“Yo no le hago mandados a nadie y no acepto suspicacias ni indirectas”, advirtió la nueva fiscal para el “caso Fernández”

Ferrero, quien ha tenido a su cargo como fiscal los mayores casos de narcotráfico y de corrupción desde que se instalaron estas sedes en 2009, aceptó mantener una entrevista con Búsqueda en momentos en que su nombre está asociado con varias causas de alta sensibilidad pública y con una gran exposición en los medios de comunicación.

Precisamente por el traslado de Perciballe, Ferrero tendrá en sus manos durante las próximas semanas la resolución de la causa sobre presunta conjunción de los intereses público y privado del ex secretario de la Presidencia, ex canciller y ex ministro de Defensa Gonzalo Fernández.

“Mi trabajo habla por mí; (...) yo no le hago mandados a nadie”, aseveró. Y de inmediato agregó: “No voy a aceptar suspicacias e indirectas de gente que no conoce toda mi trayectoria profesional”.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Ferrero mantuvo con Búsqueda.

—La semana pasada usted pidió varios procesamientos en la Armada por fraude, que se suman a procesamientos de otros altos oficiales por compras falsas por montos millonarios. ¿A su juicio se está frente al mayor caso de corrupción en la historia del país?

—No sé si es el caso de corrupción más grande de la historia del Uruguay, eso no me corresponde decirlo a mí. Lo que sí es evidente es que se trata de un caso en el que presuntamente existió una corrupción institucionalizada durante muchos años y en la que hubo un perjuicio millonario para las arcas del Estado.

—Para llegar a ese resultado usted realizó acuerdos con algunos de los indagados. ¿Cómo viene funcionando esa herramienta?

—Esa herramienta, que está expresamente prevista en la ley de prevención del lavado y financiamiento del terrorismo, es muy importante. Personalmente la he aplicado con mucho éxito en decenas de casos. La apliqué en el expediente de la Armada y en otros asuntos porque permite acceder a pruebas que de otro modo sería imposible hacerlo. Francamente considero que es una herramienta muy importante, no para mí en particular, sino para el país.

—Se ha cuestionado que algunos indagados pueden mentir con tal de verse favorecidos por un acuerdo. ¿Cómo maneja esa posibilidad?

—Eso es una falacia, porque para llegar a un acuerdo con el Ministerio Público el indagado debe aportar información relevante para el esclarecimiento de la causa y, obviamente, se coteja que la información que provea sea corroborada previo a obtener el beneficio. Por otra parte, se hacen acuerdos generalmente con las personas que menos participación tienen en los hechos y por tanto en la organización delictiva.

—¿En qué medida afectan las investigaciones sobre este tema el pase a retiro del excomandante Alberto Caramés?

—En primer lugar esa es una decisión que no me corresponde a mí comentar, porque tengo entendido que se trata de una resolución personal del señor Caramés, que le fue aceptada por el ministro de Defensa y el presidente de la República. Para mí no cambia nada porque la prueba que se pudo haber reunido en relación a su eventual participación a mi criterio ya se hizo, aunque puede ser que la defensa entienda otra cosa. Eso lo decidirá la magistrada o el magistrado actuante en su oportunidad.

—Además de este caso, usted participó también en importantes incautaciones de droga y de casos de trata de personas. ¿Ha sufrido presiones o amenazas por su trabajo?

—Es verdad que he trabajado en causas muy importantes, como la mayor incautación de droga que se hizo en este país, con más de dos toneladas en la Operación Mauí. También participé en el procesamiento de la exjueza Anabella Damasco, del caso conocido como de prostitución VIP y de un sinfín de casos más. En este tiempo he recibido, sí, amenazas indirectas por mi trabajo, aunque prefiero no comentarlas porque cuando uno acepta este cargo sabe a los riesgos a los que se expone.

—En algunos integrantes del Ministerio Público generó cierta suspicacia el traslado de su colega Ricardo Perciballe a la materia civil. ¿Cómo observó ese episodio?

—Tampoco me corresponde a mí comentar acerca de eso. Simplemente puedo decir que se trata de una decisión del jerarca (el nuevo fiscal de Corte, Jorge Díaz) y que él expresó claramente los fundamentos que tuvo para llevarla adelante. Ahora, tengo entendido que la Asociación de Fiscales se va a expedir en junio sobre ese episodio.

—A raíz de esa decisión usted se va a hacer cargo del expediente del exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández. ¿Qué implica eso para usted?

—No implica nada en particular. Durante toda mi carrera he tenido varios casos con gran repercusión pública y siempre he trabajado en esos expedientes como lo haría en el hurto más pequeño: con independencia técnica y llegando a la conclusión que por derecho corresponde.

Antes de ser fiscal en crimen organizado fui jueza y luego estuve nueve años como fiscal nacional. En ese período subrogué a varios colegas y tuve a mi cargo casos como el del Banco Comercial, el de Macarena Gelman, el de Pablo Goncálvez y el del exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa. En todos esos casos nadie pudo decir una sola palabra sobre mi trabajo.

—¿No teme que se la acuse de haberle hecho una suerte de favor a alguien?

—No, para nada. Como le he dicho voy a trabajar en este caso como lo haría en cualquier otro. Creo que mi trayectoria y mi trabajo hablan por mí. Todo el mundo sabe que yo no le hago mandados a nadie y no voy a aceptar suspicacias ni indirectas de gente que no conoce toda mi trayectoria profesional.