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Para Ignacio Munyo, director independiente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), la “mesa” del mercado de capitales está “servida”, pero falta que los entes públicos y las firmas pequeñas y medianas (pymes) se acerquen a encontrar el financiamiento minorista.
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“Se hizo una inversión muy grande en mejorar el gobierno corporativo de la bolsa y en eso no hay marcha atrás. Pero hay que buscar la forma de que esto empiece a traer resultados tangibles. Se sirvió la mesa pero sigue vacía en algún sentido. El hambre está porque hay fondos disponibles. En la última década el ingreso promedio de Uruguay casi se duplicó y se generaron niveles de ahorro jamás vistos”, declaró Munyo a Búsqueda. Las ofertas por casi US$ 63 millones de una serie de obligaciones negociables de Zonamerica que buscaba recaudar US$ 11 millones, y la sobredemanda que generaron las emisiones de acciones en los parques eólicos de UTE, son “pruebas claras” de ese apetito, señaló el economista.
Ese interés por invertir en activos bursátiles se da porque “no hay rentabilidad en ningún lado. En el horizonte es difícil ver una suba fuerte de tasas de interés a nivel internacional, con lo que esa ventana de oportunidad para inversiones en el mercado local está. Pero las ganas de comer implica generar los productos necesarios para atender a este público. Ahí hay oferentes claros, que son las empresas públicas y las pymes, y la bolsa tiene que jugar un rol fundamental”, opinó. Sobre esos dos “jugadores que pueden dinamizar el movimiento financiero” del país se discutirá el próximo martes 7 en la sede de la BVM, en un evento donde se celebrarán los 150 años desde su creación.
“Vayamos sobre lo que tenemos, puliéndolo porque es un camino bastante promisorio. Hoy todas las empresas públicas pueden armar fideicomisos y salir a la bolsa. OSE logró financiamiento por el lado de las AFAP. El paso que está faltando es que entren también los (inversores) minoristas y para eso hay que asegurar o que el plazo (de las emisiones) sea más corto o darles liquidez. Se necesita un diálogo entre los corredores y la institución emisora para comunicar qué es lo que los clientes quieren”, razonó Munyo.
En ese sentido, la BVM planea “generar información para mejorar la comunicación” y acercar a las empresas el potencial de demanda que ciertos instrumentos pueden alcanzar en el mercado minorista.
“Hacer trampa”.
Para el economista, académico de la Universidad de Montevideo y asesor del senador blanco Luis Lacalle Pou, “todas las inversiones públicas” que se lleven adelante por parte de los entes descentralizados del Estado deberían financiarse a través del mercado de capitales. “No solo porque es una forma de financiamiento que está, sino porque en el contexto que tenemos de poca transparencia es una forma de sacar este manto negativo que tienen las inversiones de las empresas públicas de que se tiró la plata. Venir y presentar (una inversión) en la bolsa, de forma pública, genera todos los mecanismos necesarios de transparencia”, opinó.
“UTE hoy invierte 0,4% del PBI o 10% de sus ingresos, cuando el promedio histórico es 0,6% del PBI y 15% de los ingresos. Y es la que está mejor. No es sostenible que empresas públicas importantes, en segmentos cada vez más dinámicos y con desafíos más grandes, estén desinvertidas porque Rentas Generales no tiene los recursos. O porque tenemos un déficit fiscal por el que las empresas públicas tienen que colaborar con mejores resultados. Se terminó el financiamiento a costa de los resultados fiscales, pero tenemos la misma necesidad de inversión”, dijo.
En ese camino “es vital” lograr que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) puedan fijar tarifas. Y para eso necesitan “más jerarquía institucional y más independencia”, consideró.
“Todas las inversiones de las empresas públicas deberían ir por la bolsa, y para eso se necesita algo crítico que es una reformulación de las unidades reguladoras para retomar la potestad que tenían previo a 2011 para fijar los precios de las tarifas públicas. El problema conceptual de que en las empresas públicas participen privados que esperan un retorno es que naturalmente van a exigir una suba de tarifas para lograr rentabilidad. Hay un conflicto potencial de intereses. Entonces la tarifa no tiene que fijarla arbitrariamente ni UTE, ni Ancap, ni Antel ni el Ministerio de Economía”, opinó. “Esa necesidad va a surgir naturalmente, porque quien esté en el ente va a preferir una reglamentación externa para poder decirles a los inversores que no puede subir las tarifas. Es la madurez que necesitamos darles a las empresas públicas para que puedan salir al mercado. Si no, siempre encontramos una válvula de escape para hacer trampa”, dijo.
