—La directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, ha dicho en estos días que las economías emergentes, en especial las productoras de materias primas, están entrando en una “nueva etapa”. ¿Qué supone esto en el caso de Uruguay?
—Quiere decir que entre 2003 y 2011, obviamente con una pronunciada caída y una recuperación muy fuerte en medio, el precio de las materias primas ha estado en un ciclo de crecimiento continuo. Esto ha llevado a un incremento muy grande del ingreso nacional de los países que las producen, en la medida en que el valor de sus exportaciones creció mucho. En Uruguay, también en Argentina y Brasil, hubo un incremento de la productividad en el agro que también implicó aumentos del ingreso, y se produjo un incremento de la demanda agregada y de la producción de servicios, construcción, etcétera.
Todo esto propició un ciclo de crecimiento largo y fuerte en la región. Esto se dio simultáneamente con factores domésticos, que en el caso de Uruguay han sido muy importantes: un proceso de estabilización macroeconómica que tuvo resultados muy, muy favorables.
Ahora estamos entrando en una situación en la que, por un lado, los países están operando cerca de su potencial. Ya no hay espacios tan cómodos en el mercado laboral, en la disponibilidad de factores, en infraestructura, etcétera, como para que un incremento en la demanda agregada sea acomodado de manera tan fácil como en el pasado. Los cuellos de botella son más importantes.
Y por otro lado, el ingreso nacional ya no está creciendo a la misma tasa porque los precios de las materias primas están disminuyendo, los metales más que los alimentos.
Este nuevo entorno, junto con el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, que ya tuvo una primera parte con la reducción de los estímulos cuantitativos y eventualmente el año que viene puede empezar el inicio de la subida de tasas de interés, hace un contexto más complejo para la conducción de las políticas públicas.
—¿Dónde deben poner mayor cuidado los gobernantes?
—El foco debe estar en dos puntos importantes. Por un lado, evitar que se generan desequilibrios desde el punto de vista fiscal, monetario y financiero. Y por el otro lado, implementar políticas y reformas para estimular el crecimiento de largo plazo en ausencia de un empuje externo como el que se tuvo en los últimos años.
—¿Es un problema que esta nueva etapa encuentre a Uruguay con un déficit fiscal de más de 3% del PBI?
—Cuando uno ve la situación del país, con un crecimiento económico de alrededor de 3% este año y tal vez una ligera desaceleración en 2015, el beneficio de la reducción del precio del petróleo y el inicio de un nuevo gobierno, claramente puede ser un buen momento para tener un proceso de consolidación fiscal de mediano plazo que ayude a afianzar los logros obtenidos.
Uruguay no requiere un ajuste fiscal muy drástico. Necesita un proceso que dé certidumbre sobre la tendencia de las finanzas públicas para ponerlas en una tendencia sostenible de mediano plazo.
—¿El triunfo del Frente Amplio es una señal positiva en el sentido de una continuidad en la política macroeconómica?
—Sí, claro. Realmente nosotros no veíamos ningún riesgo para esas políticas.
Lo bueno del fin del proceso electoral es que el foco de atención vuelve a estar en las políticas —ya sea macroeconómicas, sociales, de apoyo a la productividad— y un poco menos en el ámbito político. Desde el punto de vista de las instituciones fiscales, es al inicio del gobierno donde se presenta el plan de mediano plazo para las finanzas públicas. Va a ser muy importante delinear en este plan las principales, intenciones y el marco de política fiscal en el cual se va a desempeñar el gobierno en los próximos cinco años.
—El llamado a un mayor cuidado fiscal se contrapone con la expectativa de sectores de la población que esperan que siga aumentando el gasto en ciertas áreas —como la educación, la seguridad pública—, así como la inversión. ¿Esto planteará tensiones para el gobierno en los próximos años?
—Desde el punto de vista regional este es un tema que hemos puesto sobre la mesa. Claramente una situación económica más compleja, de menor abundancia, claro que presenta retos al sistema político, de cómo continuar avanzando en el área social, en la productividad y en la consolidación macroeconómica. A Uruguay lo vemos en una posición relativamente buena en el mapa del Cono Sur, con un sistema financiero sólido, con finanzas públicas que necesitan un proceso de consolidación pero que son sanas, una deuda pública también muy sana y un nivel de reservas internacionales muy elevado.
