obstante, dijo al programa Así nos va, de Radio Carve, el lunes 23, que el capítulo uruguayo ya está cerrado. García coincidió con Bayardi en que Uruguay tiene casi 50.000 hombres y mujeres que pasaron por misiones de paz y apenas hay 36 en total que “cometieron estos atropellos”. “Esto hay que ponerlo en su contexto, hay que ser duros con estos indignos traidores del uniforme, pero hay casi 50.000 que hicieron su trabajo con dignidad”, afirmó.
La investigación original, publicada en la revista International Peacekeeping y en una versión menos académica de The Conversation, una web financiada por un consorcio de universidades, fue replicada por The New York Times y otros medios internacionales. Allí se informa que mujeres y niñas en Haití quedaron embarazadas de militares que integraron la Misión de Estabilización de la ONU (Minustah). Uruguay, el país más citado en el informe, se retiró de Haití en 2017 tras permanecer en el área durante 13 años. Un total de 12.500 uruguayos participaron de la misión.
Bayardi aseguró que el Estado uruguayo asumió la investigación de todas las denuncias y en los casos ya comprobados adoptó las medidas disciplinarias correspondientes. Un caso de paternidad pasó a retención judicial y hay otras tres investigaciones abiertas a partir de una denuncia presentada por la ONU en 2012 ante la Cancillería.
Según el ministro, el informe divulgado sobre la situación de los militares uruguayos tampoco es actual. “No es novedoso, la mayoría de los casos se remontan a mi primera gestión ministerial (2008-2009) y las acusaciones generalmente han disminuido desde 2013. Con todo, Uruguay no está en omisión en absoluto ante la ONU frente a estas situaciones que no constituyen abuso, pues no hubo violencia física”, dijo.
Los lineamientos de conducta nacionales son “muy estrictos”, aseguró Bayardi. Uruguay tiene una ordenanza “mucho más severa” que la que aconseja la ONU, y esta va desde sanciones de arresto a rigor, pase a la Justicia Militar a desafectación de la fuerza.
Si bien para el Estado uruguayo no hay casos pendientes de resolución, todavía falta que la ONU los considere cerrados.
“Esto hay que ponerlo en su contexto, hay que ser duros con estos indignos traidores del uniforme, pero hay casi 50.000 que hicieron su trabajo con dignidad”, afirmó García.
De acuerdo a la investigación, los militares y otros funcionarios de la ONU encargados de restablecer la paz en el país centroamericano habrían mantenido encuentros sexuales, aprovechándose de la pobreza y miseria que varios años de guerra civil y catástrofes meteorológicas provocaron entre la población haitiana.
Para el trabajo fueron consultados 2.500 haitianos sobre las experiencias de las mujeres y niñas residentes en las localidades donde tuvieron lugar las misiones. De estos, 265 contaron historias de niños nacidos de cascos azules y niñas haitianas de hasta 11 años.
El informe implica al personal de la ONU de 13 países, pero sostiene que entre las 265 historias relatadas la mayoría corresponde a personal de Uruguay, casi tres de cada 10 casos (28,3%), luego de Brasil, Chile y Argentina, en ese orden.
La práctica más común de los militares era ofrecer pequeñas cantidades de dinero o alimentos a cambio de sexo, según el estudio dirigido por la profesora de Historia Moderna de la Universidad de Birmingham Sabine Lee y la científica clínica Susan Bartels de la Queen´s University de Ontario. El trabajo llevó el título Te daban unas monedas y a cambio te metían un bebé: 265 historias de niños haitianos abandonados por sus padres de la ONU.
Naturaleza humana
En un informe oficial publicado el viernes 20 en la web del ministerio de Defensa a pedido de Bayardi se explica que estos casos de abuso y explotación sexual “son en gran medida una nefasta consecuencia de una devastadora realidad social y coyuntural de los escenarios de despliegue” de las misiones.
En el documento, titulado Actuación del Estado uruguayo ante casos de abuso y explotación sexual en Misiones Operativas de Paz y firmado por el director del Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (Sinomapa), el general Mario Stevenazzi, se explica que desde que se implementó una política de “tolerancia cero” en 2003, por parte de la ONU, Uruguay extremó medidas para cumplir los estándares de conducta.
Ya en 2013 cuatro soldados uruguayos fueron condenados por abusar de un joven haitiano, hecho que grabaron en celular y luego se viralizó en Internet. Ese caso sirvió para que las autoridades civiles de Defensa y Cancillería impulsaran cambios en los estándares de control de los cascos azules uruguayos. De hecho, ese fue el primer caso que terminó en la Justicia penal y no quedó restringida a la Justicia militar.
Ya en 2013 cuatro soldados uruguayos fueron condenados por abusar de un joven haitiano, hecho que grabaron en celular y luego se viralizó en Internet. Ese caso sirvió para que las autoridades civiles de Defensa y Cancillería impulsaran cambios en los estándares de control de los cascos azules uruguayos.
Poco después, en 2014, fue aprobado el Protocolo de actuación del Estado uruguayo ante denuncias de presunta paternidad comunicada por la ONU y que involucra a efectivos militares desplegados en operaciones de paz.
Las denuncias antes quedaban en la órbita del Estado Mayor, pero ahora también pasa al área civil, valoró uno de los jerarcas de la época consultado por Búsqueda.
Bayardi remarcó la necesidad de contextualizar los hechos. “Estos contingentes militares estaban desplegados a unos seis meses de misión de la ONU, pero unos pocos cayeron en estos episodios tan repudiables que lamentablemente pueden pasar y pasan, en parte por la propia naturaleza humana, ¿no?”, dijo.
“Ahora, está claro que si un efectivo militar se pasa de la raya se le aplicará las sanciones correspondientes por violentar una norma que determina que no se pueden tener relaciones sexuales de ningún tipo, sean sin consentimiento o consentidas, con locales en el área donde hay una misión desplegada”, indicó, según ordena la fuerza, Defensa y la ONU.
El informe oficial precisa que 9% de las 24 denuncias presentadas fueron comprobadas y agrega que los casos remitidos al país son solo aquellos que tienen “cierta veracidad”, según el Sistema de Conducta y Disciplina de la ONU que los evalúa.
También se indica que “el 99% de los casos están clasificados en la categoría de explotación por el relacionamiento entre el efectivo uruguayo y la local”, y, por lo tanto, no constituyen abuso sexual porque no existió violencia física.
Información Nacional
2019-12-26T00:00:00
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