“Vivir sin miedo”, una reforma mirada con inquietud en la jerarquía policial ante una eventual colaboración con las Fuerzas Armadas

A tres días del plebiscito las máximas autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía, de manera más o menos directa, ya se han posicionado públicamente en contra de la propuesta de Larrañaga. El resto de los jerarcas y mandos medios de la institución acompañan esa posición, según surge de consultas realizadas por Búsqueda, aunque para no infringir la Constitución se han cuidado de expresar públicamente sus opiniones. “La oficialidad está completamente en desacuerdo con la reforma”, describió una de las fuentes.

Desde la Policía esgrimen que estas acciones están cubiertas por la Guardia Republicana, surgida en 2011 de la fusión de la Guardia Metropolitana —Infantería— y la Guardia Coraceros —Caballería—. Con más de 1.200 componentes, la Guardia Republicana abrió este año un emplazamiento en Salto para actuar en el norte de Uruguay, lo que se sumó a otros cuatro en Maldonado, Montevideo y Rocha para extender sus tareas en todo el país. Esta unidad de la Policía tiene capacitación especial, equipamiento y armamento, con cursos a cargo de la Policía francesa y el FBI, blindados rusos Tigr, fusiles automáticos estadounidenses M4, fusiles de asalto rusos AK-103, ametralladoras rusas Vityaz-SN, subfusiles alemanes Heckler & Koch y pistolas austríacas Glock, lo que según la Policía hace innecesaria la creación de una Guardia Nacional.

“La Guardia Republicana es, necesariamente, un cuerpo de policía militarizada. Militarizada, sí”, admitió en 2013 el ministro del Interior Eduardo Bonomi, quien aclaró entonces que la manera de actuar no era sin embargo igual que un hipotético patrullaje de las Fuerzas Armadas en las calles, porque la Guardia Republicana actuaba bajo claros procedimientos policiales. “No es una unidad militar ni debe ser una unidad militar”, dijo anticipándose a la discusión que se daría tiempo después.

Respetar y proteger

El pedido para la reforma constitucional alcanzó más de 400.000 firmas a comienzos de año. Impulsado por Larrañaga y una comisión denominada “Vivir sin miedo” —que integran intendentes, diputados y militantes nacionalistas, además de referentes de la sociedad de otros partidos políticos o independientes— establece respecto a la Guardia Nacional que el Poder Ejecutivo coordinará su actuación con las demás fuerzas policiales, así como su relacionamiento y colaboración con el Poder Judicial, y que se estructurará jerárquicamente según las previsiones de la Ley Orgánica Militar. A pesar de estos lineamientos, las autoridades policiales son escépticas en que, de ser aprobada su creación, puedan vincularse con la nueva fuerza como lo hicieron otras unidades militares similares.

Es que uno de los argumentos de quienes apoyan el plebiscito es la fluidez en la relación entre la Policía con la Policía Aérea Nacional y la Prefectura Nacional Naval, dependientes de las Fuerzas Armadas. La primera, establecida en 2001, pertenece a la Fuerza Aérea y se dedica al control y la vigilancia de los aeropuertos y las instalaciones que componen la infraestructura aeronáutica del país. La Prefectura es parte de la Armada y tiene la función de controlar la seguridad de la navegación y ser autoridad policial en las áreas marítima, fluvial y lacustre en jurisdicción de la Armada, que incluyen las costas.

Los consultados indicaron que en ambos casos la Fuerza Aérea y la Armada tienen bien determinadas sus áreas de actuación y sus competencias como auxiliares de la Justicia. “Acá estarían dos fuerzas en la misma jurisdicción. Algo que nunca ha pasado. Ese es el peligro. Por primera vez en un territorio hay dos unidades policiales y sin estar determinado cuál de las dos prevalece sobre la otra”, sostuvo uno de los consultados.

Otras dos críticas refieren a la acción policial en sí. El artículo 36º de la Ley Orgánica Policial establece que los oficiales deben actuar con imparcialidad, respetar y proteger los derechos y dignidad humanos, sin distinción de especie alguna. En la Policía existe la inquietud de que estas estipulaciones sean efectivamente cumplidas por la Guardia Nacional, ya que la propia Policía debió atravesar desde el retorno de la democracia un “proceso complejo de desmilitarización para asegurar garantías a todos los ciudadanos”. La otra crítica apunta a la capacidad de quienes compongan la Guardia Nacional: mientras la Guardia Republicana exige a sus postulantes culminar tercer año de Ciclo Básico único, para el ingreso como soldado se precisa solo la constancia de aprobación de enseñanza primaria.

Estas posturas a la reforma constitucional se ven reforzadas por cierto deterioro en la relación de policías y militares. Cuando en agosto de 2016 falleció Eleuterio Fernández Huidobro, las Fuerzas Armadas perdieron un interlocutor de peso dentro del Poder Ejecutivo, lo que fue aprovechado por el Ministerio del Interior para que se aprobaran medidas que aumentaron su poder relativo, como el control sobre el registro de armas. En enero de 2018 un decreto del Ejecutivo encomendó a las Fuerzas Armadas la vigilancia en zonas de frontera mediante patrullajes. El texto impreciso de la norma y la negativa de los militares a realizar tareas policiales dejó aquella decisión congelada.

Por lo pronto, el apoyo potencial a la reforma se ubica en 58%, según una encuesta presentada la semana pasada por Opción Consultores. El 36% declaró su oposición a la reforma y otro 6% se encuentra indeciso. “Si esta estructura de votación se plasmara efectivamente en las urnas el 27 de octubre, la reforma sería aprobada al superar la mayoría absoluta. Sin embargo, a nuestro entender el panorama es de alta incertidumbre por varias razones”, analiza el informe.

Uno de los argumentos de Larrañaga para impulsar la reforma es que los delitos violentos no dejaron de crecer en los últimos años y que la Policía no logró contener la delincuencia. “El país precisa un sacudón, recuperar la autoridad, el respeto y la firmeza en las decisiones”, declaró el senador blanco ayer miércoles en Desayunos informales, de Canal 12. El día antes, miles de personas marcharon por Montevideo para expresar su rechazo a la reforma.

Desde la Policía intentan rebatir la conclusión de que la ciudadanía vive con temor a la inseguridad. “Yo veo a la gente en sus barrios, en cualquier hora del día normal, veo disfrutar a la gente de todo, de todos los lugares. Hay situaciones complejas, pero no noto el miedo en la población. Veo todos los espacios ocupados, un tráfico impresionante que hace difícil transitar en Montevideo. Creo no se está afectando la conducta ni el desarrollo de los ciudadanos”, afirmó a Telenoche Mario Layera, director nacional de Policía.