No es difícil vislumbrar un panorama en el cual habrá un enfoque importante en el tema de infraestructura de transporte, al mismo tiempo que se plantea un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas de mediano plazo. Sí es más difícil, pero claramente Uruguay está en una posición relativamente buena para llevar esto a cabo.
—Año tras año Uruguay puntúa relativamente mal en los rankings internacionales en educación, infraestructura y flexibilidad del mercado laboral. ¿Cómo atacar los déficit en esas áreas, que se repiten en las agendas de los sucesivos gobiernos?
—El FMI no es experto en esas áreas por ser temas sectoriales. Pero en infraestructura veo realmente una oportunidad para hacer cosas: por el lado del financiamiento, aunque las tasas de interés internacionales se empiecen a ajustar al alza, todavía seguirán siendo históricamente bajas. Si se llega a una intersección en la cual la capacidad de ejecución se mejora, el financiamiento no va a ser un problema y se puede tener en los próximos cuatro años un empuje importante para un plan de infraestructura.
En cuanto a la educación, el foco claramente debe estar en la calidad. Pero esta no es un área de expertise del FMI ni su mandato.
—Las grandes inversiones concretadas o proyectadas son en sectores como la industrialización de celulosa y la minería, lo que no ayuda mucho a salir de una base de producción primaria. ¿Cuáles son los desafíos desde la perspectiva de la estructura productiva ante la desvalorización de los commodities?
—Obviamente que el contexto internacional no será tan favorable como lo fue antes para las materias primas. Eso no quiere decir que un país que tiene ventajas competitivas en estos rubros no los desarrolle. Y al final del día, Uruguay es lo suficientemente pequeño como para que, si logra avances importantes en lo que tiene ventajas, a la economía le puede ir muy bien impulsando a estos sectores.
Desde una perspectiva de mediano plazo, está claro que la política no debe discriminar contra el crecimiento de otros sectores, sea el de servicios o manufacturero. Y por otro lado, los períodos de boom de commodities hacen pensar que nuestra economía es más eficiente de lo que estructuralmente es. Y nos damos cuenta de eso cuando los precios de las materias primas empiezan a disminuir: ahí es que asumimos que teníamos que modernizar nuestro marco regulatorio, que tal vez nuestro sistema impositivo es muy distorsionante, que nuestro sistema educativo no tiene la calidad necesaria para realmente generar la fuerza laboral que atrae inversión local y extranjera a ciertos sectores, etcétera, etcétera.
—Incluso desde el FMI, cada vez se está poniendo más énfasis en los temas de equidad como un factor de sostenibilidad del crecimiento económico. ¿Es suficiente lo que ha logrado hasta ahora Uruguay para garantizar que no habrá tensiones?
—Un tema es la relación entre equidad y crecimiento. El estado del conocimiento nos está llevando a una situación en la que decimos que no está nada claro que la distribución del ingreso esté peleada con el crecimiento económico, como se sostenía antes. Por otro lado, llega un momento en que la correlación positiva entre equidad y crecimiento se rompe y los beneficios no pueden continuar. Sin embargo, también puede haber una elección social donde se diga: “estamos dispuestos a tener un poquito más de equidad a costa del crecimiento”. Esos trade off deben resolverse en el ámbito político y de la voluntad de cada sociedad.
En el caso de Uruguay, claramente es el país con la menor inequidad del ingreso en América Latina y se ha trabajado mucho en esta dirección en los últimos años. Cuando vemos su estructura social, es más un ejemplo para otros países de la región que un problema. Cuando se lo compara con los países más desarrollados, sí hay cosas que subsanar. Será esa la base de una discusión política.
Ciertamente que el tema educativo corta a todos los países de todo el continente, y aún en el caso de aquellos que tienen los mejores resultados en la región están muy, muy lejos en una comparación con otros de niveles de ingreso per cápita parecidos. Ahí hay un trabajo muy grande por hacer.
