“Supervivencia” de empresas de televisión por cable está en riesgo si se mantiene prohibición para que ofrezcan Internet

De León entiende que la prohibición tiene argumentos “débiles” y afirma que “provoca un daño no solamente a los operadores sino principalmente a los usuarios”, ya que “se encarece innecesariamente el servicio de televisión para abonados”.

—Es una prohibición que afecta mucho a los operadores de televisión por cable, ya que están obligados a recuperar todos los costos solamente a través del servicio de televisión, mientras que en el resto del mundo los operadores obtienen ingresos también prestando servicios de banda ancha. Cuando digo el resto del mundo no es una metáfora: no conozco país en el mundo que funcione como Uruguay, nadie me ha mencionado un caso así. En Estados Unidos y Europa, la mitad o más de los ingresos de los operadores de televisión por cable provienen de la banda ancha. Entonces si tú estudias los análisis de los operadores de televisión por cable ves que hay una pérdida de abonados en televisión que se compensa con un aumento de sus abonados de servicios de acceso a Internet. Esto provoca un daño no solamente a los operadores sino principalmente a los usuarios. Se está encareciendo innecesariamente el servicio de televisión para abonados. Tras varias etapas, que se iniciaron en 2007 con los primeros pedidos de licencias, habíamos llegado al momento en que la Corte lo declara inconstitucional.

—¿Qué opina del proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Parlamento?

—Insiste en el mismo punto. Lo que busca es hacer una supuesta demostración de que existe un interés general para realizar esta prohibición. Precisamente, la falta de interés general fue la razón por la que la Corte consideró inconstitucional el artículo. Las razones de interés general que se esgrimen en realidad no están justificando la adopción de esta prohibición. En una parte del proyecto se argumenta que es deber del Estado proteger sus empresas comerciales e industriales estableciendo restricciones a las firmas privadas en aras de mantener determinados equilibrios. Pero, ¿realmente necesita protección la empresa del Estado cuando tiene el 99% del mercado? No existe ahí una razón de interés general.

Esa es una de las grandes debilidades que tiene este proyecto de ley: cuando entra a justificar el interés general, lo hace a través de argumentos que no tienen relación. En otro momento habla de un modelo híbrido y regulado y coexistencia de empresas privadas y públicas. Señala que es un ‘modelo exitoso’. Entonces me pregunto si eso por sí solo no justifica que habría que darles licencias a las empresas. Claramente, la argumentación de un interés general es muy débil y poco clara.

Pero además, este nuevo artículo agrega algo que es grave y es que esta restricción es solo para empresas privadas, algo que no figuraba en el artículo original de la ley.

—Al establecer que la prohibición es solo para el sector privado, ¿se busca dar ventajas a Antel dentro del mercado?

—Sin dudas. Esto es grave. En otro artículo de la ley original la Corte entendió que era inconstitucional hacer esta distinción entre privados y públicos. En ese sentido, este artículo va a generar aún más perjuicios sobre los operadores. Pero el mayor perjuicio es a la ciudadanía que no tiene capacidad de elegir otro proveedor que no sea Antel y que además cuando contrata servicios de televisión tiene que estar pagando un servicio más caro.

—Si se mantienen las condiciones actuales ¿podría repercutir en que cierren empresas de televisión por cable?

—Se está generando un daño sin lugar a dudas en todas las empresas. Es difícil saber este daño en cuánto repercutirá en la supervivencia de las empresas pero puede repercutir en su supervivencia. Tiene una repercusión negativa importante que se va a ir agudizando en el futuro. Antel te puede nombrar revendedor de su banda, pero no es ese el negocio. Es como si tuvieras una empresa de camiones y te dijeran: podés transportar todo menos materiales de construcción y luego te alquilan camiones para que transportes ese material.

—Considerando que Antel tiene una posición dominante en el mercado, ¿por qué cree que el gobierno volvió a presentar este artículo?

—Es una pregunta que me han hecho varias veces y no tengo una explicación lógica. No se entiende por qué.

—Si este proyecto se promulga, ¿cree que las empresas lo impugnarán, como hicieron con la ley de medios?

—Es muy temprano para estimar eso, pero intuyo que si se mantienen las mismas razones que llevaron en su momento a los recursos ante la Suprema Corte, el mantenimiento de un artículo de la misma índole podría llevar a las empresas a tomar un camino similar.